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26 May 2020 - 5:00 a. m.

Semana de cuatro días

El inesperado evento de la pandemia, que no surgió de dificultades en los procesos tradicionales de producción, sino tal vez de un accidente de la naturaleza, tiene efectos en el empleo que exigen ingenio y acción para evitar consecuencias devastadoras.

Apelar, o tener que apelar, al despido de los trabajadores, es como cerrarles la llave no solo de las oportunidades sino de la subsistencia, a ellos y a sus familias. Por eso, y en una materia tan sensible, no solamente desde el punto de vista humano sino desde las premisas económicas, sociales y políticas del futuro, es mejor obrar con cautela y a la vez con imaginación.

Bajo las circunstancias presentes, nadie se debería aferrar a ultranza a los parámetros existentes de las regulaciones laborales, pensadas, o luchadas, para situaciones diferentes de la de ahora. Así que una premisa fundamental, para que sea posible acertar hacia adelante, es que resulta inadecuado aplicar a rajatabla los parámetros tradicionales, como si la amenaza del virus hubiese sido motivada por culpa de alguno de los protagonistas de la relación de trabajo.

Hay que entender que todos los actores de la vida social, y de la producción de bienes y servicios, son víctimas del mismo fenómeno. Cada uno en diferente proporción, eso sí, y con diferente capacidad de aguantar una serie de medidas que no se han tomado en ninguna parte para castigar a nadie, sino para proteger la vida.

Cuestión difícil de aceptar cuando el ánimo está golpeado y el estómago vacío, además de la ausencia, así sea momentánea, de esperanzas. También cuestión de difícil manejo en cuanto a las posibles transgresiones de las fronteras aceptables de limitaciones a las libertades públicas. Pero ese es otro asunto.

Reducir la interpretación y el tratamiento de las dificultades laborales a sus aspectos jurídicos, y adoptar dentro de ese campo posiciones radicales o irreconciliables, puede resultar inoficioso, pues nos encontramos ante una circunstancia que, en lugar de ser vista como ocasión para ganar de una vez todos los pleitos pendientes, del lado que sea, exige flexibilidad y reconocimiento de una verdad incontestable: todos vamos a perder un poco. Aunque, por supuesto, debemos evitar que alguna de las partes, principalmente los trabajadores, que son tradicionalmente los más débiles, lleguen a perderlo todo.

Si se pudiera estar de acuerdo en que el desempleo no es solamente un asunto económico ni estadístico, sino un problema social y político, con un trasfondo humano sobresaliente, tal vez sería posible llegar a consensos que eviten un deterioro del clima social que es preciso evitar a toda costa. Consideración de orden estratégico conveniente para todas las partes en la perspectiva del futuro.

Jacinda Ardern, la flamante primera ministra de Nueva Zelanda, a quienes algunos han propuesto como “presidenta de Australasia”, ha estado de acuerdo en que hay que dar por terminada la idea de que la flexibilidad en las relaciones laborales depende exclusivamente de los empleadores.

Después de haber tomado medidas de evidentemente drásticas y conjurado en su país, por ahora, la amenaza de la pandemia, Jacinda aparece con la idea de considerar la adopción de una semana laboral de cuatro días. Esto dentro de las opciones de reanimación de la economía, con la idea de compensar la disminución del turismo extranjero con tres días de descanso para los nacionales, que fortalecerían el turismo interno. Con los arreglos adicionales que darían flexibilidad a las relaciones laborales.

No se trata de una imposición, sino de una idea, según ella, proveniente de diferentes sectores sociales y que debería ser resuelta por acuerdos entre empleadores y empleados. Claro que con base en las exitosas experiencias derivadas del empujón del coronavirus en favor del trabajo en casa, la eliminación de desplazamientos y el papel creciente de actores, entre ellos muchas mujeres, capaces de integrarse a la actividad económica sin abandonar su lugar de residencia. Es decir, con base en nuevas realidades, y opciones, de la vida laboral, bajo las nuevas circunstancias.

Nueva Zelanda tiene tradición de innovación política y exitoso laboratorio de reforma social. Para la muestra, la temprana participación femenina en política, y la ubicación del sistema pensional y la protección ambiental como prioridades nacionales. Para no hablar de medidas orientadas al fortalecimiento de la justicia social, sin golpear innecesariamente a las empresas ni a los contribuyentes medios, y elevando las cargas a la propiedad. Todo con el complemento de una ciudadanía que se interesa por la política y el buen gobierno, y un sistema de representación política que deja espacios para la contribución política de las minorías.

No es que se trate de imitar en todo a Jacinda, y menos aún en países diversos y llenos de complejidades, en los que la población de Nueva Zelanda cabría muchas veces. Pero se trataría de innovar, de ejercer en la materia un liderazgo amable y constructivo, al que hay que invitar a la oposición y a todos los sectores sociales relevantes, como práctica democrática que tiene que dar resultados, siempre y cuando se pueda entender que las responsabilidades de cada quien deben ser complementarias.

Como lo observa un sensato conocedor, bien vale la pena que los trabajadores, y los sindicatos, sean reconocidos como protagonistas constructivos de la solución, para que sea posible proteger el “tejido empresarial”, cuya supervivencia conviene, y que los empleadores aprendan a estar mejor preparados, con provisiones suficientes para el pago eventual de compensaciones, para garantizarles empleo a sus trabajadores en tiempos de dificultades, en lugar de sacar cuanto antes del circuito sus utilidades. De manera que quede atrás el esquema según el cual cuando todo va bien ganan ellos, pero cuando va mal pierden los otros, y a los gobiernos les toque, con el dinero del público, arreglar el problema.

Con la buena voluntad y la flexibilidad de todos, sería posible adoptar medidas que permitan pasar por esta angostura, de manera que se garanticen condiciones de supervivencia para todos, que es la única fórmula para que la reactivación del futuro tenga lugar sobre unas bases que no se encuentren en ruinas. Y mucho menos en la ruina de empresarios y trabajadores.

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