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Hemos “normalizado” o “banalizado” hechos que encierran cuestiones fundamentales de la política educativa.
Fecode hizo paro nacional el 28 y 29 de agosto, y convoca otro para el 12 de septiembre. ¿A quién le importa? Eso ya es normal. El MEN saca comunicados sobre algunos motivos aducidos a los paros, pero evita referirse a estos. Nos hemos resignado. No vale la pena recordarles a los colombianos que la pérdida de clases es un hecho anormal con varios impactos negativos.
En el cogobierno de facto y de iure que ha logrado Fecode no está bien visto discutir el fundamento legal de los paros y sus razones, ni pedirles la reposición de las clases perdidas y menos el atrevimiento de hacer notar que por cada día de paro se pierden con frecuencia dos días de clases por las asambleas informativas de los docentes.
Entre las cinco motivaciones del paro del 12 de septiembre se lee: “Exigir el respeto y el reconocimiento de las instituciones educativas como territorios de paz” y “ratificar su respaldo (de Fecode) al proceso de paz y el respeto por la JEP”. Gaseoso y político. El Gobierno está cumpliendo los acuerdos, pero aducen que no en dos paros en 15 días, y también la “defensa de la vida”. Lo nuevo son las amenazas a integrantes del comité ejecutivo de Fecode, que no se resuelven con un paro.
Este poder no regulado de decidir si hay o no clases para ocho millones de estudiantes se traslada a los asuntos centrales de la política educativa. Hemos “normalizado” que lo que importa es el monto del presupuesto de educación. Los gobiernos sacan pecho cuando es el más alto. Y Fecode lidera la visión de aumentar el monto a través de una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP).
Pero en realidad el presupuesto de la educación tiene un gran problema: su distribución entre funcionamiento e inversión. De los $43 billones del presupuesto 2020 que se discute en el Congreso, 91% es para funcionamiento y 9% para inversión. Una reforma educativa estructural debería llevar gradualmente la relación a 80% y 20% para elevar la calidad. Como mostró la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, estamos “volados” en este indicador fundamental frente a países de referencia.
Lo que tenemos en Colombia es un gasto de funcionamiento alto e inflexible sin incentivos adecuados para elevar la calidad y poca inversión en calidad. La nivelación salarial y los acuerdos con el magisterio nos han llevado a que el costo de la nómina se coma cada vez más los ingresos del SGP. Esta tendencia es insostenible y se refleja en el deterioro físico de miles de instituciones educativas, que menos van a tener para innovaciones pedagógicas que eleven la calidad educativa.
Sin embargo, nos da susto explicarle a Fecode que no podemos seguir aumentando el monto del presupuesto de educación para reproducir la estructura del gasto entre nómina e inversión. Que no es “normal” que hagan paros cuando quieran por los motivos que les plazca ideológica y políticamente, y que los docentes no respondan por el aprendizaje de los niños. Y tampoco es normal dar por perdida la batalla política y cultural por la educación sin haberla intentado siquiera.
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