Anticorrupción corroída

Entre 2016 y 2020, Transparencia por Colombia documentó 967 hechos de corrupción que comprometieron más de 92 billones de pesos. Pero el fenómeno trasciende el erario: Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio privado, que no siempre es dinero. Poder, lealtad, silencio, obediencia e incluso amor pueden estar detrás de actos que corroen la legitimidad y la dignidad institucional, base de la salud de la cosa pública.

En la última semana, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó su ofensiva contra la corrupción. Designó a Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema y antes juez de Instrucción Penal Militar, como secretaria de Transparencia y le encargó estructurar un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción. También anunció auditorías y reveló la existencia de agentes encubiertos en la administración pública, sin explicar quién los dirige ni bajo qué figura legal actúan.

Aunque el presidente aseguró que no pretende reemplazar a los jueces, preocupa la existencia de estos espías sin que se conozca quién responde por sus actuaciones. A esto se suma la insultada pública del presidente al malfamado Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, por sus conocidos antecedentes. Acuña tiene procesos abiertos, pero en un Estado de derecho, como aún lo es Colombia, son los jueces quienes procesan a los ciudadanos y no el jefe de Estado desde su tarima presidencial.

El director nacional de Bomberos fue llamado corrupto en público y salió del cargo por un caso que la Fiscalía aún investiga. Asimismo, el Gobierno insiste en apartar al rector de la Universidad de Córdoba, pese a un fallo del Consejo de Estado que declaró legal su elección. Nadie sensato puede oponerse a perseguir a los corruptos; sin embargo, en los tres casos, la lucha contra la corrupción se brinca el debido proceso, la presunción de inocencia y las decisiones judiciales. Pasa por alto el señor presidente que, con esos métodos “enciendeaplausos”, corroe aquello que dice proteger y que combatir a los corruptos no autoriza a burlar la institucionalidad.

La herramienta anticorrupción sin contrapesos termina pareciéndose a aquello que pretende combatir. A esta anticorrupción corroída se suma otra, más silenciosa: el poder gubernamental afectando la autonomía gremial o influyendo sobre los medios. Nadie se robó un peso, pero el abuso del poder y la docilidad de quienes deberían servirle de contrapeso descomponen la independencia de las instituciones.

Luchar contra la corrupción implica que no haya autocensura por miedo; que los periodistas pregunten con libertad; que los gremios disientan sin perder interlocución; que los ciudadanos no sean señalados por sus gobernantes sin debido proceso y que el modo de gobernar respete los valores de la República y la democracia liberal.

Lo contrario es solo ruido en tarima y lo que el latín ya nombraba hace siglos: corrumpere, echar a perder desde adentro.