Hasta la veda de encuestas, los pronósticos sobre la segunda vuelta presidencial apuntarían a un resultado estrecho. En un ambiente de alta tensión política, social, económica y emocional, esto es preocupante y, de suceder, el software de preconteo y los de escrutinio serán protagonistas debido a las sospechas de su posible manipulación, que desde el Estado no han conseguido desarmar.
El Consejo de Estado, al revisar la información para resolver la demanda del partido MIRA, encontró irregularidades en el proceso electoral legislativo de 2014, que incluía que el software de escrutinio había sido saboteado. El Consejo no pudo definir cómo, ni quién, porque la forma como se desplegaba la tecnología no permitía la investigación judicial. Aun así, lo que descubrió el Consejo justificó la devolución de tres curules al MIRA en 2018. En el fallo se ordenaron también ajustes al proceso de escrutinio para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo controlara. El software debería ser del Estado y la tecnología debía dejar rastro que permitiera la investigación de ser necesario ―incluso accediendo al código―.
Con este antecedente, en 2022 el Estado puede verse abocado a repetir la reconstrucción de los resultados electorales. La Registraduría y el CNE podrían tener que escudriñar las votaciones del domingo para explicar cómo se llegó a nombrar el ganador en medio de una crisis de credibilidad en la que los problemas con la tecnología han estado en el centro. Los ensayos con la inscripción de cédulas por internet no funcionaron del todo bien, afectando a muchas personas; los partidos se han quejado de los inconvenientes con el registro de testigos electorales; el Pacto Histórico demostró una diferencia de más de medio millón de votos entre preconteo y escrutinio; también vimos cómo la página web de la entidad se cayó el día de las elecciones legislativas.
Lo sucedido no solo no ha sido explicado, además sin autorreflexión y con bastante improvisación. El Registrador ha culpado a las personas que ejercieron como jurados en marzo por las diferencias entre los resultados del preconteo y lo que va registrando el escrutinio. También desconciertan algunas de sus salidas, como decir que haría reconteo por los reclamos de las diferencias entre el preconteo y el escrutinio o cuando indicó, sin pruebas, que la página de la Registraduría fue “hackeada” mientras lo desmentía la Fiscalía.
El CNE, por su parte, está estrenando software para el escrutinio nacional, pero no tiene experiencia ni capacidad interna para entender la tecnología del proceso. Tampoco lo dejaron contratar una auditoría técnica que le permitiera contar con ese apoyo. Además, depende para su gestión sustancialmente de la Registraduría y de sus contratistas.
¿Cuánto sabemos de la tecnología?
La incorporación de tecnología en el proceso electoral colombiano no ha estado acompañada de los mecanismos de seguimiento y control que tengan el propósito de construir confianza garantizando y explicando la integridad del conteo de los votos en lo que para muchas personas es una caja negra. Veamos cómo estamos en los cuatro principales mecanismos de este tipo:
1. Los “auditores” de los partidos y las misiones de observación (incluyendo a Fundación Karisma, donde trabajo) hacen realmente lo segundo y no lo primero ―aunque la Registraduría insista en nombrar como auditores a observadores técnicos―. Los ejercicios que la Registraduría facilita durante los simulacros previos a los comicios son parciales y libreteados. Permiten controles interesantes y necesarios, pero insuficientes para entender a profundidad el funcionamiento de la tecnología. Con lo que se ve no se enfrenta, ni explica a cabalidad, los posibles reclamos de manipulación del software, lo que podemos hacer es más cercano a deducciones informadas.
2. La auditoría técnica, pública e independiente que se solicita desde 2018, sigue sin suceder ―la verdad sea dicha, para que sirva a sus propósitos, tendría que hacerse al menos seis meses antes de los comicios―. Esto significa que no hay una organización experta que conozca el sistema a fondo y de forma independiente de la Registraduría y sus operadores. Para el próximo domingo no hay una organización posicionada ante el electorado por su experiencia, porque conozca el rol y el estado de la tecnología y, por tanto, pueda, explicar, revisar y, con solvente autonomía del órgano electoral, explicar lo que pase.
3. La Registraduría sí contrató con McGregor una auditoría externa para el software de Disproel (el del preconteo y parte de escrutinios), que luego se extendió para el de INDRA (el que fue comprado en diciembre para los escrutinios a cargo del CNE). Esta auditoría no es pública. Siendo la auditoría general de todo el proceso, no se conocen sus hallazgos ni se sabe qué tipo de análisis hacen en el caso del software. Así no se puede determinar el nivel de conocimiento, experticia y profundidad de ese control. Por tanto, aunque son los expertos que apoyan a la Registraduría y podrían hacerlo al CNE ―durante la veeduría establecimos que el CNE no accede directamente a los informes―, no han construido la credibilidad pública.
