Incertidumbre en seguridad

Muchos lo han dicho, con buen tino. En dos pilares se sostiene la seguridad, que es presupuesto de la paz: primero, en el encaramiento a los actores de la violencia y, segundo, en políticas de Estado capaces de transformar las condiciones sociales que alimentan el conflicto. Al primero responde este Gobierno con un estatuto antiterrorista contrario a la Paz Total, pero de tan ambiguo espectro que podría caer en arbitrariedades de autocracia. Al segundo responde reduciendo dramáticamente el financiamiento de la Reforma Rural Integral, núcleo del Acuerdo de Paz que perfila un verdadero plan de desarrollo para el campo, con reforma agraria y PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) en los 170 municipios más azotados por la guerra. Este viraje devuelve al Estado su capacidad de iniciativa y control frente a grupos armados que desafían la seguridad. Pero patina en el peligro de deslizarse hacia el crudelísimo modelo de seguridad a la brava de Bukele, por un lado; y, por otro, ahondaría el problema primigenio de la tierra y del abandono del campo, causas seculares de la violencia.

El Gobierno reemplaza la desastrosa Paz Total con una ley de sometimiento a la justicia, sin negociación ni concesión de estatus político a ningún actor armado, que todos serían ilegales o terroristas. Sería un sometimiento condicionado a reparación a las víctimas, desmantelamiento, entrega de bienes, judicialización ordinaria e Intervención Territorial Integral (ITI). El proceso no suspende la acción de la Fuerza Pública, la acción penal, las órdenes de captura ni de extradición. Obraría este estatuto con lista negra de organizaciones y de personas que, a juicio de un Consejo Nacional de Seguridad, califiquen, aún sólo por sospechas, como terroristas. Entre los muchos sospechosos, personas cuya labor “intelectual” o “informativa” sirvan al nefando propósito. Este órgano, designado por el presidente y monolítico, aplicaría en forma expedita sanciones penales y financieras. A la Trump. Un ente administrativo del Gobierno recibiría competencias de la Justicia. El texto no prevé expresas garantías de debido proceso, ni previene contra la tentación de confundir discrepancia política o libertad de pensamiento con terrorismo. Como en tiempos de la doctrina de seguridad nacional.

Misión de los PDET es ejecutar, con las comunidades, planes de transformación integral del campo. Obran ellos como medio para desarrollar la Reforma Rural en regiones tiranizadas por el conflicto armado, por la ausencia de Estado, por la pobreza y las economías ilegales. En el campo, la inseguridad alimentaria afecta al 21 % de la población: 12 millones de campesinos no comen lo necesario. Eje del cambio, la reforma agraria, en un país donde la concentración de la propiedad rural escandaliza: el 70 % de las fincas menores de cinco hectáreas ocupa sólo el 2 % del área rural; en cambio, las mayores de 500 hectáreas son apenas el 0,4 % de los fundos, pero representan el 77,3 % del área rural. Si el Gobierno pidió a la ONU que deje de verificar la implementación de la reforma agraria, ¿qué depara el plan de desarrollo en ciernes?

Se pregunta el expresidente Santos por qué no implementar los puntos del Acuerdo de Paz en sana combinación de seguridad, justicia y desarrollo, si ellos podrían resolver tantos problemas que nos agobian. Por qué no desarrollar los PDET si en lo alcanzado hasta ahora han probado sus bondades, remarca. Se muestra él de acuerdo con la ley de sometimiento condicionado del presidente De la Espriella, pero le parece insuficiente: faltaría trabajar con las comunidades para recuperar el territorio, y despojar de su poder financiero a las mafias que allí prevalecen por el control de las economías ilícitas. Voz autorizada la del Nobel de Paz, poderosa como enseña de sentido común, reivindica la paz que todos, tirios y troyanos, terminaron por suscribir en el Teatro Colón en noviembre de 2016.

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