Las deudas de las EPS infractoras, ¿refinanciadas con dineros públicos? 

En columnas previas sobre el Plan de Choque para el sector salud, (2/10/2026) se citó textualmente al presidente: “no es un cheque en blanco para las EPS, que no reemplaza las obligaciones de la EPS. Que no se va a pagar dos veces a las EPS, lo que ya fue cancelado previamente por la ADRES”. La asignación del pago directo se definirá en una mesa técnica del Ministerio, de la Superintendencia Nacional de Salud y de la ADRES. Significa que las EPS involucradas reconocen la deuda en que han incurrido y han conciliado el valor de la misma. En la alocución del 27 de septiembre, el presidente De la Espriella ratificó que el proceso del Plan de Choque está en curso, para los 1.069.196 pacientes represados y que figuran en la base de datos del sistema.

Se aludió a la intervención de la ministra Vesga sobre el desbalance financiero estructural del sector, (09/10/2026): “decisiones erradas sobre su financiamiento, alta ineficiencia y también un plan de beneficios que no logra cubrirse con el crecimiento año a año de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”. Precisamente “las millonarias deudas de las EPS con los hospitales y proveedores” han sido denunciadas por los analistas del sistema, que las atribuyen a las desviaciones de los recursos públicos por parte de las aseguradoras, y a la cooptación del Estado por el poder dominante que han ejercido desde 1993. Así lo han registrado la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Cortes del Poder Judicial, las organizaciones profesionales afectadas y la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio.

Era evidente que el Plan de Choque se programó para resolver la urgencia de 1.069.196 pacientes represados en medicamentos y procedimientos identificados en el balance del gobierno entrante que estaban en esa condición desde la anterior administración.

En ese escenario, se expidió la Resolución 002445 de 2026 (octubre 22), por la cual se establece la Mesa para el seguimiento al Reporte de medicamentos y procedimientos en salud, pendientes de dispensación o prestación entre el 1º y el 20 de septiembre de 2026, y los términos y condiciones para el otorgamiento de créditos directos a las EPS, a través de la Adres.

Le puede interesar

Columnistas

Desenlaces fiscales

01-11-2026

Columnistas

Se necesita un Forec II

02-11-2026

Columnistas

La dictadura más peligrosa

01-11-2026

En los considerandos, menciona que, en virtud de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y de los artículos 2º y 6º de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, corresponde al Estado garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, bajo los elementos de disponibilidad, accesibilidad y calidad, y el principio de continuidad previsto en el literal d) del artículo 6 de dicha ley, en virtud del cual, una vez iniciada la prestación de un servicio de salud, esta no puede ser interrumpida por razones administrativas o económicas.

No obstante, la reciente resolución del Ministerio de Salud ha motivado diversas reacciones de comentaristas autorizados del sector, reflejadas en la página Auditoría en Salud. El doctor Germán Fernández publicó el 27 de octubre que las EPS del Plan de Choque ya habían recibido el pago de la UPC por parte de la ADRES. Se interroga por qué no se les exigen garantías a los accionistas y dueños de esas EPS infractoras, que no sean soportadas por UPC futuras, que representarían préstamos a terceros privados, con dineros públicos. Añadió que, por las EPS insolventes con enormes deudas, en causal de liquidación, el Estado tiene la obligación de garantizar que no se pierdan recursos públicos, como ya ha sucedido en múltiples ocasiones con billones de pesos.

En la misma página, la doctora Ana María Soleibe, quien fuera presidenta de la Federación Médica Colombiana, resaltó que el instrumento del Plan de Choque comprueba que el sistema de salud depende de las inyecciones de recursos públicos extraordinarios para oxigenar financieramente a las EPS y aliviar sus deudas, sin afrontar una reforma de fondo que corrija el desvío de los recursos públicos por estas entidades.

En las columnas citadas y con el marco de los comentaristas de Auditoría en Salud, queda en la sombra la intervención de la Superintendencia de Salud, que no ha informado si abrió proceso investigativo y sancionatorio a las EPS involucradas en la negación de los servicios, a los 1.069.196 pacientes, objeto del Plan de Choque. Esa entidad de vigilancia debe reportar si las EPS cumplen los requisitos de habilitación establecidos en el Decreto 682 de 2018, que exige solvencia patrimonial, factibilidad financiera representada en las reservas técnicas, sistema de gestión del riesgo, afiliación por libre elección de los afiliados, sistema de información transparente (base de datos), garantía de la prestación de los servicios de salud, entre otros.

Los cuestionamientos al Plan de Choque, de alguna manera, quedan aclarados al final de la Resolución. Se establece que las medidas del Plan no constituyen una condonación, subsidio, aporte de capital ni transferencia a título gratuito a favor de las EPS, sino una operación de crédito reembolsable, remunerada a una tasa que preserva el valor de los recursos, sujeta a condiciones de recuperación, garantías, seguimiento y control, cuyo otorgamiento dependerá de la disponibilidad de recursos y del cumplimiento de los requisitos establecidos, con el objetivo de otorgar liquidez a las EPS, traduciéndose en un beneficio para los usuarios de Sistema General de Seguridad Social en salud, SGSS, que cuentan con medicamentos y procedimientos pendientes y necesarios para su garantía del derecho a la salud.

En la visita del Presidente al Ministerio de Salud el 27 de octubre, afirmó sobre las EPS: “aquellas que sean inviables, administren irresponsablemente los recursos o sean incapaces de garantizar la atención deberán ser intervenidas sin dilación, reorganizadas o sustituidas”.

En conclusión, las EPS no pueden ignorar las condiciones del crédito y la opinión pública estará atenta a la intervención de la Superintendencia de Salud, en el cumplimiento de su obligación de investigar y sancionar, no solo las desviaciones de los recursos de la salud pública, sino también la satisfacción plena de los requisitos de habilitación para su permanencia, como aseguradoras delegadas del sistema vigente de salud.