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Ya está en Australia Julian Assange, quien fue graduado como enemigo de EEUU por revelar -a través de su portal Wikileaks-, documentos de interés público que le fueron filtrados. Con estas publicaciones “más allá de avergonzar a la burocracia estadounidense, ayudó a demostrar cómo las guerras en Afganistán e Irak estaban plagadas de abusos y desinformación”. El caso de Assange ofrece una oportunidad para afinar el proyecto de ley 291-2023C (conocido como “Jorge Pizano”).
Assange pasó los últimos cinco años en una cárcel de alta seguridad británica en aislamiento y con la amenaza de extradición a EEUU para enfrentar 18 cargos con penas tan altas que no volvería a ver la luz del día. Se especuló con que Biden lo indultaría, sin embargo, terminó aceptando cargos por “recibir y obtener” documentos secretos para “comunicarlos voluntariamente” a “personas que no deberían recibirlos”. Lo condenarían a unos 62 meses condonables por el tiempo que pasó en la cárcel de Londres. Esto sucedió aunque tanto Reino Unido como EEUU aprobaron leyes de protección a denunciantes en los últimos años.
Que Assange hubiera aceptado cargos se explica por el costo personal de mantenerse en prisión incluso sin juicio indefinidamente. Sin embargo, es sin duda un mal precedente. Lo sucedido a él y a Chelsea Manning -su informante- hará que a futuro quien pueda divulgar información de interés público lo pensará dos veces porque en lugar de protegérsele por su acción de control al poder, se le puede acusar de espionaje. El caso de Wikileaks representa un precendente grave para el periodismo investigativo en relación con la responsabilidad de los medios y periodistas por divulgar información sensible de crímenes de Estado y para la situación de los y las denunciantes (alertadores, informantes o whistleblowers). La situación en Colombia es peor pues no tenemos normas que protejan a estas personas.
A pesar de que Colombia tiene compromisos internacionales de desarrollar un marco jurídico para denunciar actos de corrupción, esto no ha sucedido. Los proyectos presentados han sido pobres, no solo porque usualmente consideran actos de corrupción casi exclusivamente los económicos, sino porque han fallado en enfocarse en quien van a proteger. De hecho ha pasado que en el trámite legislativo cambian el propósito, incluyendo propuestas de castigar la filtración de información oficial confidencial -adelantándose al precedente Assange-. Ver estas iniciativas a la luz de casos como el de Assange, serviría para saber si aprovechamos la oportunidad para enfrentar desafíos más actuales y garantizar los derechos de estas personas.
Recientemente el Ministro de Justicia presentó una nueva iniciativa, sustancialmente mejor que sus predecesoras, que ya fue aprobada en primer debate. En este proyecto la definición de denunciante es amplia -no se necesita como en textos del pasado tener relación laboral con la entidad objeto de la denuncia ni que ésta sea del sector público-. Tiene un capítulo con detalles sobre la protección para periodistas. Es positivo también que en el primer debate aprobaron que la protección no solo sea para quien denuncia, también para su familia.
El proyecto de ley mantiene un desafío importante sobre la motivación de la denuncia, condiciona la protección a la actuación de buena fe. Se exige a quien denuncia tener indicios razonables que le hagan creer que se comete un acto de corrupción y se agrega que de no poder demostrarlo podrían abrirle investigaciones ante los entes de control. Las normas internacionales recientes y garantistas solo exigen que la denuncia sea razonable y cierta.
Colombia tiene compromisos Internacionales con la OEA y la OCDE que son importantes pero están desactualizados. Esos compromisos abordan principalmente la denuncia de irregularidades en relación con concepciones tradicionales de que la corrupción es un delito financiero y se centran principalmente en la protección física de las personas denunciantes. Esto está cubierto por el proyecto y algo mejora, pero le falta.
Las normas más modernas van más alla. El mejor ejemplo es la Directiva de la Unión Europea (2019 implementada en 25 de los 27 países miembros) y normas de EEUU (desde 2019) que van más allá de la protección física. Varias incluyen medidas para la protección de datos personales ( Finlandia, España, Italia, Alemania o EEUU), incluyen garantías de anonimato (Francia, Alemania, Eslovenia, Estados Unidos o México) y abordan la protección a quien informa sobre riesgos de Ciberseguridad (Irlanda, España, Reino Unido o EEUU). En Colombia deberíamos pensar en un capítulo autónomo -como el de periodistas- para investigadores informáticos que nos permitiera aprender sobre y evitar el precedente del caso Assange. Una lección importante de la Directiva Europea es concebir la corrupción de forma amplia, incluyendo cuestiones de género como el acoso sexual (ver normas en Dinamarca, Países Bajos o Irlanda).
Para la próxima legislatura el proyecto debe ir más allá de la protección física, pensar en el contexto digital e incorporar el tema de género. La reflexión sobre cómo este caso obligará a más cambios en las leyes de protección a denunciantes se discute internacionalmente.
