La prensa que no nos gusta

Esa prueba se está dando hoy en muchos países, y casi siempre con el mismo libreto. En Estados Unidos, Donald Trump anunció que les prohibía la entrada a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico por publicar “noticias falsas”. En El Salvador, Nayib Bukele fue asfixiando a la prensa independiente con señalamientos, espionaje y procesos contra periodistas, y después con una Ley de Agentes Extranjeros que dejó sin piso económico a medios y organizaciones. Decenas de reporteros salvadoreños terminaron en el exilio. En Argentina, Javier Milei escribió que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

En Colombia no habíamos visto ese manual aplicado así. Nuestra historia con la prensa es dura. Desde 1977, 172 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo y la mayoría de esos crímenes sigue impune. Aun así, se sostuvo una regla que costó mucho construir. El periodista tenía derecho a preguntar y quien gobernaba tenía que responder, incluso cuando la pregunta incomodaba. Gobiernos de distinto signo aceptaron, con más o menos disgusto, que la censura no era una opción.

Lo que estamos viendo ahora rodea ese límite sin tocarlo. Basta con dejar al periodista sin acceso, sin fuentes y sin credibilidad. Es una censura sin balas, que opera con el discurso y con el silencio, y que rara vez deja una huella que pueda llevarse ante un juez.

En los primeros meses de gobierno, justo cuando se fijan las reglas del juego para los próximos cuatro años, conocimos instrucciones desde Presidencia para evitar entrevistas y ruedas de prensa con medios que no se consideran “amigos”. Después llegó una directiva que centraliza las vocerías oficiales. Hubo solicitudes de rectificación que pretendían intervenir en la forma de narrar los hechos, y denuncias públicas sobre presiones alrededor de voces críticas como Ana Cristina Restrepo, Camila Zuluaga y Vladdo. Desde enero, la FLIP ha documentado 14 agresiones contra periodistas atribuidas al presidente Abelardo de la Espriella y a personas de su entorno.

A eso se suma la pauta oficial, que repartida sin reglas claras sirve para premiar y castigar. Al medio grande le recuerda lo que tiene en juego si se aleja de la narrativa oficial. Al medio pequeño le deja claro que incomodar le puede salir más caro. El resultado es la autocensura, que no deja registro. Es bien difícil contar las preguntas que no se hicieron y las historias que se quedaron en un cajón.

Puestos uno al lado del otro, estos casos se parecen demasiado al manual que ya vimos en otros países. Quién recibe información, quién puede preguntar, quién habla en nombre del Estado y cómo deben contarse los hechos son decisiones que hoy se están tomando desde el poder. Cuando las cuatro se mueven al mismo tiempo, cambian las condiciones en las que se hace periodismo en el país. Y queda planteada una pregunta que el Gobierno tendrá que responder con hechos ¿hasta dónde está dispuesto a llegar frente al periodismo que lo incomoda?

Hay una línea que un Gobierno democrático no debería cruzar. No está en sentirse molesto por una investigación ni en cuestionar lo que publica un medio. La línea se cruza cuando el Gobierno usa su posición para repartir el acceso a la información según la afinidad, cerrar los espacios para preguntar, concentrar las fuentes o presentar a quienes investigan como opositores, activistas o enemigos.

Esta semana vimos cómo funciona en la práctica. En una carta pública a Juanita León, directora de La Silla Vacía, Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y estratega de la campaña presidencial, presentó las investigaciones del medio sobre él como prueba de una enemistad, llamó “portales activistas” a La Silla Vacía y a Cambio, y advirtió que los “actores políticos reciben respuesta política”.

Con esa frase, quien preside la junta de una de las principales empresas del país convirtió al medio que lo investiga en adversario político. Ya no necesita explicar qué muestran los documentos ni qué debe aclarar alguien en su cargo. Le basta con sembrar dudas sobre quién pregunta. La conversación pública pasa de “¿esto es cierto?” a “¿por qué creerle a esa periodista?”.

En Colombia sabemos a dónde puede llevar ese camino. Durante décadas, el señalamiento público de periodistas como enemigos o aliados de un bando ha antecedido amenazas, exilios y asesinatos. Cuando un alto funcionario marca a un periodista, miles de cuentas se encargan del resto.

Un gobierno que sigue este manual no necesita prohibir una noticia si logra que la gente deje de creerle a quien la publica. Le basta con un relato propio, repetido desde las cuentas oficiales y amplificado por sus redes de apoyo, en el que la información incómoda aparece como un ataque y la desinformación circula sin costo.

Una sociedad que sabe menos sobre quienes ejercen el poder tiene menos herramientas para vigilarlos y pedirles cuentas. La libertad de prensa protege el derecho de cualquier persona en este país a saber qué hacen quienes la gobiernan, y los y las periodistas lo ejercen a diario en nombre de todos. Un Gobierno democrático puede sentirse incómodo con la prensa, y muchas veces lo estará. Lo que no puede hacer es usar su poder para deslegitimarla, desfinanciarla y apagar su voz.

En la región ya sabemos cómo terminan estos guiones. Hoy buena parte del periodismo independiente latinoamericano trabaja desde el exilio, sobrevive sin financiación o dejó de existir. Lo que está en riesgo es la posibilidad misma de vigilar a quienes gobiernan, y este país pagó demasiado caro para aprender a protegerla.

* Sofía Jaramillo es la presidenta y Natalia López es la directora legal y de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).