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¿A qué estaría dispuesto usted con el fin de ocultar una verdad?
¿Mataría a alguien?
¿Desprestigiaría a un contendor?
¿Manipularía información?
¿Negaría la realidad hasta llegar a límites desproporcionados?
La Comisión de la Verdad, dirigida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, presentó el pasado 28 de junio su Informe Final con el análisis y los testimonios de las víctimas y los victimarios del conflicto armado. Su fin a lo largo de cuatro años de trabajo fue, como lo señala su página web, “contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad”.
¿Qué es la verdad? Según Aristóteles la palabra entrelaza un vínculo entre el conocimiento y una realidad. Una verdad también puede ser aquella que surge de la fe religiosa y hay verdades a medias o relativas que podrían interpretarse como esas que nacen de ciertas culturas, paradigmas, olvidos o miedos.
Volviendo a Aristóteles, roto el nexo filosófico propuesto por él, queda el juicio falso, la mentira. Eso es exactamente lo que está divulgando un sector de la sociedad colombiana contra el padre De Roux y el trabajo del equipo de la Comisión. Para forzar un poco el pensamiento crítico y antes de provocar una reacción irracional, aclaro que la anterior idea no significa que el informe no pueda ser objeto de críticas ni que debamos tener criterios indisolubles sobre los resultados allí planteados.
Ninguno de los comisionados ni nosotros como receptores del informe tenemos la facultad de definir qué tan cierta es una verdad, qué tanto pudo comprometer cada verdad la vida y la seguridad de quienes la confesaron, cuánto afectaron el paso del tiempo y los traumas esa verdad o qué intereses a favor o en contra de otros hay en el pensamiento de una persona sobre una verdad.
Lo que sí deberíamos tener quienes hemos nacido y vivido en Colombia es la disposición para revisar por qué después de 60 años de guerra hemos sido incapaces de sentir un mínimo de desconsuelo y deshonor por alzar una bandera y cantar un himno ante el horror crónico y sistemático cometido contra nuestro propio pueblo.
La extinta guerrilla de las Farc, los paramilitares, el Eln y los agentes del Estado (el orden de responsabilidad como victimarios varía de acuerdo con el delito analizado) mataron, secuestraron, desplazaron, desaparecieron, amenazaron, torturaron, abusaron y provocaron el exilio de miles de campesinos, indígenas, empresarios, periodistas, jueces, fiscales, etc., ante nuestra mirada impávida.
Es eso lo que reúne en su informe la Comisión de la Verdad: la evidencia de la vergüenza nacional y del valor a través de los testimonios de quienes padecieron y de quienes provocaron horrores inimaginables. Al final de las 896 páginas, los comisionados hacen recomendaciones para construir la paz como un propósito nacional, garantizar la reparación integral y construir la memoria y la dignidad de las víctimas.
Frente a eso, un poder que los colombianos deberíamos activar es el de defender la verdad y la memoria histórica ante aquellos que no cesarán en sus intentos por matarlas. No más hombres mentirosos y manipuladores como Darío Acevedo, coroneles retirados como Gilberto Gómez o políticas como María Fernanda Cabal que hacen eco de las falsedades para perpetuar la guerra y proteger sus intereses.
Matar la verdad y la memoria debería ser un delito.
* Periodista. @ClaMoralesM
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