El Estado «de afuera hacia adentro» y la codicia

Carlos Blanco, exministro venezolano encargado de la reforma de su país bajo Carlos A. Pérez, decía que históricamente en el Estado mirábamos los problemas del centro hacia la periferia. Frente a programas y necesidad de proyectos, íbamos viendo que podíamos implementar con las instituciones existentes y el resultado era siempre limitado y fraccionado. La forma correcta era situarnos donde están los problemas: llámese masificar vías terciarias, eliminar cultivos de coca, etc., y preguntarnos cuál es el arreglo institucional, entendido como, normas, instituciones, incentivos, etc., que, actuando de forma conjunta, pueden realmente solucionar el problema completa y rápidamente. Esto es mirar de afuera (el problema) hacia adentro (el arreglo institucional completo requerido). En este orden, el actual Gobierno está haciendo un gran trabajo combatiendo a las personas que manejan las economías ilegales que son el motor de la codicia traqueta, y a renglón seguido deberá atacar directa y contundentemente sus rentas, para evitar que se siga reproduciendo.
Bajo la lógica planteada, el arreglo institucional que permitiría colapsar y destruir sus rentas debería construirse con un entramado de normas que asfixien su actuar criminal. A continuación, algunos ejemplos que apuntan al objetivo central: quitarles el dinero, los activos y la capacidad de producir nuevas rentas. Por lo tanto, al éxito de las capturas, hectáreas erradicadas o toneladas incautadas, debe sumarse la renta, patrimonio, capacidad logística y control territorial que pierden las estructuras criminales en cada operación. Esto implica rastrear el dinero, quitarles los activos, cortar los insumos, destruir sus redes, cerrar los corredores y recuperar el territorio, siendo necesario fortalecer y articular la UIAF, Fiscalía, DIAN, POLFA, Policía Judicial para identificar lavado, testaferros, beneficiarios reales y movimientos sospechosos.
Para cerrar las puertas al lavado, el Estado debe prohibir registrar vehículos e inmuebles en cuya compra no se demuestre que hubo una transacción financiera (cero efectivo); investigar a fondo las remesas y a los receptores recurrentes, sus entornos familiares, para identificar el lavado vía pitufeo. Cerrar la puerta a comercialización en efectivo de insumos (combustible, precursores, explosivos, maquinaria amarilla), que aplicaría a las estaciones de gasolina y a la compra mayorista de combustible, que solo se realizaría para reponer lo transado electrónicamente.
Hay que incentivar la delación con evidencia de activos de origen ilícito, mediando incentivos importantes y confidenciales al delator. Establecer la extinción de domino y liquidación EXPRESS en bienes de genero no fungibles y facilitar la rápida liquidación de estos. Si contra quien se adelanta el proceso ganara, porque demostró el origen lícito de sus bienes (revirtiendo la carga de la prueba), se le devolverá el valor en dinero actualizado por IPC. Pasar a la SAE a la rama judicial y permitir descuentos importantes del 20 al 30 % en la comercialización rápida de bienes de origen criminal.
Estas y muchas otras medidas, como cambio de denominación de la moneda y centralización de compra de oro, pudieran asfixiar la economía criminal.