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Los mandatarios populistas utilizan con frecuencia los recursos del Estado para comprar, directa o indirectamente, votos con el propósito de mantenerse en el poder. De esta forma impiden una competencia electoral limpia y afectan el sano funcionamiento de la democracia.
Los historiadores nos cuentan que Julio César, en trance de convertirse en dictador, buscó el apoyo popular por medio de la distribución masiva de comida; entregó tierras a sus veteranos; les dio la ciudadanía romana a numerosos extranjeros; y organizó masivamente juegos y espectáculos para divertir y entretener a los romanos. De sus prácticas proviene el apelativo “pan y circo” con el cual aún hoy se califican algunas actividades de los populistas de nuestros días.
En las semanas pasadas, el impopular Donald Trump, acosado por sus fracasos militares y económicos, prometió el regalo de US $5.000 para cada ciudadano adulto de su país, si su partido, el Republicano, mantiene el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre. Este ofrecimiento, con un altísimo costo fiscal, constituye, sin duda, una descarada compra de votos condicionada a un resultado electoral favorable a la Casa Blanca.
También en las semanas pasadas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asediado por los números negativos de las encuestas, unas semanas antes de las elecciones presidenciales elevó en forma extraordinaria (en un 15 %) las transferencias monetarias del programa de subsidios Bolsa Familia y creó Desenrola, una facilidad estatal para comprar o reducir las deudas de las familias con problemas para cancelar sus obligaciones crediticias. Estas decisiones desesperadas, como ya se sabe, no impidieron que el pasado domingo triunfara Flávio Bolsonaro, el candidato de la derecha.
Y, en Colombia, Gustavo Petro no se quedó atrás. Con el objetivo de impulsar la votación de su candidato, Iván Cepeda, a pesar de que la inflación de 2025 fue del 5,1 %, elevó el salario mínimo en un extraordinario 23 % para 2026, redujo el precio de la gasolina y aumentó la remuneración de los soldados. Aunque estas medidas tuvieron un impacto positivo en su popularidad y dinamizaron la votación de la izquierda, para su desgracia no fueron suficientes para impedir el triunfo de Abelardo de la Espriella, quien, eso sí, tendrá que enfrentar las consecuencias económicas y fiscales de los excesos populistas de su antecesor.
Este tipo de comportamientos dañan la democracia. No hay juego limpio cuando los gobernantes usan los recursos públicos para promover abusivamente sus intereses electorales. A pesar de estas trampas y de que los candidatos de la oposición compiten en franca desventaja, como se ha comentado, estas maquinaciones no garantizan el triunfo de los populistas en el poder.
Lo peor, sin embargo, es que, en muchos casos –ciertamente, en Estados Unidos, Brasil y Colombia– el gasto desmedido de los gobiernos dirigido a afectar los resultados de las elecciones también empeora las gravísimas crisis fiscales, causadas, en buena parte, por la irresponsabilidad de los mandatarios manirrotos. Más adelante, el precio de estos desmanes económicos debe ser asumido por toda la sociedad, que, tarde o temprano, sufrirá las dolencias de las inevitables correcciones fiscales en la forma de recortes de gastos o alzas de impuestos.