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Pocas veces en nuestra historia un nuevo Gobierno, como el que se posesionará en agosto próximo, ha tenido que hacer frente a tantos, tan variados y profundos problemas de la vida nacional.
En materia de salud, por ejemplo, más de mil IPS han cerrado sus puertas; todas las semanas se cancelan servicios y se disparan las quejas de los pacientes. Hay una crisis financiera monumental que amenaza la continuidad del sistema. El país sufre un problema humanitario: miles de colombianos padecen la pérdida de un servicio esencial para sus vidas.
A un sector eléctrico vulnerado, con deudas enormes sin pagar, un gran desorden regulatorio, proyectos de expansión atrasados, con gas escaso, caro e importado, le va a caer encima un fenómeno de El Niño de gran magnitud, que, ante los problemas de generación, puede precipitar racionamientos del servicio.
En el campo de la seguridad, todos los días crecen las extorsiones, los secuestros, las masacres y los homicidios, delitos alimentados por niveles récord de la economía de la cocaína, la minería ilegal y otras actividades ilícitas en manos de carteles y grupos de crimen organizado que controlan la vida de cientos de municipios.
En materia económica, los problemas no son menores. El crecimiento del PIB, que apenas superará el 2 % en 2026, se sustenta en el consumo público, financiado por el gasto del Gobierno, a punta de déficit y de un endiablado ritmo de endeudamiento (sectores como la agricultura, la construcción y la minería registran, ya por varios meses, una preocupante contracción). El déficit fiscal se mantiene en rangos insostenibles, superiores al 7 % del PIB, resultado de un aumento desbocado del gasto público. Ante el nivel de riesgo, la colocación de los TES en el mercado doméstico solo se puede conseguir con tasas elevadas, cercanas al 15 % anual, que le quitan recursos al sector financiero y encarecen las tasas del crédito bancario y, por esta vía, golpean los negocios y el crecimiento de las empresas. La expansión del sector público ocurre a costa del estancamiento del sector privado.
La inflación, en pleno ascenso por el excesivo incremento del salario mínimo, todos los meses se aleja de la meta del 3 % anual, y se verá atizada por el fenómeno de El Niño que tiene consecuencias desastrosas sobre la producción de alimentos y los precios de la energía. Se estima que al final de este año el crecimiento de los precios al consumidor superará el 6,6 % anual. Ante esta realidad, el Banco de la República, después de la tregua electoral de abril, necesariamente tendrá que elevar su tasa de referencia en junio.
Frente a esta situación, para evitar serios daños sobre la estabilidad económica y social, el próximo presidente, cualquiera que sea, debe dar, muy pronto y en forma categórica, señales de que entiende la magnitud de los problemas, cuenta con planes para hacerles frente y, sobre todo, dispone de un equipo de colaboradores experimentado, capaz de concebir y tomar las medidas necesarias para manejar estas emergencias (en materia económica, la falta de estos elementos puede inducir una gran inestabilidad en los mercados, fuertes saltos en el valor del dólar, las tasas de interés de los TES y los movimientos de capitales. Debe recordarse que todo esto ya ocurrió durante algunas semanas en los primeros meses del gobierno de Petro).
