El fiasco de la educación

Los resultados de las pruebas PISA, año tras año, nos confirman esta triste realidad. Los puntajes en lectura de los jóvenes cayeron: de 413 en 2009, a 399 en 2025; los de ciencias bajaron de 420 a 414, y los de matemáticas se mantuvieron inalterados en un pobre 381 en esos años. Estos bajos niveles, inferiores a los del promedio de los países de la OCDE, no son lo peor. Lo más preocupante consiste en que el 71 % de los jóvenes colombianos de 15 años no logra las competencias mínimas en matemáticas, las necesarias para realizar las operaciones aritméticas más elementales; y cerca del 51 % de ellos no tiene la mínima capacidad de entender lo que leen (son analfabetos funcionales) ni han aprendido las nociones más rudimentarias de las ciencias. Perdieron el tiempo en las escuelas. 

Con estos precarios resultados, los hijos de padres pobres y sin educación nunca podrán adquirir una capacitación suficiente para elevar su nivel de vida. La pésima calidad educativa del país es un mecanismo efectivo para reproducir la pobreza y la desigualdad e impedir la movilidad social. 

Este problema no se origina en la falta de recursos. Colombia gasta en educación pública una suma anual del orden del 4,5 % del PIB, semejante o superior a la de numerosos países que obtienen mejores resultados en las pruebas PISA. Nuestro problema, sin ninguna duda, es uno de baja productividad, desorganización y pobre eficiencia de un sistema que no está bien enfocado en la educación de nuestros jóvenes. 

El problema tampoco surge de la baja remuneración de los maestros. En realidad, los sueldos y condiciones laborales de los docentes mejoraron en los mismos años en que cayó la calidad de la educación en Colombia. Los educadores del país están firmemente asentados en la clase media, con salarios, salud y pensiones superiores a los de la mayoría de la población. 

Varios gobiernos han intentado, sin ningún resultado, sacar adelante las reformas que aconsejan los académicos y las mejores prácticas internacionales: la autonomía de los rectores, la vinculación de los padres en el gobierno escolar, la evaluación y el estímulo a los buenos maestros. Así mismo, iniciativas exitosas como las becas Paces y Ser Pilo Paga han sido desmontadas. Y tampoco ha sido posible ampliar el espectacular éxito de los colegios en concesión de Bogotá, con menor costo y mejores resultados para los estudiantes más pobres. 

La efectiva resistencia del poderoso sindicato de maestros ha impedido la mejoría de la educación pública en el país. La cúpula de esta organización, además, está firmemente involucrada en la lucha política del país, y mantiene el objetivo de defender sus privilegios e impedir las reformas que, en otras latitudes, han producido resultados a favor de los jóvenes más pobres. 

El sostenido retroceso de la calidad de la educación colombiana debería motivar un amplio debate, que involucre a gobernantes, maestros, grupos sociales, académicos, para concertar, por fin, una reforma que asegure un mejor futuro a los jóvenes más pobres de la sociedad.