A lo mejor algunos llegaron a pensar que el evento de celebración de los 15 años del Plan Colombia era nuestra ceremonia de graduación como país moderno y soberano.
Con seguridad alcanzaron a emocionarse con la idea de que finalmente habíamos dejado de ser una república bananera a los ojos de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial. Pero todavía no había pasado la efervescencia de las fiestas en Washington cuando PhRMA, el gremio de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses, decidió catalogar a Colombia como un enemigo público de la innovación.
En una carta dirigida a la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), PhRMA pide que se incluya por primera vez a Colombia en la lista de observados prioritarios (Priority Watch List) de su reporte especial 301.
Este reporte está diseñado para identificar a aquellos socios comerciales que, a los ojos del USTR, ofrecen una deficiente protección a la propiedad intelectual. Colombia lleva años siendo clasificado en la Watch List, donde usualmente hay alrededor de 30 países. Pero esta vez PhRMA quiere que Colombia sea elevada a la más exclusiva lista prioritaria (Priority Watch List), junto a históricos parias de la propiedad intelectual como Argentina, India, China y Rusia, pero también junto a países que recientemente han otorgado licencias obligatorias para proteger la salud pública de sus ciudadanos, como Ecuador y Tailandia.
Por tratarse de uno de los gremios con mayor incidencia sobre la política comercial estadounidense, el informe de PhRMA cae como un baldado de agua fría. El informe sorprende especialmente a quienes conocen el sector y saben que, contrario a lo que sugiere PhRMA, Colombia, y en particular la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha hecho todo lo posible por complacer los intereses comerciales de Estados Unidos. Incluso el gremio local de las multinacionales farmacéuticas (Afidro) reconoce que la SIC ha agilizado los trámites de patentes, ha compensado por demoras injustificadas a las compañías y ha establecido procedimientos claros para la resolución de disputas. Parecería entonces que PhRMA y Afidro no están transmitiendo en la misma frecuencia.
La buena noticia es que, en años anteriores, el USTR no ha incluido las preocupaciones de PhRMA en su reporte. Probablemente no lo ha hecho porque PhRMA insiste en llamar la atención sobre políticas de salud que nada tienen que ver con los compromisos comerciales asumidos por Colombia en materia de propiedad intelectual.
En el informe de 2015, PhRMA criticó el decreto que regula los medicamentos biotecnológicos, el cual no toca la propiedad intelectual. Por el contrario, este decreto es una medida que facilita el acceso de la población a medicamentos competidores más baratos.
Lo que según PhRMA amerita que Colombia sea incluido en la lista “negra” es un par de artículos del Plan Nacional de Desarrollo que ni siquiera han sido reglamentados. En particular el artículo 72, que señala que algunos medicamentos priorizados podrían, al ingresar al mercado local, recibir un precio proporcional a su valor terapéutico. Colombia no es el primer país que introduce medidas de este tipo. Alemania, Francia y otros países europeos cuentan con políticas similares sin que por ello se les incluya en listas de observación comercial.
En resumen, por irritantes que sean, ni el decreto de biológicos ni los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo violan compromisos comerciales. Por el contrario, estas medidas buscan aumentar el acceso de la población colombiana a medicamentos con precios justos. PhRMA y las compañías de medicamentos detrás del informe insisten en tratar a Colombia como una república bananera y subalterna, un país muy distinto al elogiado por el presidente Obama en sus discursos recientes. Pero antes de emitir el reporte especial 301, el USTR debe analizar los informes de los múltiples interesados y realizar una audiencia pública en la que todas las partes presenten sus descargos.
Esperemos que el USTR ignore las demandas de PhRMA, tal como lo ha hecho en el pasado, y que el gobierno colombiano sepa defender sus decisiones soberanas en materia de salud pública.
*Profesora del Cider de la Universidad de los Andes.