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La Asamblea Constituyente de 1991 no nació la víspera de su convocatoria. Quizás deba citarse como su primer antecedente la pequeña constituyente del presidente López Michelsen, convocada 15 años antes, para reformar la administración de justicia y el régimen territorial. Otro, puede ser la elección popular de alcaldes, aprobada en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Incluso las múltiples quejas regionales por “el centralismo asfixiante” y un generalizado sentimiento de angustia ciudadana frente al narcotráfico y la violencia.
Hubo dos antecedentes más, muy poco recordado el uno y muy poco conocido el otro, pero muy significativos ambos, por lo cual, merecen citarse: el primero fue una idea expresada, en 1984, por Óscar William Calvo, líder de un grupo armado ilegal conocido como Ejército Popular de Liberación (EPL), para quien una Constituyente podría consolidar la paz que discutían el gobierno y las guerrillas. Era la primera vez en la historia del país, y tal vez del mundo, que un guerrillero expresaba confianza en una solución jurídico-política.
El segundo está contenido en un documento suscrito por el sector privado del Tolima, en 1987, publicado en la prensa nacional el 6 de febrero del mismo año. Surgió de sectores vinculados al establecimiento regional, particularmente de hombres de empresa y líderes gremiales o cívicos. El país no era consciente entonces -ni lo es ahora- de que la historia nacional es la historia del suceso de sus regiones. Quizás por su origen comarcano la propuesta no generó el debate, ni produjo los efectos que, más tarde, logró exitosamente el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta.
No era aquella la primera vez que, desde el Tolima, se sugerían soluciones nacionales, ni la primera con escasa resonancia en las excluyentes alturas capitalinas. Aquella Propuesta del Tolima a los colombianos, cuyo original reposa en la Cámara de Comercio de Ibagué, fue reproducida en la edición n° 332 (agosto/2006) de la Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Formula una idea que conserva plena vigencia: Separar, orgánicamente, la función constituyente de la función legislativa. Así, las reformas no se adoptan al vaivén de la coyuntura, como ha ocurrido en estos 30 años, desvirtuando el espíritu de la Constitución.
El próximo 14 de julio los constituyentes Juan Carlos Esguerra, Hernando Herrera, Fernando Carrillo y Álvaro Echeverry, miembros de la Academia de Jurisprudencia, debatirán sobre el tema treinta años después de haber aprobado un texto que dio lugar a que los ciudadanos hablaran del nacimiento de un “nuevo país”. Serán interrogados por cuatro juristas jóvenes: Alexandra Correa, Paula Robledo, Alexei Julio y Juan Camilo Herrera, cuya idoneidad en materia de derecho constitucional tiene amplio reconocimiento en la comunidad jurídica.
Como se pregunta la académica Sandra Morelli, coordinadora del evento, ¿nos traicionó el texto constitucional? ¿Nos defraudó su praxis, o esta se burló de aquel? ¿Acaso el esperado “nuevo país” fue apenas una ilusión o una fallida esperanza? El modelo de Estado social de derecho se ha desarrollado en claves casi exclusivas de la economía de mercado y eso lesiona principios constitucionales. Pero si, además, los ejes de esa política se mantienen en medio de una crisis como esta de la pandemia, la situación social se torna insostenible.