4. La Registraduría ha mejorado sustancialmente la transparencia y acceso a los datos e información de la votación (formularios E14 y E24 y archivos de resultados). En ello se soporta esencialmente la capacidad de los partidos de reclamar en las comisiones escrutadoras y de las personas de hacer control al proceso. Así no se identifica lo que pasa con la tecnología, pero revisando los formularios y actas se pueden verificar los resultados.
Entonces, ¿cuáles son las claves para enfrentar la incertidumbre del domingo?
Los resultados del preconteo del 19 de junio son informativos, cuando la diferencia es importante, tranquilizan y el escrutinio, que toma varios días más, pasa desapercibido. Pero, de haber un resultado estrecho, se va a necesitar paciencia y confianza en el escrutinio. Paciencia, porque el escrutinio es lento, empieza al cerrarse la votación y va hasta cuando el CNE declare quién gana. En la primera vuelta los resultados del escrutinio se declararon el 2 de junio a las 11 de la mañana, 4 días después de las elecciones. Confianza, porque mientras el proceso tenga trazabilidad material, la verificación física de los resultados permite a los partidos vigilar y reclamar durante el escrutinio para que el resultado refleje la integridad de los votos. Esta vigilancia es clave y lo será este domingo.
Ahora, si el software es cuestionado, después del 19 de junio ya no estaremos frente a la necesidad de una auditoría, sino a una investigación forense que necesitará la autoridad correspondiente. Se parecen, pero son diferentes: mientras la auditoría informática analiza hechos del presente, identifica hallazgos y da recomendaciones para mejorar el sistema en el futuro, la investigación forense, en cambio, apunta a explicar un determinado hecho o suceso del pasado.
En la investigación forense las copias forenses de los computadores de las comisiones escrutadoras y el sistema de seguimiento y control web al que llega la información de las comisiones serán protagonistas. También lo será el acceso que se dé al código fuente que se custodió y que antes nos mostraron solo en forma muy limitada ―sobre todo en el caso de Disproel que lo evita por “propiedad intelectual”―. Es posible que en unos días veamos si funcionan los ajustes derivados del fallo de 2018. Esperemos que sí.
Hasta la veda de encuestas, los pronósticos sobre la segunda vuelta presidencial apuntarían a un resultado estrecho. En un ambiente de alta tensión política, social, económica y emocional, esto es preocupante y, de suceder, el software de preconteo y los de escrutinio serán protagonistas debido a las sospechas de su posible manipulación, que desde el Estado no han conseguido desarmar.
El Consejo de Estado, al revisar la información para resolver la demanda del partido MIRA, encontró irregularidades en el proceso electoral legislativo de 2014, que incluía que el software de escrutinio había sido saboteado. El Consejo no pudo definir cómo, ni quién, porque la forma como se desplegaba la tecnología no permitía la investigación judicial. Aun así, lo que descubrió el Consejo justificó la devolución de tres curules al MIRA en 2018. En el fallo se ordenaron también ajustes al proceso de escrutinio para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo controlara. El software debería ser del Estado y la tecnología debía dejar rastro que permitiera la investigación de ser necesario ―incluso accediendo al código―.
Con este antecedente, en 2022 el Estado puede verse abocado a repetir la reconstrucción de los resultados electorales. La Registraduría y el CNE podrían tener que escudriñar las votaciones del domingo para explicar cómo se llegó a nombrar el ganador en medio de una crisis de credibilidad en la que los problemas con la tecnología han estado en el centro. Los ensayos con la inscripción de cédulas por internet no funcionaron del todo bien, afectando a muchas personas; los partidos se han quejado de los inconvenientes con el registro de testigos electorales; el Pacto Histórico demostró una diferencia de más de medio millón de votos entre preconteo y escrutinio; también vimos cómo la página web de la entidad se cayó el día de las elecciones legislativas.
Lo sucedido no solo no ha sido explicado, además sin autorreflexión y con bastante improvisación. El Registrador ha culpado a las personas que ejercieron como jurados en marzo por las diferencias entre los resultados del preconteo y lo que va registrando el escrutinio. También desconciertan algunas de sus salidas, como decir que haría reconteo por los reclamos de las diferencias entre el preconteo y el escrutinio o cuando indicó, sin pruebas, que la página de la Registraduría fue “hackeada” mientras lo desmentía la Fiscalía.
