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A la Asamblea Constituyente de 1991 se presentaron dos propuestas para reformar el Banco de la República que buscaban su independencia del Gobierno Nacional. Una fue la del propio Emisor, que luego fue respaldada, con algunas salvedades, por el Gobierno del presidente Gaviria. La otra, del M-19 (como lo recordó Primera Página), que llevó la firma de Antonio Navarro, Otty Patiño, Orlando Fals Borda y Carlos Ossa, entre otros (Gaceta Constitucional, No. 3, 11 de febrero de 1991). Hubo notables semejanzas entre esas iniciativas.
Las dos coincidían en excluir al gobierno de la Junta Directiva del Emisor. Y, además, en prohibir que el Banco otorgara créditos a favor del gobierno. A grandes rasgos, estas propuestas seguían los lineamientos de bancos centrales como el Bundesbank, cuyo modelo se estaba implantando en Chile (1989) y México (1993).
Con la exclusión de los representantes del Gobierno de la autoridad monetaria, ambas buscaban también la eliminación de las cuestionadas prácticas de la Junta Monetaria, por medio de las cuales sectores privilegiados recibían cupos de emisión y créditos de “fomento”, que tramitaban los ministros de Agricultura y Desarrollo. En los años anteriores, personas como Alfonso Palacio Rudas, Lauchlin Currie, Antonio Hernández y Rudolf Hommes habían objetado los agudos conflictos de interés que rodeaban algunas actividades de la autoridad monetaria.
En su propuesta inicial, el Emisor planteaba la eliminación completa de las funciones de fomento y crédito al sector privado del Banco Central, mientras que el proyecto del M-19 permitía ese tipo de crédito a particulares, siempre y cuando los subsidios fueran cubiertos por el Presupuesto Nacional.
La inclusión del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Banco de la República fue el resultado de los debates en el seno de la Asamblea Constituyente. Fue impulsada por el ministro Hommes, de acuerdo con constituyentes liberales como Guillermo Perry y Alfonso Palacio. Esta iniciativa se justificó con la idea de que la presencia del ministro en la Junta facilitaba la coordinación de la política económica general. Representantes del M-19, como Carlos Ossa, apoyaron esta iniciativa, siempre en concordancia con el objetivo del Banco de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda.
En la historia del Emisor, como era de esperar, se han registrado discrepancias entre el ministro de Hacienda y la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. En las épocas de Samper y Uribe, por ejemplo, el gobierno buscó sin éxito la devaluación del peso para satisfacer las presiones de los exportadores. Estas diferencias se ventilaron de acuerdo con las reglas del juego y dentro de las normas institucionales.
A la luz de esta historia, es sorprendente que el ministro de Hacienda de este Gobierno, como reacción a una decisión de la mayoría de la Junta, esté amenazando con bloquearla, incumpliendo así su responsabilidad de presidir ese organismo y mantener la coordinación institucional. Y, al desencadenar una injusta campaña de críticas, falsedades y descrédito contra el Banco de la República, el presidente pone en riesgo a los miembros de la Junta que discrepan del Gobierno y trata de destruir a una valiosa institución que se construyó por medio de un consenso en la Constituyente de 1991, con el apoyo decisivo del M-19.
