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Desde hace tiempo, bastante antes de las últimas elecciones municipales, se había señalado que el futuro de EPM corría riesgos por la debilidad de su gobierno corporativo. Su administración, dirección y capacidad profesional no estaban protegidas de los vaivenes del proceso electoral y su tecnocracia era vulnerable a los embates de la política menuda.
No era difícil compartir dicho diagnóstico. Con el tiempo, la gerencia de la empresa se había convertido en una especie de secretaría municipal más, cuya cabeza cambia con el alcalde de turno. El gerente no surge de un proceso de selección como el que se requiere para una de las empresas más importantes de América Latina. Proviene, más bien, del círculo personal de cada mandatario. Se observa, además, que los miembros independientes de su junta directiva no se nombran por períodos fijos y pueden ser removidos en cualquier momento por el alcalde.
En esas condiciones, salvo por algunas normas débiles y ciertas tradiciones sobre el manejo de la empresa, no había reglas vinculantes que aseguraran que la junta pudiera perseguir los objetivos de largo plazo de la entidad y proteger uno de sus mayores activos: la altísima calidad de su personal técnico, respetado en el país y en el exterior.
En pocas palabras, la empresa exhibía desde hace años una gran fragilidad, derivada del diseño de su gobierno corporativo, atrasado e incompatible con las necesidades de una entidad de la sofisticación y el tamaño de EPM.
La crisis que vive en la actualidad no se habría desencadenado si hubiesen existido los necesarios frenos, pesos y contrapesos capaces de proteger a la entidad de las decisiones unilaterales del alcalde.
La solución definitiva a la situación de EPM consiste en que los grupos políticos de la ciudad acuerden con la empresa nuevas reglas de gobierno corporativo, por medio de las cuales independicen a la entidad del ciclo electoral, fortalezcan sus procesos técnicos y estratégicos, y aseguren la vinculación de miembros independientes, de altísimo nivel, a su junta directiva, cuyos períodos fijos no coincidan con los ciclos electorales y que participen con el alcalde en el nombramiento del gerente en el seno de ese organismo.
Se requieren, en una palabra, estatutos con fuerza vinculante, que consagren un gobierno corporativo moderno, semejante a los de otras entidades controladas por el Estado, tales como Ecopetrol, ISA y GEB, que reemplacen el tímido y desdentado Convenio Marco que hoy rige las relaciones entre Medellín y EPM, acuerdo que, de todas formas, ha sido burlado en numerosos aspectos por el actual mandatario.
Muy rápido los mercados financieros tomaron nota de la vulneración del Convenio Marco y ya comenzaron a castigar las acciones del alcalde. Fitch Ratings redujo la calificación del crédito de EPM y anunció nuevos ajustes negativos, lo cual, de producirse, se traduciría en mayores tasas de interés y menor financiación, fenómenos que frenarían la capacidad de crecimiento de la empresa.
La crisis de EPM también se cruza frontalmente con importantes problemas de interés nacional: la oportuna terminación del proyecto de Hidroituango y el salvamento financiero y técnico de Electricaribe. Una solución estructural y definitiva a los problemas de una empresa tan importante como EPM es clave no solo para Medellín, sino para todo el país.
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