La universidad pública en la encrucijada

Una característica importante de la universidad autónoma es que su actividad debe guiarse por programas de excelencia académica, no por presiones y necesidades del ámbito político.

Moisés Wasserman, bioquímico colombiano, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia en el período 2006-2009.

Foto: Cortesía de Luz Stella Millán

El título de este escrito sugiere que la universidad pública se encuentra en crisis, que su futuro próximo está lleno de incertidumbre y que enfrenta una coyuntura política y social que puede modificar su destino. Este tono dramático no es gratuito ni exagerado. Han sucedido eventos que pueden modificar su devenir. Hay que explicar algunos antecedentes y los hechos mismos, para que el lector pueda evaluar tan oscuras afirmaciones.

Autonomía universitaria

Todos los actores en la actual coyuntura se presentan como defensores de la autonomía universitaria, aunque sus posiciones se contradigan. Posiblemente hay que aclararles a los lectores este concepto que en diferentes épocas ha significado cosas distintas. La universidad es una institución que lleva apenas mil años. Algunos tratan de llevar sus orígenes a culturas muy antiguas, en colegios, escuelas y academias. Pero eso es inexacto; la enseñanza sí surgió en los orígenes de la cultura humana, pero la universidad, una institución con sus características y alcances, es un invento de Occidente. La primera fue fundada hace casi 1.000 años en Bolonia, iniciativa de los estudiantes y sus padres, quienes la financiaban pagando a los docentes. Por eso mismo no era autónoma; tenía dueños y a ellos respondía.

Evolucionó pronto hacia instituciones que podríamos llamar públicas (forzando un poco la definición), en el sentido de que no pertenecían a personas particulares, sino que servían unas a la iglesia y otras a reyes y emperadores. Más tarde se constituyeron universidades que servían al Estado, que les definía programas y objetivos. Este modelo se conoció como universidad napoleónica y existen todavía algunas de ellas, sobre todo en regímenes autoritarios (su máximo exponente fue posiblemente la universidad soviética).

A principios del siglo XIX, coincidiendo con las reformas prusianas liberales, se propuso un nuevo modelo de universidad, que se llamó la Universidad Humboldtiana (por su teórico máximo). Su principal premisa era que la formación profesional estaba ligada a la investigación científica, y que les servía a los individuos, a sus estudiantes, que pretendía formar como seres libres, con pensamiento independiente.

El padre Alfonso Borrero Cabal, uno de nuestros mayores estudiosos y teóricos de la educación superior, propuso que ahí surgió el concepto de autonomía, porque las instituciones deben ser libres para investigar y para formar seres humanos intelectualmente libres también. La universidad moderna, en casi todo el mundo, sigue de alguna u otra forma ese modelo. Es autónoma, en algunos casos porque el hecho está explícitamente consagrado en leyes (en nuestro caso en la Constitución), y en otros por costumbre y por su demostrado éxito. El punto central es que esa universidad, sea pública o privada, debe estar libre de presiones políticas en la construcción de su proyecto educativo y en su gobierno.

El magistrado Carlos Gaviria, muy recordado, escribió:

“La universidad no se puede concebir sino como autónoma. La universidad heterónoma es una contradicción en los términos. Que al saber le impongan pautas, que se le imponga lo que se debe saber, que se imponga lo que se debe hacer con el saber, o que se establezcan desde afuera, desde el mundo político, por ejemplo, los valores con los que la universidad debe estar comprometida, es una contradictio in adiecto”.

En 1965, en Tokio, la AIU (Asociación Internacional de Universidades) definió en su declaración que la universidad, para ser autónoma, debe tener libertad para darse sus propias normas, seleccionar a sus profesores y estudiantes, formular currículos y establecer niveles académicos, tomar decisiones sobre las investigaciones que lleva a cabo y, dentro de amplios límites, a administrar y distribuir sus recursos financieros.

Por supuesto, la universidad autónoma está sujeta a la ley; no goza de inmunidad especial ni de extraterritorialidad. En nuestra legislación la universidad, pública o privada, está sometida a inspección y vigilancia por parte del ministerio, pero estas solo se hacen efectivas cuando hay evidencias de delito o de comportamientos inmorales graves. Siempre que fue necesaria la intervención en el pasado, se hizo con respeto de la autonomía y sin imposiciones exorbitantes.

Eventos sucedidos en el nombramiento de rector de la Universidad Nacional

La Universidad Nacional, en ejercicio de su autonomía, ha redactado y adoptado (con procesos de consulta amplia, claustros y colegiaturas, y consultas en diferentes foros y varias vueltas) sus propios estatutos. Por eso mismo está obligada a cumplirlos rigurosamente. Para el nombramiento de rector, está estipulado que se convoca a un proceso durante el cual se candidatizan quienes a bien lo tengan, se hace una revisión de requisitos y quienes los cumplen se someten a un proceso en el que le presentan a la universidad, en varios medios y foros, su hoja de vida, su visión de universidad y del cargo, y sus propuestas.

