Pobre ejecución

Hablamos del país político y del país nacional, y poco reflexionamos sobre su significado y la inmensa brecha que existe entre ambos. El país nacional está compuesto por millones de colombianos de a pie, que tienen claras necesidades masivas no resueltas, como la carencia de miles de kilómetros de vías rurales terciarias y troncales secundarias, educación relevante, falta de crédito y facilidades de transformación productiva para microempresarios informales, gran cantidad de viviendas rurales en condiciones indignas, carencia de centenares de miles de títulos de propiedad de la tierra, y la falta de seguridad y justicia en el terreno para miles de comunidades.

Con honrosas excepciones, como la vacunación masiva, el Ingreso Solidario del expresidente Duque o los cambios sociales implementados entre 2002 y 2012, la regla es el divorcio entre ambos países. El país político, compuesto en gran medida por “chupópteros” que rara vez han trabajado en el sector real, cree solucionar los problemas con leyes, decretos o directrices, sacando más de 100.000 en quince años, y de paso alimentando una burocracia centralista, costosa e ineficiente que, enredada en sus infinitas concertaciones, no ejecuta.

Replicarán que miremos los documentos CONPES (mejor tenerlos que no tenerlos), pero con más de 4.100 en los últimos 50 años, cada uno con al menos 10 recomendaciones y a pesar de algunos avances, evidentemente no ha sido suficiente. Para los proyectos importantes y específicos está la figura PINES, que, cuando funciona, facilita su ejecución eficiente y oportuna, pero está lejos de ser una solución para el país nacional.

Y como si esto fuera poco, tenemos las narrativas disolventes y destructivas de la izquierda, sumadas a que casi cualquier ejecución requiere revisiones previas innecesarias, que se apartan del objeto de su creación.

Para lograr cambios estructurales que sirvan al país nacional se requiere darles mayor relevancia al rol y la capacitación de los gobiernos subnacionales con incentivos para la ejecución. A pesar de que el PND y los PDT están teóricamente relacionados con planes de inversión y presupuestos plurianuales, en la práctica no lo están. Y en el caso de los billones de recursos de regalías, con miles de microproyectos intrascendentes, la desconexión es total. Es necesario amarrar PDT y POT articulando las fuentes de financiación (SGR, SGP, ingresos propios, financiación privada y ayuda internacional), conectados con enfoques de planeación, evaluación y priorizando infraestructura física y social a gran escala con mayores beneficios sociales.

El presupuesto nacional con estímulos por ejecución más una simplificación normativa debería proveer los incentivos financieros y de competencias para implementar inversiones coordinadas regionalmente. Durante muchos años la izquierda radical, envuelta en narrativas destructoras y desesperanzadoras, se dedicó a torpedear y criticar el Estado buscando su deconstrucción, pero ahora está en el poder, esperamos sus ejecuciones porque su récord histórico en gobiernos subnacionales es lamentable. Más que soluciones con más leyes, necesitamos generar procesos de diálogo incluyentes donde estemos todos y lleguemos a acuerdos temáticos para ir destrabando el desarrollo nacional.