Orinoquia híbrida

La semana pasada se llevó a cabo el 2.º Encuentro Nacional por la Orinoquía, organizado por Prorinoquia con el apoyo de empresas de la región y diversos actores del Gobierno y la sociedad civil. El ministro de Agricultura, en particular, presentó una “hoja de ruta” para la transformación de la región, basada en cinco puntos: un proyecto de ley para la Orinoquia, un paquete de financiación para proyectos (agro)productivos hasta por veinte años, un plan de siembra de 400.000 hectáreas (maíz y soya en altillanura), inversiones en corredores viales estratégicos y agilización de los procedimientos para el aprovechamiento de cal dolomita, requerida para el control de acidez del suelo, respetando las exigencias ambientales.

Otros participantes plantearon escenarios homéricos emulando el Mato Grosso de Brasil, que cambió la economía del vecino país, y mostraron escenarios aún inviables para Colombia, dadas las inmensas inversiones que se requerirían para intervenir los 10 o 12 millones de hectáreas de las que se viene hablando hace algún tiempo. Organizaciones ambientales como TNC, WWF y WCS, aliadas con el Instituto Humboldt y Fedesarrollo, plantearon ideas constructivas para hacer de la región un polo de competitividad con fundamentos socioecológicos, sugiriendo limitar las transformaciones del paisaje a un 50 % del área aparentemente disponible, mientras desde el CIAT y la Fundación Orinoquia planteamos consideraciones específicas para la gestión del agua, el carbono y la biodiversidad.

En general, el proceso de intervención positiva de amplias áreas de la altillanura (Meta y Vichada) se ve más claro que el de las sabanas inundables (Casanare y Arauca), donde la condición anfibia reclama especial cuidado para no seguir creyendo que hay que drenar para cultivar, ignorando los escenarios de cambio climático. Pero la gran preocupación es la perspectiva aún simplista que ronda las narrativas de producción o de conservación: persiste la tradición de hablar de dos caras de la moneda, que pueden convivir, cuando no hay sino una cara: el diseño de paisajes productivos sostenibles, donde no es el ordenamiento territorial el instrumento más importante para decir dónde se hacen las cosas, como si esa fuera la panacea. No. Llenar el territorio de líneas solo acabará generando pleitos en una institucionalidad más apegada a la letra de la ley que a los principios de funcionamiento de los ecosistemas, que son silvestres y domésticos a la vez: la biodiversidad, que provee los servicios ecosistémicos a los productores y el resto de la sociedad, es la garantía de que el negocio de la transformación del llano sea sostenible y, además, justo con sus comunidades ancestrales, que están definiendo sus perspectivas económicas para el futuro en esos escenarios cambiantes.

No hay unos espacios “de conservación” y unos “de producción”, con los cuales resolver todas las inquietudes de quienes también aparecen alineados con esas ideas, por el momento de manera amigable, porque hay mucha tierra. La transformación del llano debe ser un ejercicio integrador donde prime la comprensión de los fenómenos que garantizan el funcionamiento virtuoso del territorio, bajo indicadores, tecnologías y estrategias de medición del cambio transparentes y abiertas. No podemos permitir que la separación de competencias entre agencias del Estado caiga en ciclos infinitos de conflictos, como lamentablemente hemos visto por décadas con el drama de la gestión de los “recursos hidrobiológicos”, donde los peces los administra Minambiente y los pescados Minagricultura.