En defensa de la reforma pensional, Rodrigo Uprimny y la Procuraduría han analizado las estrategias dilatorias utilizadas en el trámite legislativo. El alegato de los demandantes sobre la ausencia de debate, por ejemplo, se ha catalogado como paradójico porque la oposición buscó desintegrar el quórum. Aunque recursiva, esa visión entraña una problemática interpretación constitucional.
Como afirman José Cheibub, Zachary Elkins y Tom Ginsburg, los sistemas presidenciales latinoamericanos se caracterizan por el excesivo poder que concentra el ejecutivo para la formación legislativa, consideración aplicable al caso colombiano, en tanto el gobierno no sólo tiende a imponer agendas legislativas, sino que en ciertas situaciones desconoce las garantías de la oposición al impedir la deliberación rigurosa.
Una consuetudinaria estrategia advierte la activación de la aplanadora de las mayorías, lo que podría cercenar la voluntad democrática en la formación de las leyes si se incumplen los procedimientos legislativos. Ante la falta de garantías para participar en el debate, se puede buscar el desarme del quórum como estrategia de contrapeso.
Pretender que el congresista tome asiento en la sesión sólo para facilitarle el trámite sin balances a las mayorías resulta improcedente. Aunque esas prácticas dilatorias también suponen un riesgo democrático, son las mayorías del Congreso las que deben organizar la discusión para imponerse, pero respetando los valores legislativos. Valores que en este caso se relacionan con las garantías de la oposición.
La presurosa aprobación de la pensional en la Cámara de Representantes reafirmó estas complejidades, toda vez que se coartó la deliberación al acoger el texto aprobado por el Senado sin otorgarle garantías a la oposición. A pesar de que Uprimny reconoce que sí se presentaron errores en el trámite, la estrechez de la agenda legislativa no se produjo por las estrategias dilatorias de la oposición, sino por el tiempo que durmió el texto durante la presidencia de Iván Name en el Senado.
Esa demora en el agendamiento en el Senado deviene sustancial en el análisis, pues como explica Kevin Hartmann, la Procuraduría advierte que el filibusterismo podría generar un retroceso democrático. Si bien ese argumento es válido, no se puede desconocer que las ponencias para tal debate se radicaron al inicio de octubre de 2023, pero la presidencia agendó la discusión sólo hasta superado el receso legislativo de 2024.
Acá no se defiende el filibusterismo per se, dado que lo importante son los controles al poder arbitrario de las mayorías. La coalición del gobierno tuvo que lidiar principalmente con las dilaciones del presidente del Senado, sin que pueda vincularse a la oposición en tal proceder. El efecto fue el contrario: la oposición recurrió a diferentes estrategias porque sus proposiciones eran descartadas sin deliberación.
Una lectura problemática se revela entonces al afirmar que el trámite no se afectó porque la intención de la “oposición no era debatir sino dilatar”. Problemática porque en ninguna circunstancia el Congreso puede omitir los procedimientos legislativos. Estos casos muestran una asimetría de poder en beneficio de la oposición, pues sin importar las estrategias dilatorias, el procedimiento se debe garantizar.
También es problemática porque si se acepta que la deliberación puede desconocerse con fundamento en la negativa de la oposición a participar, los peligros del presidencialismo se podrían incrementar al concentrar más poder en las coaliciones de gobierno. En detrimento de la oposición y del equilibrio de poderes, esa tesis impondría una suerte de constitucionalismo abusivo, sobre el que trata David Landau.
Aunado a la importancia de la “razón pública” en la formación de las leyes, el mismo Uprimny ha subrayado que la “deliberación y justificación pública” son fundamentales para que los trámites legislativos se doten de validez. Si bien el autor ha reconocido que los sistemas presidenciales son problemáticos, resulta paradójico que ahora priorice la crítica de algunas estrategias de contrapeso antes que la necesidad de surtir discusiones rigurosas.
El trámite de la reforma pensional reaviva las longevas preocupaciones sobre el sistema presidencial colombiano. Es inconveniente validar la imposición arbitraria de las mayorías mientras las garantías de la oposición son conculcadas. Sin contrapesos efectivos en debates dominados por las mayorías, la oposición puede ser presa fácil de un constitucionalismo abusivo en favor del ejecutivo.
*Economista y abogado, máster en derecho (LL.M – Duke University, N.C).
Por Luis Botello-Moncada*
