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Reconstruir mejor la atención a la niñez bajo legislación de emergencia.
Este inicio de gobierno coincide con los 10 años de la Ley 1804 de 2016, que estableció la “política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia”, conocida como “De cero a siempre”. Parece una buena coyuntura para evaluar, corregir y avanzar.
Los cinco años de la ley nos hallaron en medio de la pandemia del Covid-19, luego vino el gobierno Petro y ahora tenemos los daños del terremoto. De modo que muchos están mirando a la directora del ICBF como un niño huérfano ansioso de señales tranquilizadoras.
La directora, Carolina Restrepo, ha dicho que no llegó “para administrar lo de siempre, proteger intereses ni conservar privilegios”, sino para “poner orden, revisar lo que haya que revisar y cambiar lo que haya que cambiar”. Vamos a aferrarnos a esas palabras.
En estos 10 años no hemos tenido política de Estado para la primera infancia. Al contrario, vimos su desplazamiento político (y presupuestal), opacidad gubernamental y, en el periodo anterior, un franco deterioro de las condiciones institucionales. Llegamos a un momento crítico.
Como mostré en Democratizar la contratación, dañar la atención a la primera infancia (11/feb/2024), el gobierno Petro se propuso que el 75 % de los operadores de ICBF fueran “organizaciones de base”, por razones políticas. Esto implicó devolverse a la discrecionalidad que con mucho esfuerzo habíamos disminuido.
La sustitución de operadores idóneos, previamente clasificados por capacidad según requisitos e indicadores, por una atomización de operadores improvisados, más la (inesperada) irregularidad en los pagos, condujo al declive actual de la calidad en la atención a la primera infancia. Esos contratos terminan pronto y hay que decidir.
Como la solución estructural no se logra montar de inmediato, es necesaria una fórmula de transición. Y no es tan sencillo como volver al esquema de Santos y Duque porque i) Petro destruyó capital institucional de operadores idóneos, y ii) el ICBF no ha ofrecido nunca la estabilidad y la remuneración (de la administración) que se requieren, ya que al sistema político le encanta tener que firmar contratos cada año.
Veníamos con un descuido terrible de las instalaciones de muchos CDI y HI, y ahora por el terremoto pasamos a un desastre en varios departamentos, comenzando por el Chocó. La situación amerita medidas excepcionales de emergencia.
No basta escoger a los operadores idóneos capaces de economías de escala, firmar contratos por dos años al menos (“estabilidad”) y remunerar expresamente la administración (para eliminar el incentivo perverso que cuesta más cuando el operador baja la calidad para pagarse).
Hay que lograr vincular otras capacidades. aeioTU/Fundación Carulla es la empresa social líder en educación infantil del país, reconocida internacionalmente, que por buenas razones no busca ser operador del ICBF. El gobierno debería poder convencerlos, garantizando las condiciones necesarias, de que lideren un consorcio de universidades, constructores y operadores para reconstruir mejor la atención a la niñez en los departamentos más golpeados.
Deben estar exasperando a la directora por los contratos bajo la discrecionalidad y politiquería que dejó Petro. Eso no sirve. Con una transición bajo otras reglas y visión se los quita de encima.
Más contexto en ICBF y cinco años de la “política de Estado” para primera infancia (27/jun/2021) y Politización y daño de la educación inicial (23/feb/2026).
