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El llanto desconsolado de un niño irrumpió en la noche del pasado lunes en el barrio Betania, al norte de Barranquilla. Lloraba el hijo de María Isabel Llach. Un joven de unos 12 años con condiciones especiales que alertó a los vecinos sobre la muerte de su madre, de 54 años, y de su abuela, de 78, las dos positivas para COVID-19. La noticia del deceso se regó como polvo en la Arenosa, desatando toda clase de hipótesis que deben ser investigadas a fondo por las autoridades, incluyendo la que ahora sostiene que no se trató de una muerte natural.
“A María Isabel Llach la conocí como funcionaria de la Procuraduría provincial, donde ha sido asesora por 25 años. A ella le tocó investigar las denuncias sobre las presuntas irregularidades en la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y, en marzo de 2018, abrió investigación preliminar en contra de Elsa Noguera y Alejandro Char, así como pidió trasladar el caso al nivel central”, explica José Raúl Rodríguez Jiménez, un ciudadano que demandó en 2014 el decreto del POT.
En especial, porque el decreto levantaba las restricciones que había para construir en Isla de la Loma, un pulmón ambiental de 96 hectáreas, al norte de la ciudad, a orillas del río Magdalena. Allí, los constructores y la Casa Char tienen puestos sus ojos desde hace años. Planean construir 3.500 viviendas, la nueva sede de la Alcaldía, centros comerciales, hoteles, parques para niños y colegios. Un epicentro de “desarrollo” que han querido legalizar a la brava y, al parecer, bajo cuerda.
La historia comienza en 2008, cuando Alejandro Char, en su primera alcaldía, fue hasta la Notaría Sexta y a través del notario encargado, que ni siquiera era abogado, declaró que 38 hectáreas de Isla de la Loma eran baldías, cuando 16 familias reconocidas en Barranquilla reclamaban su propiedad. Después vinieron otras expropiaciones y el Distrito ya tiene a su disposición 60 de las 96 hectáreas de esta isla artificial. Por eso, desde hace cinco años, las familias demandaron a Alejandro Char.
El sueño urbanístico tuvo vía libre en la alcaldía de Elsa Noguera, con el Decreto 0212 de 2014, impulsado por el entonces secretario de Planeación Distrital, Miguel Vergara Cabello, sobrino de la procuradora electa, Margarita Cabello, quien por esos días entraba a la Corte Suprema de Justicia. Fue entonces cuando José Raúl Rodríguez demandó por vicios de forma el decreto del POT.
En 2015, Noguera terminó su periodo y, en 2016, asumió como alcalde de Barranquilla, por segunda vez, Alejandro Char. Noguera pasó al Ministerio de Vivienda, acompañada del sobrino de Margarita Cabello. Por esos días, Cabello ya era presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, José Raúl continuaba asistiendo al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla para averiguar por su demanda, pero, según él, cada tres meses cambiaban el juez porque “le había salido una buena oportunidad laboral”. “Yo digo que ese es el POT milagroso porque las cuatro personas que les tocó estudiar su demanda entre 2016 y 2017 salieron ascendidas”, advierte con suspicacia Rodríguez.
En ese escenario José Raúl conoció a la procuradora Llach, quien en 2018 alertó sobre posibles irregularidades en la aprobación del POT y solicitó que el proceso fuera trasladado a Bogotá. Desde entonces, el proceso avanza a paso lento. El caso se suma a las denuncias que ensombrecen, ante los ojos de la opinión pública, la marcha triunfal de la Casa Char al poder nacional. La merlanopolítica y el cobro de coimas para la construcción del megatanque. Eso sí, hoy más que nunca, pavonean su poder: tienen alcalde, gobernadora, ministros, presidente del Senado, apoderado de Cambio Radical y próximamente procuradora general de la Nación, a quien le llegarán los detalles de las indagaciones que adelantó antes de morir la procuradora Llach.