El CNE, por su parte, está estrenando software para el escrutinio nacional, pero no tiene experiencia ni capacidad interna para entender la tecnología del proceso. Tampoco lo dejaron contratar una auditoría técnica que le permitiera contar con ese apoyo. Además, depende para su gestión sustancialmente de la Registraduría y de sus contratistas.
¿Cuánto sabemos de la tecnología?
La incorporación de tecnología en el proceso electoral colombiano no ha estado acompañada de los mecanismos de seguimiento y control que tengan el propósito de construir confianza garantizando y explicando la integridad del conteo de los votos en lo que para muchas personas es una caja negra. Veamos cómo estamos en los cuatro principales mecanismos de este tipo:
1. Los “auditores” de los partidos y las misiones de observación (incluyendo a Fundación Karisma, donde trabajo) hacen realmente lo segundo y no lo primero ―aunque la Registraduría insista en nombrar como auditores a observadores técnicos―. Los ejercicios que la Registraduría facilita durante los simulacros previos a los comicios son parciales y libreteados. Permiten controles interesantes y necesarios, pero insuficientes para entender a profundidad el funcionamiento de la tecnología. Con lo que se ve no se enfrenta, ni explica a cabalidad, los posibles reclamos de manipulación del software, lo que podemos hacer es más cercano a deducciones informadas.
2. La auditoría técnica, pública e independiente que se solicita desde 2018, sigue sin suceder ―la verdad sea dicha, para que sirva a sus propósitos, tendría que hacerse al menos seis meses antes de los comicios―. Esto significa que no hay una organización experta que conozca el sistema a fondo y de forma independiente de la Registraduría y sus operadores. Para el próximo domingo no hay una organización posicionada ante el electorado por su experiencia, porque conozca el rol y el estado de la tecnología y, por tanto, pueda, explicar, revisar y, con solvente autonomía del órgano electoral, explicar lo que pase.
3. La Registraduría sí contrató con McGregor una auditoría externa para el software de Disproel (el del preconteo y parte de escrutinios), que luego se extendió para el de INDRA (el que fue comprado en diciembre para los escrutinios a cargo del CNE). Esta auditoría no es pública. Siendo la auditoría general de todo el proceso, no se conocen sus hallazgos ni se sabe qué tipo de análisis hacen en el caso del software. Así no se puede determinar el nivel de conocimiento, experticia y profundidad de ese control. Por tanto, aunque son los expertos que apoyan a la Registraduría y podrían hacerlo al CNE ―durante la veeduría establecimos que el CNE no accede directamente a los informes―, no han construido la credibilidad pública.
4. La Registraduría ha mejorado sustancialmente la transparencia y acceso a los datos e información de la votación (formularios E14 y E24 y archivos de resultados). En ello se soporta esencialmente la capacidad de los partidos de reclamar en las comisiones escrutadoras y de las personas de hacer control al proceso. Así no se identifica lo que pasa con la tecnología, pero revisando los formularios y actas se pueden verificar los resultados.
Entonces, ¿cuáles son las claves para enfrentar la incertidumbre del domingo?
Los resultados del preconteo del 19 de junio son informativos, cuando la diferencia es importante, tranquilizan y el escrutinio, que toma varios días más, pasa desapercibido. Pero, de haber un resultado estrecho, se va a necesitar paciencia y confianza en el escrutinio. Paciencia, porque el escrutinio es lento, empieza al cerrarse la votación y va hasta cuando el CNE declare quién gana. En la primera vuelta los resultados del escrutinio se declararon el 2 de junio a las 11 de la mañana, 4 días después de las elecciones. Confianza, porque mientras el proceso tenga trazabilidad material, la verificación física de los resultados permite a los partidos vigilar y reclamar durante el escrutinio para que el resultado refleje la integridad de los votos. Esta vigilancia es clave y lo será este domingo.
Ahora, si el software es cuestionado, después del 19 de junio ya no estaremos frente a la necesidad de una auditoría, sino a una investigación forense que necesitará la autoridad correspondiente. Se parecen, pero son diferentes: mientras la auditoría informática analiza hechos del presente, identifica hallazgos y da recomendaciones para mejorar el sistema en el futuro, la investigación forense, en cambio, apunta a explicar un determinado hecho o suceso del pasado.
En la investigación forense las copias forenses de los computadores de las comisiones escrutadoras y el sistema de seguimiento y control web al que llega la información de las comisiones serán protagonistas. También lo será el acceso que se dé al código fuente que se custodió y que antes nos mostraron solo en forma muy limitada ―sobre todo en el caso de Disproel que lo evita por “propiedad intelectual”―. Es posible que en unos días veamos si funcionan los ajustes derivados del fallo de 2018. Esperemos que sí.