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En las últimas semanas, Camila Zuluaga, Ana Cristina Restrepo y Vladdo fueron despedidos de reconocidos medios de comunicación: Blu Radio y Noticias RCN, respectivamente. En los dos casos los dueños de estas emisoras adujeron que enfrentan dificultades económicas. No obstante, es evidente que estos periodistas eran incómodos para el presidente Abelardo de la Espriella (ADLE) por ser críticos de algunas de sus decisiones y actuaciones. Todo indica que no es casualidad la coincidencia de las explicaciones que sustentaron sus decisiones. Se asemeja más bien a una estrategia calculada para no “molestar” al gobierno.
Eso no solamente constituye una violación al derecho consagrado en la Constitución sobre la libertad de prensa y de expresión: también es una muestra más de la injerencia del gobierno en decisiones que se supone son del fuero del sector privado. Algo similar ocurrió con el nombramiento de varios altos funcionarios de algunos gremios que fueron vetados por el Ejecutivo. Para muchas personas esto constituye una injerencia indebida en decisiones como, por ejemplo, la escogencia de sus directivos, que suelen ser del fuero de los gremios y sus afiliados. Lamentablemente, prácticas como estas no son exclusivas de este gobierno, pero en esta ocasión han generado malestar y preocupaciones porque presuntamente estas decisiones no se han basado en cuestionamientos a la experiencia e idoneidad de las y los nominados inicialmente, sino por sus relaciones con personas vinculadas al anterior gobierno.
Tampoco son una casualidad las limitaciones al acceso de información pública que, como su nombre lo indica, nos pertenece a todos, sino una estrategia para controlar sus contenidos que se transmiten a la ciudadanía. Por ejemplo, impedir que los ministros concedan entrevistas a los medios a menos que sean "amigos”, como se ha expresado públicamente. Concentrar la divulgación en unas pocas personas puede generar dudas de si es completa o veraz. Esto incluye a entidades como el DANE, encargada de establecer cifras como la inflación, el desempleo y otros indicadores socioeconómicas, entre otros, que afectan e impactan a todos los ciudadanos, los empresarios y el propio gobierno, porque son esenciales para la toma de decisiones.
Por último, tampoco son una casualidad sino una estrategia cambiar o eliminar palabras que identifican a grupos poblacionales para ajustarlos a una ideología afín al gobierno y sus miembros. Dos casos concretos ilustran esto: sugerir que se excluya palabra “niñas” para identificar las condiciones de género y solo utilizar el genérico “niños”. Estas denominaciones no responden a la ideología de género que tanto se critica, sino al reconocimiento igual a ellas y a ellos. Otro ejemplo es el cambio de la palabra “campesinos” por “pequeño empresario del campo” propuesta por el ministro de Agricultura. Esto borra una identidad y categoría jurídica que ya tiene reconocimiento constitucional.
Estos hechos no son casualidades. Son estrategias calculadas que han sido utilizadas en el pasado por varios gobiernos y en varios países, pero no por ello deben pasar desapercibidas o minimizar su impacto. La ideología, cualquiera que ella sea, no puede ser una excusa para desconocer o violar derechos adquiridos plasmados en la Constitución y la ley. Esto es el pilar que sostiene la democracia.