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En Colombia viene haciendo carrera la implementación del voto electrónico, aprobado hace 16 años. ¿Por qué, si es público y cristalino, el Reino Unido, Finlandia, Holanda, Noruega y Alemania, por mencionar algunos, lo tienen prohibido y por qué Venezuela, Argentina, Rusia, entre otros, lo promueven e implementan?
Se argumenta a favor que los elementos de las máquinas de votación son reutilizables, solo modificando bases de datos, que elimina el voto nulo, que agiliza los procesos en la mesa y el de escrutinio, que con controles biométricos y automatizados no puede haber suplantación, entre otros. Pero esas argumentaciones simplistas esconden una cruda realidad: no es cierto que el voto electrónico es seguro; además fácilmente viola la confidencialidad del voto y elimina el conteo público, factores esenciales para una democracia legítima. El voto electrónico exige una institución electoral transparente y creíble, no se circunscribe a tener las máquinas, se requiere una infraestructura que soporte los procesos y demanda profesionalizar toda la organización electoral, incorporar encriptaciones, certificados digitales, sistemas redundantes, infraestructura eléctrica y redes de comunicación seguras para los 10.000 centros de votación; además debe contar con fiscalizadores del proceso y expertos en ciberseguridad.
También se afirma que usando autenticadores biométricos se garantiza que no voten personas ajenas a quien tiene el derecho, pero el control biométrico identifica no solamente al votante, y le habilita para votar, sino que permite conocer quién voto por quién, eliminando el secreto del voto, convirtiéndose en una poderosa herramienta de control social por parte del Estado, como lo demuestra la experiencia de Venezuela con el “carnet de la patria”, que da privilegios a quienes apoyan el régimen.
Además, lejos de la garantía de transparencia, la máquina de votación vía software o hardware puede volverse un elemento de fraude, como en Venezuela. Si hackearon el Pentágono, ¿quién garantiza que Venezuela o Rusia u otro país no haga un hackeo del sistema y lo altere? Habrá que tener personal altamente especializado en sistemas electrónicos de control y seguridad avanzados.
Pero no solo el software puede ser alterado; se conocen casos de máquinas cuyo hardware trae chips incorporados de fábrica, diseñados para alterar los resultados. Es un sofisma afirmar que van a reducirse los costos electorales. Con máquina a US$3.000 c/u por urna, las 100.000 máquinas requeridas representan una alta inversión, y si un celular o iPad hay que cambiarlo cada tres o cuatro años por obsolescencia, ¿no pasaría lo mismo con estas máquinas electrónicas?
A esto hay que sumar los costos de capacitación, redundancias logísticas para el transporte seguro, custodia, infraestructura de comunicaciones, software, expertos en sistemas para apoyar el proceso, ya que cada cinco máquinas requieren una persona con conocimientos. Esto sin contar con el costo de mantenimiento y almacenamiento, riesgo de daño por no uso durante largos periodos y técnicos e infraestructura especializada. Para terminar, después del desastroso resultado de la firma SMARTMATIC en Venezuela, ¿cómo garantizar entonces oferentes diferentes y competencia leal y suficiente?
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