En medio del torbellino

El panorama económico internacional se ha ensombrecido notablemente en las últimas semanas. Con la prolongación de la crisis en Ucrania, el proceso inflacionario continuó acentuándose y los bancos centrales de todas partes siguen elevando sus tasas de interés. La volatilidad de los mercados de capitales ha sido enorme y las fluctuaciones de las monedas, impresionantes. Los expertos prevén una recesión o, al menos, una seria desaceleración de las principales economías.

Como es natural, esta situación está afectando seriamente a las economías emergentes. La perspectiva de una recesión ha hecho caer los precios del petróleo, el cobre y buena parte de los productos de exportación. Se han producido salidas de capitales y las monedas se han devaluado en forma considerable. Con un mayor servicio de la deuda (por las altas tasas de interés) y menores ingresos futuros (por los reducidos precios de exportación), la ya difícil situación fiscal de muchos países se ha complicado terriblemente. Un serio enfriamiento de estas economías, además, ya es solo cuestión de tiempo.

La economía colombiana también está siendo impactada. La tasa de cambio ha llegado a niveles récord y la inflación, inducida por el alza de los precios de bienes importados e impulsada por una demanda interna desbordada, sigue un ascenso hasta ahora incontenible. No pocos analistas ya piensan que este año cerrará en cerca del 10 % (y otros se preguntan cuál será el alza del salario mínimo de Petro si Duque lo elevó en 2021 en un porcentaje igual a dos veces la inflación). Con los incrementos de las tasas de interés que tendrá que hacer el Banco de la República y las malas perspectivas de la situación internacional, es evidente que será fugaz el gran crecimiento económico de este año y pronto comenzará la desaceleración, seguramente a finales de este y a comienzos del año entrante.

El gobierno del presidente Petro, como el de Betancur y el de Andrés Pastrana en el pasado, recibe la economía en circunstancias críticas. A la inflación se suman la compleja situación internacional y la herencia de grandes déficits en las cifras fiscales y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Todo esto, al lado de las miserias que dejó la pandemia: el aumento de la pobreza y el empleo menguado de amplios grupos de la población.

Se requerirá firmeza por parte del equipo económico del nuevo gobierno para hacer compatible la defensa de la macroeconomía con los comprensibles impulsos de la bancada de gobierno de realizar una serie de ambiciosas reformas en modo fast track, las mismas que, más temprano que tarde, exigirán gastos adicionales cuyo monto agregado desbordará por mucho el producido de la próxima reforma tributaria, que seguramente será bastante inferior a la famosa cifra de $50 billones.

La viabilidad fiscal, la calificación de la deuda colombiana y la continuidad del acceso a los mercados internacionales dependerán también de las decisiones que tome el nuevo gobierno sobre los determinantes de las exportaciones de petróleo y minería a lo largo de esta y la próxima década, en el entendido de que el desarrollo de nuevos productos de exportación, la transición energética y la transformación de la estructura productiva del país son procesos indispensables pero complejos, cuyo pleno desarrollo necesariamente solo se alcanzará en el mediano y largo plazo.