Efectos políticos

Al día siguiente, desde la misma misión diplomática y de la mano de Estados Unidos, Colombia se adhirió al Consenso de Ginebra, una declaración de 47 Estados que proclama que no existe un derecho internacional al aborto. Ordóñez, tan preciso y diligente como siempre, salió a aclarar que el documento carece de efectos jurídicos y que sus repercusiones son políticas. Tiene razón y el hecho sigue siendo igual de grave. Cualquiera que se haya sentado a estudiar el origen de los derechos sabe que estos no han surgido de manera espontánea, todos han nacido de movilizaciones sociales que han empujado la consagración de los mismos en leyes, constituciones y tratados. Es decir, los derechos tienen un origen político y por medios políticos nos pueden ser arrebatados.

Durante casi medio siglo, las estadounidenses vivieron con la certeza de que Roe contra Wade, el fallo de 1973 que protegía el derecho a abortar, era una conquista definitiva. En junio de 2022, con la decisión de una Corte Suprema recompuesta por Donald Trump, una sentencia borró ese derecho de un plumazo y devolvió la decisión a cada estado. En cuestión de semanas, más de una docena de estados prohibieron casi por completo el aborto y las mujeres empezaron a cruzar fronteras estatales, a desangrarse en salas de urgencias donde los médicos temían ir presos, a parir hijos no deseados y en últimas, a morir. Ese retroceso tuvo varios antecedentes: nombramientos judiciales adversos a la IVE, leyes locales que estrechaban el acceso y discursos que, como el de Ordóñez, se presentaban como meras declaraciones políticas sin efectos jurídicos.

Tampoco es aleatoria la elección de Ordóñez como embajador. Cuando llegó a la Procuraduría en 2009 decidió convertir el Ministerio Público (la entidad encargada de vigilar que los funcionarios cumplan la ley) en una trinchera contra el fallo de las tres causales. Desde su despacho y el de sus procuradoras delegadas (una de ella la actual ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos) salieron pronunciamientos que presentaban la píldora del día después como abortiva y que hablaban del aborto como un atentado contra la familia y contra la humanidad, hasta que en 2012 la Corte Constitucional, en la sentencia T-627, les ordenó rectificar públicamente por difundir información falsa. Ordóñez es y ha sido un férreo enemigo de los derechos de las mujeres, lleva décadas siéndolo y ahora es enviado por el gobierno de De la Espriella a alinear y planear internacionalmente el retroceso.

En Colombia, la despenalización del aborto llegó en 2022 después de años de plantones, demandas y acciones sostenidas del movimiento feminista. Fue una conquista política y por esa vía quieren deshacerla. Saben muy bien que ir abonando el terreno discursivo, internacional, cultural y social es el camino para retrocedernos a la tragedia del pasado. Ningún derecho está salvaguardado de manera definitiva, mucho menos los de las mujeres. Nos llamo entonces a estar alertas y en permanente movilización, aunque lo quieran matizar y edulcorar, nosotras sabemos muy bien lo que entrañan los “efectos políticos”.