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Hay algo profundamente inquietante en un museo cuando sus paredes comienzan a vaciarse por orden de un gobernante. No solo desaparecen piezas, se retiran testimonios, se silencian historias y se estrecha nuestra comprensión del pasado. El daño puede ser profundo y, en ocasiones, irreparable. Pero retirar objetos que son testimonio del pasado no equivale a borrar su significado. La memoria no cabe en una vitrina ni obedece órdenes. Se preserva, se transmite y también se defiende. Allí donde se intenta imponer el olvido, puede comenzar la resistencia.
La reciente decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar del Museo Nacional de Colombia objetos relacionados con la violencia política, las luchas sociales, las espiritualidades afro e indígenas, el feminismo y las comunidades LGBTI no es únicamente una disputa sobre lo que debe exponerse. Es, ante todo, una disputa sobre quién tiene derecho a existir en la memoria colectiva y quién puede decidir qué partes del pasado merecen ser conocidas.
Más allá de la controversia política, vale la pena reflexionar sobre el lugar de los objetos en nuestra relación con el pasado. Mucho antes de escribir su historia, la humanidad ya la construía con las manos: vasijas, herramientas, tejidos y objetos rituales que sobrevivieron a sus creadores y nos permiten conocer sus formas de habitar, creer, amar y comprender el mundo. Estos objetos son archivos materiales de la experiencia humana que conservan conocimientos, afectos y saberes que difícilmente habrían llegado hasta nosotros de otra manera. Por eso, un museo no es un simple depósito de antigüedades, sino un espacio de diálogo entre los muertos y los vivos, donde cada pieza nos invita a preguntarnos quién la creó, qué mundo representaba y qué sabemos —o hemos olvidado— sobre ella.
Un museo verdaderamente público debe permitir que distintas voces interroguen el pasado, incluso cuando sus interpretaciones sean incómodas o contradictorias. Porque, aunque los objetos nos acercan a la historia, también nos enfrentan al problema de la verdad: el pasado no se refleja intacto, sino que lo reconstruimos mediante documentos, testimonios, objetos, investigaciones y debates. Si bien existen hechos verificables, comprenderlos exige interpretaciones diversas, aunque no todas tengan el mismo fundamento.
El poder, sin embargo, suele sentirse más cómodo con las historias que no admiten preguntas. Una verdad oficial elimina las contradicciones, ordena a los protagonistas y distribuye con claridad los lugares del héroe y del enemigo. Su relato promete una sociedad sin ambigüedades, sin heridas abiertas y sin memorias que cuestionen sus certezas. Pero esa claridad tiene un precio: para sostenerla, es necesario silenciar todo aquello que la contradice.
El Museo Nacional debería ser ese lugar donde Colombia pudiera contemplarse sin la obligación de reconocerse en una sola imagen. Un lugar donde las memorias de las víctimas, los conflictos políticos, las luchas sociales y las espiritualidades históricamente marginadas pudieran interpelar una idea demasiado estrecha de nación. No porque todas las interpretaciones sean equivalentes, sino porque ninguna administración debería arrogarse el derecho de clausurar por decreto las preguntas que una sociedad tiene sobre sí misma.
Destruir o retirar objetos que representan una historia es una forma de intervenir en la memoria colectiva y puede ocasionar pérdidas irreparables. Durante la conquista española de América, se destruyeron templos, esculturas y objetos sagrados indígenas; en el siglo XVI, Diego de Landa ordenó quemar códices mayas que contenían conocimientos históricos, religiosos y astronómicos. Asimismo, durante la esclavización de personas africanas en América, se persiguieron lenguas, instrumentos musicales, ceremonias y objetos religiosos. En todos estos casos, la violencia buscó imponer un nuevo orden y debilitar las tradiciones culturales de los pueblos sometidos.
La destrucción de objetos y símbolos también ha sido una herramienta de censura y control político en otros contextos: en 1986, la dictadura de Pinochet incineró miles de libros en Chile, y en 2001 los talibanes destruyeron los Budas de Bamiyán, en Afganistán. Sin embargo, estos intentos de borrar la memoria no siempre logran su propósito: las culturas indígenas y afrodescendientes han preservado y transformado sus lenguas, conocimientos y prácticas a través de generaciones, mientras que los libros censurados y los monumentos destruidos pueden adquirir nuevos significados como símbolos de resistencia.
La memoria humana es más resistente y más compleja que sus archivos. No debemos confundir la desaparición de una pieza con la desaparición de todo lo que la hizo posible. Un museo puede retirar una bandera, una fotografía, un amuleto o un documento. Puede dejar un muro vacío y ordenar que los visitantes dirijan la mirada hacia otra parte. Lo que no puede hacer es decretar que esas vidas nunca existieron, que aquellas luchas carecieron de sentido o que las preguntas que suscitaron han dejado de pertenecer a Colombia.
La «batalla cultural» que emprende el gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene un bando ganador, y no es el suyo. No porque la pérdida carezca de consecuencias, sino porque la propia operación revela aquello que pretende negar: que existen memorias que incomodan, experiencias que desbordan el relato oficial y formas de pensamiento que no se dejan reducir a una sola interpretación del país. Y quizá ese sea el mayor fracaso de toda guerra cultural: creer que la memoria es un objeto que se puede descolgar, cuando en realidad es una fuerza que, incluso en silencio, sigue trabajando bajo la superficie del mundo.
La cultura es mucho más que un conjunto de objetos expuestos en vitrinas. Es una construcción colectiva, levantada durante siglos con conocimientos, imágenes, palabras, creencias y preguntas. Ningún gobierno la ha creado por sí solo. Ninguno puede arrogarse el derecho de decidir qué partes de ella merecen existir.
Lo ocurrido en el Museo Nacional es grave y debe revertirse cuanto antes. Las piezas retiradas deben volver a las salas. Las historias que encarnan deben recuperar su lugar en el relato común. Un museo público no puede convertirse en instrumento de exclusión ideológica ni quedar sujeto a la visión particular de un gobernante. Entretanto, debemos impedir que las imágenes desaparezcan de la conversación pública. Hay que reproducirlas, compartirlas, investigarlas y hacerlas circular por otros medios. Hay que escribir sobre ellas, crear nuevas obras, recuperar sus historias y dar espacio a las voces que representan. Frente al silenciamiento, más arte; frente a la censura, más memoria; frente a la exclusión, más creación y más circulación de ideas.
* Nicolás Bonilla Maldonado es PhD, artista, historiador, docente
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Juan(cnp52)•Hace 16 minutosEl museo nacional esta exhibiendo 30 o mas obras de caracter francamente minimilistas todes ellas firmadas por De la Espriella Style. Es imposible negar la unidad conceptual y material de estas obras: todas candorosas y hechas con jirones del traje nuevo del emperador. En el pasado el artista ha oscilado entre el vacio zen y la vulgaridad mas estridente.
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Gloria(38605)•Hace 31 minutosExcelente columna. Me pregunto si la ministra Paola Holguín tendrá la capacidad de comprender lo que es cultura.