El Estado contra la sociedad

El proyecto de reforma tributaria parece diseñado para otro país. No: para otro planeta porque este atraviesa por una crisis inédita. Es una contrarreforma, o mejor, una reforma en contra de la sociedad colombiana. Con razón puso de acuerdo a todo el mundo para rechazarla: los gremios y los sindicatos, los trabajadores activos y los pensionados, los servidores públicos y los privados, la oposición política y sectores vinculados al gobierno.

La reforma es inoportuna y es innecesaria: Lo primero es evidente para cualquiera. Lo segundo también, si se explica que con los recursos del FOME no ejecutados en 2020 y el producto de la negociación de ISA, el gobierno tendría en caja 37 billones de pesos, cifra superior a la que aspira a recaudar con la contrarreforma. Esta, por supuesto, no fue elaborada pensando en los pobres porque, desde hace tres décadas, nuestros gobiernos no dan prelación alguna a lo social. Su prioridad es el mercado. Pero, el gobierno actual apela a una demagogia, también inédita, y decide llamarla reforma social, solidaria y sostenible, cuando no es ninguna de las tres cosas. Al contrario, es antisocial, insolidaria e insostenible.

Es antisocial porque crea e incrementa tributos que afectan a sectores vulnerables de la población. Según cifras del BID, en América Latina cayeron en la pobreza más de 40 millones de personas, por cuenta de la pandemia, y más de 50 dejaron de pertenecer a la clase media. En Colombia esta cifra puede llegar a 5 millones de personas en este año. Vale la pena revisar las cifras de movilidad social descendente o pobreza oculta. Hay un creciente empobrecimiento de la población, que condena a los estratos 1 y 2 y que afecta duramente a los residentes de estratos 3, 4, 5. Incluso al mismo estrato 6, en el cual viven colombianos de la llamada clase media alta, cuyo sustento depende de su trabajo y no de sus rentas.

Es insolidaria porque grava salarios que no tienen capacidad de ahorro y porque lesiona los derechos de las personas mayores. Poco antes de la pandemia, el DANE decidió que los colombianos que reciban ingresos entre 450.000 y 2 millones 250 mil pesos son de clase media. Eso ya es un absurdo. Pero la reforma trae otro: Gravar estos salarios pretextando una supuesta solidaridad frente a ingresos inferiores, como si la insolidaridad pudiese ser fuente legítima de solidaridades. Además, pretende inducir al Congreso, que hace poco dictó la ley 2055/20, aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las personas mayores, a que viole normas que son parte del bloque de constitucionalidad y a que atente contra la tranquilidad cotidiana que merecen quienes llegaron a la edad provecta.

Es insostenible porque incrementa las tensiones entre la incertidumbre fiscal del Estado, la económica de los hogares colombianos y la social del país en su conjunto. En el último informe de la CEPAL se lee que la pandemia exacerbó las grandes brechas estructurales de la región, de manera que “los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles”. Por eso, agrega, es necesario apuntar a la creación de un “verdadero Estado de bienestar”, del cual se han alejado los países de la región para privilegiar la clásica visión del mercado.

La contrarreforma se elaboró pensando en los acreedores del país en el exterior y en las calificadoras de riesgo. Estas le exigen al gobierno arbitrar más ingresos, sin importarles cómo, y se sabe que más de la mitad de esos ingresos son para sufragar deuda externa. Por lo tanto, los pocos que la defienden solo son solidarios con un gobierno, prisionero de factores internos y externos que no maneja e incapaz de reducir el gasto doméstico, dada su excesiva rigidez. Suena a caricatura, pero en Colombia sobran ministerios y faltan municipios. Ese sí es el tipo de reformas que el país necesita.