La política de la provocación

Un electrocardiograma es lo que vive Colombia con respecto al estallido social de hace dos meses. A finales de la semana pasada se dieron algunos hechos de protesta en Cali, una de las ciudades más activas en materia de movilización, producto de la visita del presidente Iván Duque. El domingo pasado el turno fue para Bogotá, en la zona suroccidental donde se presentaron choques entre manifestantes y policías. El día lunes, desde la mañana y durante todo el día, las protestas se dieron en la localidad de Usme, también en Bogotá. Eso es lo que se vivirá en las próximas semanas, algunos días de baja actividad de protesta y, luego, nuevamente manifestaciones en ciudades y municipios.

El cálculo del gobierno de Iván Duque se hace en tres líneas. Por un lado, que esta situación de protestas esporádicas, al final, le va a dar réditos electorales al Centro Democrático, pues habrá una fatiga, provocando que sectores de clase media y alta vuelvan a votar por ellos en el 2022. El segundo cálculo se refiere a que, según la administración Duque, desde septiembre el ritmo de la vacunación se va a sentir con fuerza, causando una sensación de optimismo generalizado que desbaratará el inconformismo y aislará a los que buscan reactivar el paro nacional. El tercer cálculo se refiere a que un escenario prolongado de manifestaciones les permitirá crear base social en los sectores pensionados de la Fuerza Pública; de hecho, en la lista del Centro Democrático aspiran tener cinco o seis candidatos pensionados ya sea de la Policía o de las Fuerzas Militares.

Por ello, lo que se ve en los últimos días es una política de provocación del gobierno Duque hacia la sociedad y, principalmente, hacia los marchantes. Por ejemplo, criminalizó los bloqueos y la coalición de gobierno aprobó aberraciones institucionales como la reforma al Código Disciplinario y la reforma a la justicia. Además, acabó las posibilidades de diálogo y, sobre todo, ha cerrado las puertas para volver a una mesa amplia de negociación a nivel nacional.

Sin embargo, esta estrategia de la provocación le puede salir mal al Gobierno. Se podrían presentar dos escenarios en lo que queda de año. Por un lado, si el Gobierno no negocia y arrecia la represión, los marchantes se sentirán desilusionados. Esto a su vez va a llevar a que el próximo año mucha gente salga a votar con rabia, pues los problemas y las situaciones que los llevaron a marchar no se solucionaron. El otro escenario, también muy probable, es que se dé una situación de tensa calma por algunas semanas o un par de meses y, ante la ausencia de soluciones a la crisis, el país estalle de nuevo entre octubre y noviembre de 2021. Un escenario que podría ser igual al de la semana del 28 de abril.

El gobierno de Iván Duque juega con candela y eso puede llevar a que se queme. El mejor escenario es negociar, no sobre toda la agenda pero sí sobre unos mínimos, y dejar que el resto se solucione en el debate electoral del 2022. Un escenario de no negociación es realmente riesgoso, tanto para el Gobierno como para el país.