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Los negros nubarrones que se ciernen sobre la economía colombiana y los obstáculos que enfrenta la Ley de Rescate Económico nos llevan a recordar las tesis que postulan que las grandes reformas solo son posibles como consecuencia de profundas crisis económicas y sociales. La parálisis productiva, los sufrimientos de amplios sectores de la población y las amenazas a la estabilidad de importantes actores políticos hacen que los gobernantes y los parlamentarios adopten las impopulares reformas que les parecían inaceptables antes del estallido (los políticos, con alguna frecuencia, se parecen a los pacientes que no cambian sus dañinos hábitos cuando reciben las advertencias de sus médicos; solo lo hacen después de sufrir infartos, colapsos u otros graves quebrantos de salud).
La previsión de que sin las reformas se precipitará un caos económico no es a menudo suficiente para hacer que los operadores políticos incurran en los costos de luchar por su aprobación. Quieren, ante todo, evitar la impopularidad que les trae el ser responsables. Algunos pueden pensar que se exageran los riesgos o que, con paños de agua tibia, pequeños correctivos y quizás algo de suerte, se evitarán las catástrofes que predicen los expertos.
En Colombia fue necesaria una gran crisis en 1998-99 –una profunda recesión, enorme desempleo y un gigantesco aumento de la pobreza–, anticipada desde varios años atrás, para ajustar las finanzas públicas, mejorar la regulación financiera y llevar a cabo una completa reingeniería de la política monetaria y cambiaria. Las advertencias anteriores fueron alegremente ignoradas, criticadas por alarmistas o políticamente motivadas. Existen otros ejemplos semejantes en Colombia y otros países de todos los continentes y todas las épocas.
Las adversas reacciones y propuestas alternativas al proyecto de Ley de Rescate Económico, hasta el momento, no ofrecen razones de optimismo. La mayoría de ellas se enfocan en atacar el centro de la iniciativa –el ajuste del IVA y su devolución a los más pobres– y, a cambio, plantean ideas con escasa capacidad de taponar el enorme hueco fiscal que sufre el país. Ante esta situación –además del poco tiempo que queda para la discusión y la ausencia de una amplia coalición de gobierno comprometida con la reforma–, es posible que esta no sea aprobada o que, mutilada en el Congreso, sea incapaz de producir el ajuste necesario para estabilizar las finanzas públicas.
En estas condiciones, el país entrará en graves problemas en 2027. Aumentará el riesgo país, se elevará la tasa de interés y será imposible financiar un déficit creciente por los enormes pagos de intereses de una deuda pública explosiva e impagable.
Cuando la economía sufra el colapso que se prevé, los políticos, seguramente, entrarán en razón. Contra la pared, con su popularidad amenazada, las arcas vacías, sufrimiento, rabia y protestas en las calles, pondrán atención a las desoídas recetas que, adoptadas a tiempo, hubieran evitado el desastre económico y las temidas dislocaciones sociales.
En política, rara vez se hace realidad aquello de que es mejor prevenir que curar. Solo en medio de las crisis se movilizan las voluntades que hacen posible el cambio. Tal vez porque con los desastres se debilitan los poderosos intereses creados que sostienen los privilegios y el statu quo.
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