Después hay una consulta ponderada entre profesores, estudiantes y egresados, y los cinco candidatos con los mejores resultados son presentados al Consejo Superior Universitario (CSU), que los entrevista y escoge a cualquiera de ellos, al que haya convencido por sus características personales y sus propuestas. Es importante que se sepa que muy pocas veces ha resultado nombrado quien más votos obtuvo en la consulta. Esta se usa solamente para reducir el número de candidatos posibles a cinco.

El CSU tiene ocho miembros; el rector se nombra con el voto positivo de cinco o más. En esta ocasión (2024) resultaba muy difícil obtener esa mayoría, y se decidió usar un sistema en el que cada miembro calificó a los cinco candidatos y se fue descartando a los “menos preferidos”. Finalmente, se votó por los dos que quedaron, y con este proceso (usado otras veces, y en muchísimos ámbitos, entre otros en el nombramiento de magistrados) el CSU nombró al profesor Ismael Peña. El acta se preparó y se dejó para firma posterior de la ministra de Educación, quien ejerció la presidencia en esa sesión.

Ahí empezaron los hechos desconcertantes. El presidente de la República manifestó públicamente su desacuerdo con el nombramiento y la ministra se negó a firmar el acta de la reunión que había presidido. El profesor Leopoldo Múnera, quien había obtenido la mayoría de votos en la consulta, pero que sabía muy bien que esta no era vinculante (porque hacía unos años había participado en una demanda por esa misma razón, demanda que fue contundentemente resuelta con la negativa por el Consejo de Estado), se declaró en “desobediencia civil”.

Grupos extraños se tomaron el edificio de rectoría (declarando que “lo habían recuperado”), y otros paralizaron la Universidad. Algunos colegas muy prestantes del profesor Múnera demandaron la decisión del CSU ante el Consejo de Estado, basados en supuestas irregularidades del método de elección. Uno puede o no estar de acuerdo, pero sin duda la demanda es un camino legítimo. Sin embargo, debía esperarse a que el Consejo de Estado fallara.

Entonces sucedieron hechos como para Ripley. Quienes habían demandado el acto reclamaron que no tenía existencia legal. Es decir, presumieron la ilegalidad del acto del CSU sin que un juez hubiera fallado, y tiempo después declararon que el acto, en realidad, no había existido. ¿Demandaron un acto inexistente?

El CSU sufrió cambios en su composición. El representante de los exrectores renunció tras los abusos a los que fue sometido; la representante estudiantil, arrinconada, también lo hizo. El representante del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) cumplió su periodo y el CESU, dirigido por el Ministerio de Educación y por candidatura presentada por el Ministerio de Ciencia, nombró como representante al ex rector Víctor Manuel Moncayo, amigo cercano del profesor Múnera, quien fue su vicerrector (nunca antes un exrector de la UN había sido delegado por el CESU, que siempre nombró a académicos externos, sin conflictos de interés). El presidente nombró presidente ad hoc del CSU al ministro de la Cultura, las Artes y los Saberes, y el CSU, así modificado, nombró al profesor Leopoldo Múnera, quien prestamente se posesionó.

Un año y medio después, el Consejo de Estado falló. Primero declaró que la elección del profesor Peña fue legal, y un mes después, en otro fallo, que la elección del profesor Múnera no lo fue.

Las curiosidades continuaron: el profesor Múnera renunció a un cargo en el que el Consejo de Estado dijo que no estaba nombrado, y el CSU aceptó esa renuncia a un cargo que él no estaba ocupando legalmente, para argumentar que existía vacancia, y nombró al vicerrector del profesor Múnera como rector encargado. Es decir, acató, pero no cumplió. Ahora procederán a convocar un nuevo proceso de elección, que será decidido, como si nada hubiera sucedido, por un CSU claramente parcializado.

Propuestas de excelencia académica vs, propuestas de compromiso político

Algunos de los participantes en la reunión del CSU en la que se escogió al profesor Peña como rector comentaron que la principal razón para que no se hubiera escogido entonces al profesor Múnera fue que su presentación no los convenció; fue una propuesta política, no una de excelencia académica, como era la tradición y como sucede en las universidades de primera línea en el mundo. Efectivamente, al posesionarse lanzó su propuesta de Constituyente Universitaria (muy coincidente con la Asamblea Constituyente que el actual gobierno ha propuesto repetidamente).

