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No es salto al vacío; es, precisamente, aterrizaje en tierra firme de los ejes de la paz, esta vez sin retórica ilusoria. Encarando los desafíos de un país que se le escurre a veces entre los dedos al poder público, Juan Fernando Cristo traza un plan de choque que acelera la implementación de la paz acordada en 2016. Tras cuatro años de boicot por negligencia en el Gobierno Duque y dos más de candidez y largueza en diálogo infructuoso con grupos que se niegan a dejar las armas, el narcotráfico y la agresión contra la población, el ministro del Interior coge el toro por los cuernos: contempla frentes que impactan directamente la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo de los territorios. Diseña la acción desde la realidad de las instituciones, con los recursos necesarios y mediante alianza entre Estado, sector privado, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional. Reenfoca, pues, las políticas de paz y seguridad, e insiste en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis.
Seis áreas estratégicas contempla el plan de choque: pactos territoriales para coordinar inversiones y proyectos de alto impacto en las 16 regiones PDET, coordinados entre los gobiernos nacional, regional y local; Reforma Rural Integral, acelerando la entrega de tierras y proyectos de desarrollo económico; reformas legales para mejorar la ejecución del acuerdo —a saber: jurisdicción agraria y la reforma política que propone listas cerradas, financiación estatal de campañas y reforma del Consejo Nacional Electoral—; seguridad en el territorio, por acción simultánea de los ministerios de Interior, Defensa, Justicia y la Fiscalía contra organizaciones criminales; gobernanza: los desarrollos del plan de choque serán controlados y supervisados por la cartera del Interior, Planeación Nacional y la Consejería para la paz; finalmente, contempla la convocatoria a partidos, gremios, organizaciones sociales y comunidades étnicas al acuerdo nacional para la paz y la estabilidad política.
La propuesta de acuerdo batalla contra la mar bravía de la polarización, pero avanza confiada hacia el respeto por la democracia electoral, el ejercicio de la política sin balas ni insultos, y la deliberación civilizada sobre reformas sociales que cursan en el Congreso. Invita a suscribir las estrategias de industrialización y desarrollo rural bajo el modelo de crecimiento con equidad en el tercer país más desigual del mundo después de Suráfrica y Namibia, según el Banco Mundial. Un precedente prometedor el pacto entre Gobierno y Asobancaria: de los $55 billones en créditos acordados, 10,6 % se ejecutaron en el primer mes.
Mas no faltarán quienes, movidos por pasiones primarias, rechacen esta concertación de mínimos y prefieran cargar con el estigma —histórico y electoral— de haberla desairado. Ya debutó César Gaviria: el flamante, inamovible director del partido que liberó a los esclavos, separó a la Iglesia del Estado y ha promovido la reforma agraria, no suscribe un acuerdo elemental de respeto por la democracia y la justicia social. ¿Tampoco avala el control territorial del Estado y el ejercicio de la autoridad legítima en El Plateado, hoy teatro de operaciones militares contra los violentos? ¿Coronará al liberalismo como la colectividad más reaccionaria del país?
Cuando la “paz total” como modelo de negociación naufraga, Juan Fernando Cristo toma el relevo con el estandarte que siempre debió ser: reivindicar a la población, darle seguridad y transformar su territorio. Si las opciones no podían ser tierra arrasada, ni gratuita complacencia con la contraparte y freno a la Fuerza Pública, la alternativa del ministro rescata las posibilidades de la paz desde el derecho de las víctimas. Como lo mandan la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
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