Maricarmen, el símbolo

El problema de la vivienda en España existe en todo el mundo, así que tenemos que mirar a España también si queremos una solución, porque es clarísimo que algo está cambiando con las últimas protestas. Quizás todo es gracias a que ahora tienen un símbolo: Maricarmen, una señora de 87 años que lleva siete décadas de pagar sagradamente el alquiler, hasta que una gran corporación, o “fondo buitre” (Urbagestión es supuestamente una pyme) compró todo el edificio de departamentos y le subió de forma astronómica el alquiler. Al no poder pagar, Maricarmen quedaba desahuciada y esto conmovió al país entero. Organizaciones de vecinos y protestantes se sumaron para protegerla y, finalmente, no pudieron evitar que la sacaran por la fuerza con unos antimotines innecesariamente armados, y Maricarmen fue a parar al hospital.

A partir de aquí, cientos de personas acamparon en la Plaza Sol, y la presión fue tal que el gobierno llamó a Consejo de Ministros y se aprobaron dos decretos en los que se frenan los desahucios hasta el 2030, se permite la prórroga de contratos en vigor que finalicen antes del 2028, la renovación automática de alquileres, se congelan las subidas de alquiler a un 0 % por encima del Índice de Vivienda, que impiden que los fondos buitre puedan comprar hasta el 2028, que regulan de alquiler de temporada y habitaciones, y ofrecen financiación con préstamos al 0 % de interés para la compra de la primera vivienda, entre otras medidas. En un decreto aparte, el gobierno se supone que tratará la medida más importante, que son los alquileres indefinidos. Los decretos son todavía insuficientes, en muchos aspectos aplazan el problema para darle tiempo a los capitalistas para reaccionar, pero también son mucho más de lo que hubiéramos creído posible hace un año, y todo fue gracias a la movilización popular.

Las imágenes del desahucio de Maricarmen fueron grotescas, y quizás por eso rompieron el hechizo colectivo que nos hace creer que la vivienda no es un derecho que deba estar garantizado. Que es normal que todos nuestros ingresos se vayan en pagar la renta sin protección del desalojo, de manera que se nos vaya la vida trabajando para enriquecer a una corporación sin rostro. Hubo un tiempo mítico en el que se podía ahorrar para pagar la cuota inicial, y sacar un préstamo que salía en un poco más que el arriendo, y con esa matemática simple otras generaciones tuvieron casa. Hoy, cada vez son menos las personas que tienen acceso a una casa propia. Una pudiente minoría y las grandes corporaciones globales compran propiedades para su “portafolio de inversión”, aprovechando la especulación inmobiliaria, la plaga de los Airbnbs, y la desregulación de los gobiernos. Lo resume perfectamente uno de los slogans de las protestas: casas sin gente, y gente sin casa.

“Hemos generado una crisis de Estado. Esto es un cambio de paradigma: ya nunca más se va a pensar que esto es imposible. Cuando eso pasa, la ventana de posibilidad se vuelve infinita. ¡Maricarmen vuelve a su casa, pero quedan muchas más! ¡Ese es el poder popular!”, dijo Valeria Racu, una de las lideresas de lo que ahora se llama la Asamblea Sol. Lo que muestran estos dos decretos que, de nuevo, siguen siendo insuficientes, es que no tiene que ser así, que no es irremediable, que así como hemos inventado este sistema podemos inventar otro, y que los límites a los que estamos llegando con el neoliberalismo salvaje y tecnofeudalista ameritan una revolución.