La propuesta de constituyente se ambientó reclamando que no existía “participación”. Este reclamo pretendía que los miembros de la comunidad universitaria no participaran en su dirección. Ignoró los múltiples ámbitos participativos definidos por los estatutos, como claustros y colegiaturas que construyen el plan de desarrollo de cada rectoría, los cuerpos colegiados como comités de departamentos, institutos y centros, consejos de facultad, consejos de sede, consejo académico, infinidad de comités de programas académicos y de bienestar y más, mucho más. Ninguno de estos cuerpos colegiados está compuesto por miembros externos a la universidad; todos son de la comunidad universitaria y escogidos por ella, en participación permanente.

Para adelantar esa plataforma política, se construyó además una teoría conspiratoria al mejor estilo estalinista. Se difundió la “noticia” de que existió una “camarilla” que se había apropiado de la universidad durante 18 años. En la camarilla estábamos los exrectores, un bioquímico, un matemático y una biotecnóloga a quienes se quería añadir ahora (horror de horrores) un ingeniero. ¡Dónde se habrá visto una universidad liderada por científicos, matemáticos e ingenieros!

Los miembros de la “camarilla” fuimos todos profesores por decenios, titulares y eméritos, investigadores científicos, directores de cientos de tesis, creadores de doctorados, en fin, eso que en otros lugares del mundo llaman académicos, pero que aquí denominaron camarilla neoliberal.

El ministro ad hoc encargado de imponer el rector escogido por el gobierno acogió con deleite la teoría conspiratoria sobre la existencia de corporaciones a través de las cuales la “camarilla” se apropió de la universidad. Desconozco la corporación que fue objeto de los mayores ataques. Pero pude ver en documentos que fue respuesta a inquietudes surgidas en los claustros y colegiaturas durante la construcción del plan de desarrollo 2022-2024. Esa exigencia surgió de profesores y estudiantes que pensaban que la universidad del siglo XXI no puede ser ajena al desarrollo nacional y que los resultados de sus investigaciones y estudios deben ser transferidos a la sociedad para beneficio general.

La participación amplia tan anunciada por la nueva rectoría, y la obligatoriedad de que la mayoría debe siempre imponerse, sufrieron, desde temprano, algunas anomalías. Al nombrar los decanos de las facultades, el nuevo CSU se abstuvo de nombrar a dos que obtuvieron mayoría, no se sabe si porque habían sido decanos en administraciones anteriores. El representante profesoral en el CSU solicitó que se pusiera a votación la propuesta de la Constituyente Universitaria, pero no lo consideraron pertinente (participación sí, pero sin exagerar). Hubo sí, votaciones para escoger mesas de trabajo de la constituyente, y votaron en ellas solamente el 25,4 % de los profesores y el 6,67 % de los estudiantes.

En resumen, estos hechos muestran que debe respetarse la mayoría en las consultas para un cargo de dirección, siempre que quien la obtenga agrade al líder; y la participación no tiene que ser mayoritaria, ni siquiera amplia, para ser válida, basta con que participen los amigos. Algo nos recuerda de La granja de los animales de George Orwell.

En verdad, el objetivo muy claro de la constituyente es imponer la elección popular y política de directivas. Ese sistema es ajeno a las buenas universidades autónomas; muy pocas (y no las mejores) en el mundo lo han adoptado, y en las que lo han hecho ha sido un fracaso, ha significado la preponderancia del clientelismo y la politiquería sobre los criterios académicos.

Un capítulo adicional que muestra la intromisión del poder político en la conducción de la universidad pública es la reciente intervención del Ministerio de Educación Nacional en la Universidad de Antioquia y la imposición de un rector de su gusto. Estos hechos están relacionados con lo que trato acá. Seguramente serán analizados por alguien que los conozca más de cerca.

Debo terminar insistiendo en que una característica importante de la universidad autónoma del siglo XXI es que su actividad debe guiarse por programas de excelencia académica, no por presiones y necesidades del ámbito político. No es una idea antigua y obsoleta esa de que la universidad se debe a sus estudiantes y a la sociedad que la construye y financia. Por eso debe concentrarse en una mejor formación, en investigación científica y construcción de conocimiento, y en la resolución de problemas complejos que nos atañen a todos. La independencia de los poderes políticos es inherente y necesaria para que la universidad sea autónoma.

Repito la cita de Carlos Gaviria transcrita al principio de este artículo: “Que al saber le impongan pautas, que se le imponga lo que se debe saber, que se imponga lo que se debe hacer con el saber, o que se establezcan desde afuera, desde el mundo político, por ejemplo, los valores con los que la universidad debe estar comprometida, es una contradictio in adiecto”.

* Moisés Wasserman fue director del Instituto Nacional de Salud, miembro de número y expresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias, exdecano de la Facultad de Ciencias y exrector de la Universidad Nacional.

X: @mwassermannl

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