Cerrar, pero no a costa de la justicia

Las críticas de los principales líderes de las desmovilizadas FARC-EP en contra de la JEP son inquietantes y afectan el corazón del acuerdo final de paz. Sus críticas apuntan a que la JEP se ha desnaturalizado y ya no es un órgano que les ofrezca garantías de cumplir con lo pactado en el proceso de paz. Por tanto, proponen crear un tribunal de cierre que dé seguridad jurídica. Esta propuesta es inviable, inconveniente y problemática.

Como lo plantearon en entrevista con Semana, la apuesta es crear un tribunal que permita que todas las partes en el conflicto digan la verdad y obtengan a cambio el perdón de sus crímenes. No habría sanción.

Esto es jurídicamente inviable, pues se trata de una fórmula incompatible con el derecho internacional actual y dejaría sometidos a los comparecientes a una mayor inseguridad jurídica, por ejemplo, frente a la Corte Penal Internacional. Pero sobre todo, dejaría este proceso sin un esfuerzo genuino por investigar y hacer justicia, con lo cual, habría un retroceso importante para las víctimas y para el país.

Además, ¿es realista creer que lograr un acuerdo nacional y armar una nueva institución de la nada puede generar seguridad jurídica más rápido que la JEP? No lo creo. Ni el contexto político, ni los tiempos, ni los recursos permitirán llegar a este resultado. En contraste, la JEP tiene tiempos muy concretos y acotados que no podrá extender. Por tanto, sus resultados deben verse pronto y con ellos vendría mayor seguridad jurídica.

Si, como sugieren algunos analistas, el propósito real de estas críticas es ambientar la no comparecencia al macrocaso 11, que es el más reciente y se enfoca en violencias de género y por prejuicio, la inconveniencia de la propuesta se hace más evidente.

Con un tribunal como el propuesto, las posibilidades de esclarecer la verdad y establecer responsabilidades frente a estas violencias, incluida la violencia sexual, serían sepultadas. Si no hay reconocimiento ante la JEP ¿por qué lo habría frente a otro tribunal? Este caso es importante para víctimas y sobrevivientes, pero también para la construcción de una paz duradera. Creo que la posibilidad de vivir en un país libre de violencias de género y prejuicios pasa por entender lo sucedido y, a través de las sanciones, comprometerse a que esto no volverá a ocurrir.

Esta propuesta es problemática también porque se basa en un diagnóstico parcialmente errado. Es verdad que las decisiones de fondo de la JEP sobre responsabilidades y amnistías se han demorado y eso afecta la seguridad jurídica de los comparecientes de FARC y Fuerza Pública. Los efectos de tener procesos abiertos suelen ser difíciles, en especial para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica, muchos de los cuales no son máximos responsables. Pero de ahí a decir que la JEP ya no ofrece garantías para cerrar el proceso hay una enorme diferencia, sobre todo cuando se han empezado a ver avances.

Además, las otras razones que argumentan los ex miembros del secretariado, sobre las que espero volver en una columna posterior por sus complejidades técnicas, tienden a magnificar los efectos de algunas decisiones y a desconocer que se pueden amparar en lecturas razonables del acuerdo.

En el corazón del actual debate JEP-FARC hay dos visiones encontradas sobre el alcance del acuerdo final de paz. Para las antiguas FARC, el acuerdo exige que la JEP sea un tribunal para la paz, que solo orienta sus decisiones a la búsqueda de esta. Por su parte, la JEP entiende que no puede haber paz sin justicia para las víctimas.

Estas dos visiones son compatibles con el acuerdo, pero generan tensiones que deberían resolverse en el contexto de este. Por eso, creo que lo mejor para buscar salidas a este debate es exigir a la JEP avanzar más rápido y con mayor claridad sobre los verdaderos alcances que puede tener frente a los derechos de las víctimas. Pero también, pedir a las antiguas FARC claridad de propósito. Saltar al vacío de una institución más pondría en peligro el acuerdo y los frágiles avances que este ha tenido. También traería más incertidumbre para las víctimas y sus derechos.

* Directora de Dejusticia y profesora de la Universidad Nacional.