Por: Tatiana Yelena Rodriguez Mojica*
Más de 200 respuestas generó el siguiente tuit publicado a principios de 2018 por el hoy ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria: “Comienza el año y las tutelas exóticas, Juzgado 23 de Bogotá ordena lo siguiente para una persona con discapacidad visual”.
Al texto lo acompañaba una imagen con un particular listado de elementos, entre ellos, una guía para firmar, grabadoras y receptores, ábaco, calculadoras, máquina de escribir, papel o plástico especial para escribir, relojes de mesa, enhebrador de agujas y ayudas para pesar y medir alimentos. Elementos que indudablemente mejoran la calidad de vida de personas con discapacidad visual y para otras con esta misma condición, son absolutamente indispensables para desempeñar diferentes labores o vivir en la cotidianidad. Estos elementos los debe proporcionar el estado directamente, sin llevar a la persona con discapacidad visual a una medida desesperada como es la acción de tutela.
Por ejemplo, para Alexander Rodriguez, Ingeniero Electrónico, quien tiene discapacidad visual y con su esposa crearon una microempresa de uniformes de colegio y dotaciones para empresa, Donati, “es indispensable, como persona ciega, el enhebrador de agujas y el metro en braille porque además de realizar la contabilidad, me desempeño pegando botones y comprando los insumos textiles”.
Así mismo, para José David Díaz, músico y Compositor Colombiano con discapacidad Visual y finalista del Festival Internacional Cantar Ciego Melodías del Alma de Miami (Estados Unidos), es necesario una máquina de escribir Braille por su profesión y porque actualmente está realizando unos talleres de Musicografía Braille.
“El Braille para nosotros es supremamente necesario. Este taller enseña cómo escribir los signos musicales en Braille, la máquina Perkins agiliza el proceso de escritura, y también permite ir leyendo al mismo tiempo que se escribe, aspectos indispensables para la elaboración de material adecuado para los participantes de este taller”.
Pero el debate no debe estar centrado en las tutelas supuestamente exóticas para adquirir estos elementos, sino en la calidad de la rehabilitación a la que tiene derecho esta población. Así mismo en la poca garantía de derechos de las personas ciegas y con baja visión.
Según el Diagnostico Situacional de la Población con Discapacidad Visual, realizado por la Universidad Nacional, el 80% de las personas vive en condiciones de pobreza y presentan serias dificultades para acceder a bienes y servicios. Son frecuentes los casos de personas con discapacidad visual, que no tienen para comprar un bastón guía. En el mercado su precio oscila entre $ 40.000 y $ 150.000 pesos.
Edwin Orlando Vázquez, por ejemplo, tiene discapacidad visual y el pasado 14 de abril perdió su bastón cuando se encontraba en la estación de Transmilenio calle 19. Al dirigirse al articulado, el conductor cerró la puerta y arrancó quitándole el bastón de las manos. Por varios días utilizó un palo como bastón guía hasta que sus compañeros del grupo de oración al que asiste, hicieron una recolecta para comprarle un bastón.
Las personas con discapacidad visual pueden desempeñar diferentes profesiones u oficios, pero lamentablemente no hay oportunidad laboral para estas personas. Un estudio de la Universidad Gran Colombia reveló que el 62% de esta población se encuentra sin empleo y de los que ejercen alguna actividad económica, el 31,2% gana menos de $500.000 y el 2,7% entre $500.000 y $1000.000.
Preocupantemente, los que deciden estudiar una carrera profesional no consiguen empleo o no tienen oportunidad laboral en su profesión. Es el caso de David Salas quien tiene baja visión y es Administrador de empresas. “He presentado muchas entrevistas en las que cumplo con el perfil, pero siempre obtengo una respuesta negativa. Incluso, en una empresa me contestaron que no cumplía con los requisitos físicos para desempeñar el cargo”, advierte. Por fortuna este administrador actualmente tiene trabajo, pero no ejerciendo su carrera.
Así mismo, de acuerdo a cifras del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), en Bogotá de las 32.225 personas con discapacidad visual que están en la edad de estudiar, solo 3.185 mujeres y 3.774 hombres asisten a las aulas. Lamentablemente los que deciden estudiar una carrera profesional, se encuentran con cientos de barreras que les impide ejercer este derecho.
El caso de Adriana Morales es buena muestra de ello. En 2010 ingresó a la Universidad Iberoamericana a estudiar Fisioterapia y desde ese momento empezó a sufrir actos de discriminación. Los profesores la persuadían para que cambiara de carrera y le sugerían educación especial, porque con su discapacidad era muy difícil que llegara a graduarse. Adriana, sin embargo, demostró que ser fisioterapeuta era su meta. No era la primera persona con discapacidad visual que elegía esta profesión.
Pese a ello, al llegar a “práctica tres” (terapia respiratoria), se agudizaron las dificultades y, aunque a Adriana no le interesaba esta área pues prefería dedicarse a otros campos dentro de la profesión, la universidad se lo exigía. Tras pasar por varios hospitales, no logró avanzar. Luego de asesorarse de abogados y de distintos profesionales para mediar con las directivas de la entidad, la respuesta siguió siendo la misma: “si no pasa terapia respiratoria no se puede graduar”. Finalmente, Adriana decidió retirarse en 2016 de la institución, pero al solicitar la devolución del semestre en curso se encontró con una respuesta negativa.
Podríamos seguir mencionando cientos de ejemplos donde se evidencia, la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad visual y que claramente no serán tendencia en redes sociales, ni tema de preocupación para algún ministro o senador porque si algo ha caracterizado la vida de las personas con discapacidad es la indiferencia e ignorancia frente a esta población.
*Directora de la Fundación Sirius - Una Nueva Luz.