Informes de transparencia de las empresas de telecomunicaciones sobre la pandemia

La emergencia de Covid en 2020 no solo obligó a las empresas de telecomunicaciones a fortalecer de un día para otro su capacidad de servicio para aguantar la aceleración en la transformación digital. Las empresas también recibieron presiones estatales para responder a la emergencia de diferentes maneras. ¿Qué podemos saber de lo que pasó en 2020 según los informes de transparencia de estas empresas?

La situación excepcional de pandemia aterrizó en un sector en donde la agenda de responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos está instalada. Ya es costumbre la transparencia corporativa que busca mostrar la forma como estas respetan los derechos de quienes usan sus servicios, sobre todo en relación con peticiones de los Estados para entregar datos personales o bloquear contenidos.

Como les conté en 2020, debido a las extraordinarias circunstancias de la pandemia, algunas empresas tomaron medidas especiales de transparencia. Telia, que tiene negocios en el norte y este de Europa, puede ser el mejor ejemplo. Muy al inicio de la pandemia, Telia publicó su informe “Libertad de expresión y derecho a la privacidad en tiempos de Covid-19 -información y solicitudes poco convencionales (marzo y abril 2020)”, dónde explica el tipo de solicitudes que recibió y el análisis de derechos humanos que hacía.

Como cada año, Karisma, donde trabajo, publicó el informe “¿Dónde están mis datos?” 2021. Este informe evalúa y compara la forma en que los operadores de telecomunicaciones con más personas usuarias en el país se comprometen en el respeto de los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad digital. Este año revisamos los informes publicados por Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica), Tigo (Millicom), ETB, DirecTv, Emcali y Avantel. Este año incluimos por primera vez a Hughesnet y Skynet, empresas que juegan un rol importante en la conectividad rural.

Como entre los aspectos que evaluamos están los informes de transparencia teníamos curiosidad por ver cómo se reflejaba en ellos lo sucedido en 2020 con las peticiones especiales del gobierno a estas empresas.

Recordemos, por ejemplo, que en 2020 el gobierno colombiano usó facultades extraordinarias para, de ser necesario, suspender la garantía de la neutralidad de la red y que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la circular externa 001 ordenando a entidades públicas y privadas a entregar información al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y demás entidades estatales que las requieran para atender, prevenir, tratar o controlar la propagación del COVID-19.

La neutralidad de la red no llegó a ser suspendida, y no tenemos certeza sobre si estas empresas debieron entregar datos de las personas que suscriben sus servicios en cumplimiento de órdenes como la de Circular; en todo caso, a diferencia de Telia, los operadores de telecomunicaciones en Colombia informaron sobre la pandemia marginalmente. Hubiera sido deseable entender qué pasó en el terreno de las telecomunicaciones en dicho contexto, más allá de los retos en materia de la elevada demanda de su servicio.

Aún así, para Karisma, el ejercicio nos llevó a reafirmar que el compromiso de transparencia de este sector en el país se mantiene, pues las empresas siguen mejorando sus resultados consistentemente desde 2015. En 2021, conscientes del reto derivado de la pandemia, pusimos especial atención al tema de la neutralidad de la red.

Si la neutralidad de la red puede limitarse en condiciones extraordinarias, tener información pública sobre los compromisos de las empresas en la materia puede ser clave. Al revisar la información que proveen las empresas evaluadas encontramos que todas, a excepción de Skynet, cumplen con la obligación legal de publicar sus prácticas de gestión de tráfico, y advertimos que adicionalmente Movistar, Tigo, Avantel y Hughesnet van más allá: estas empresas, además, hacen expreso su compromiso por protegerla. En adelante este será un nuevo criterio de evaluación de nuestro informe, que quedará como legado de la pandemia.

Adicionalmente, a partir de este año incluímos otro criterio de evaluación denominado “acceso directo”, que evalúa la información que las empresas suministren sobre las prácticas de interceptación de las comunicaciones que hacen las autoridades directamente en la infraestructura de las empresas.

Cuando analizamos los informes de transparencia de las empresas de telecomunicaciones de los últimos años encontramos que algunas ya venían informando con anterioridad que no podían dar cifras sobre cuántas líneas celulares son interceptadas anualmente, porque las autoridades colombianas las interceptan sin que éstas tengan la posibilidad de saber cuándo, ni cuántas veces, ni respecto a qué personas; ni siquiera si dicha interceptación se encuentra o no justificada de manera debida. Esta es una situación que debe poder encender las alertas por su impacto en el ejercicio de derechos.

Saber esto y entender su alcance nos permite acercarnos mejor al panorama de vigilancia de las comunicaciones en el país, ratificando de paso la importancia de la transparencia corporativa para facilitar las acciones de escrutinio sobre las acciones del Estado.

Para quienes tienen curiosidad sobre los resultados del ejercicio en 2021, es importante decir que éstos, en términos generales. se mantienen en comparación con la evaluación de 2020. De los 16 puntos posibles, Movistar encabezó la tabla de puntajes con 15 de ellos. Le siguen de cerca Tigo con 13 puntos, y Claro y Avantel, cada una con 10. ETB obtuvo 8 puntos, mientras que DirecTV se quedó con 7. Hughesnet y Emcali están en penúltimo lugar con 5 puntos y Skynet cierra la tabla de puntajes con tan solo 3.

En los próximos meses las empresas estarán publicando sus informes de 2022. El período que cubre estos informes será lo sucedido en 2021 y por tanto la curiosidad esta vez será sobre cómo van a reportar lo sucedido en el Paro nacional, que de nuevo supuso desafíos, esta vez, en términos de interferencias en la infraestructura, órdenes de bloqueos de contenidos y, seguramente, solicitudes de datos personales.