Plan de choque en salud afronta el  desbalance financiero estructural del sector

En entrevista para Edwin Caicedo, del periódico El Tiempo (05/10/2026), quien refirió que “el Plan de Choque fue presentado con una magnitud de recursos cercana a los $10 billones”, la ministra Ana María Vesga respondió que el “sistema de salud tiene un desbalance financiero estructural” y, por consiguiente, para la primera fase del Plan de Choque dispondrá de $500.000 millones asegurados para garantizar medicamentos y procedimientos. Quiere decir que los $10 billones anunciados en las intervenciones presidenciales del 21 y el 27 de septiembre no cuentan con respaldo presupuestal, y que la ministra Vesga aterriza el Plan a la realidad financiera, atendiendo a los 1.069.196 pacientes identificados que tienen medicamentos o procedimientos pendientes, reportados inicialmente para el Plan de Choque.

Agregó que el desbalance estructural se debe a “decisiones erradas sobre su financiamiento, alta ineficiencia y también un plan de beneficios que no logra cubrirse con el crecimiento año a año de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”. Se refirió a las “millonarias deudas entre EPS, hospitales y proveedores, dificultades financieras de las aseguradoras y problemas de contratación y flujo de recursos que afectan la atención”.

Precisamente, “las millonarias deudas de las EPS con los hospitales y proveedores” han sido denunciadas por los analistas del sistema, que las atribuyen a las desviaciones de los recursos públicos por parte de las aseguradoras y a la cooptación del Estado por el poder dominante que han ejercido desde 1993. Así lo han registrado la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Cortes del Poder Judicial, las organizaciones profesionales afectadas y la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio.

No obstante, la ministra Vesga enfatiza que 21,4 millones de colombianos están afiliados a “siete EPS intervenidas que afrontan una situación financiera muy crítica, que tuvieron en promedio 5 interventores, cada una a lo largo de tres años”. Añadió que más del 85 % de los medicamentos represados están a cargo de esas EPS. Previamente había enumerado los pacientes con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas y neurodegenerativas, diabetes insulinodependientes y VIH. A esas entidades les atribuye las tutelas, quejas y reclamos de sus afiliados que forzaron el Plan de Choque.

El caos del sector se agrava con las condenas de la Corte Suprema de Justicia (05/10/2026) contra Claudia Patricia Rojas y Luis Andrés Ruiz Martínez, dos exfuncionarios del Ministerio de Protección Social involucrados en el denominado cartel de los recobros en salud, cuya captura inmediata ordenó . Ambos fueron encontrados responsables de participar en un esquema que permitió pagar solicitudes de las EPS que habían sido objetadas por los administradores de los recursos públicos. A cambio de esas gestiones, los involucrados se repartían comisiones sobre el dinero desembolsado.

Así las cosas, la opinión pública considera oportuno que la señora ministra puntualice qué EPS son las que señala en su denuncia y qué procedimientos adelantan ante las autoridades competentes, tanto el Ministerio a su cargo como la Superintendencia Nacional de Salud. Se requiere que se visibilicen la habilitación de las mismas, su estado patrimonial, su acopio a reservas técnicas e investigaciones previas que justificaron la intervención.

La ministra precisó que la intervención de las EPS en el último gobierno fue caótica y es la causa principal de la situación que se vive hoy. Agregó que la realidad fiscal encontrada el 7 de agosto es compleja y muy retadora.

En ese escenario descrito por la ministra Vesga, Iván Jaramillo, en Razón Pública, tituló “Cambio de Paradigma”. Contrastó que el gobierno Petro basó su estrategia en salud en prestar servicios per cápita más baratos y con mayor cobertura poblacional, esperando tener un gran impacto en la salud y en la política electoral, creando un “hueco” en la atención de los enfermos graves. La “Patria Milagro” busca cerrar ese hueco con el Plan de Choque centrado en atender más de un millón de pacientes graves, mediante servicios per cápita más costosos, responder a demandas urgentes para salvar vidas, fortalecer el prestigio del nuevo gobierno y estabilizar el sistema de salud.

Jaramillo documentó que la prioridad del gobierno Petro fue la prevención, la predicción y la promoción, para evitar enfermedades y detectar oportunamente los riesgos. Se reforzó la atención primaria extramural. Reportó 10.983 equipos básicos y 1.006 equipos de especialistas, con cobertura a 10,9 millones de familias. Ese ensayo le costó al Estado COP 6,87 billones. No hay evidencia de que se hayan disminuido los costos generales del sistema. Jaramillo refiere que, según el DANE, tampoco muestran una mejora sostenida: las muertes bajaron de 287.000 en 2022 a 268.000 en 2023, pero volvieron a subir a 283.378 en 2025. Los 1.069.196 pacientes que tutelaron y reclamaron por medicamentos y procedimientos represados representan el déficit heredado del gobierno Petro, con los costos en vidas y en la atención de los enfermos.

Los indicadores del modelo de los equipos básicos implementados en el gobierno pasado, costo/beneficio, no mejoraron significativamente la salud poblacional, pero su implementación sí indujo un entramado de corrupción que históricamente supera a gobiernos anteriores dentro del sistema de la Ley 100. El eje referente de los dineros desviados por los funcionarios de la UNGRD, que salpicaron a ministros y congresistas, desacreditó la viabilidad de las reformas sociales, incluida la de la salud. Los nombramientos en posiciones estratégicas del sector no fueron técnicos, sino políticos con cometidos electorales, en la Superintendencia de Salud y en la intervención de la Nueva EPS, ocupadas por exalcaldes cuestionados judicialmente.

Como respuesta a esta dramática coyuntura, la ministra Vesga anunció la resolución que establece los términos para el otorgamiento, por una sola vez, de créditos directos a las EPS, destinados al pago de las facturas correspondientes a medicamentos y procedimientos en salud pendientes de entrega o prestación con corte al 20 de septiembre. Ese es un mecanismo extraordinario, que tiene fundamento en la Ley 1753 de 2015, que crea la Adres, y el Decreto 780 de 2016, que contempló dentro de las operaciones susceptibles de realizarse con cargo a los recursos de la subcuenta de garantías para la salud, el otorgamiento de préstamos a las EPS orientados a fortalecer su liquidez y garantizar la protección del acceso al derecho fundamental a la salud. Aclaró que este crédito no paga prestaciones viejas ni anticipa futuras. El crédito viene acompañado de un convenio de desempeño a través del cual se realiza un seguimiento estricto sobre los pendientes actuales y la no repetición.

Esta aclaración de la ministra implica que el crédito de la Adres a las EPS que originaron el represamiento de medicamentos y procedimientos de los 1.069.196 pacientes (objeto del Plan de Choque) tenía órdenes médicas, facturas para los prestadores y posiblemente ya la Adres había generado los pagos de la UPC correspondientes a los servicios que finalmente no se prestaron. De otra manera, dichos pacientes no hubieran acudido a las tutelas y a las reclamaciones por la violación a su derecho fundamental a la salud.

Finalmente, la ministra requiere de todos los actores del sistema, de los analistas, de los medios y de las entidades oficiales, el entendimiento de la emergencia sanitaria, cuyas causas son tan antiguas como lo es la Ley 100 de 1993.