8 May 2020 - 5:00 a. m.

COVID-19: Política y coronavirus (III)

En mi columna inicial —con este título– señalaba que en Colombia la desigualdad social, el ineficiente sistema de salud, la acumulación de capital por pocos, el consumismo, la debilidad política del Estado y la desidia de gobiernos para solucionar problemas dificultaban controlar la pandemia. En mi segunda columna recordaba que el capitalismo había llegado al país en el siglo XX, provocando crecimientos de población y ciudades, en medio de enriquecimientos, consumismo y corrupción. Políticas improvisadas impidieron fortalecer el Estado e indujeron violencias. Planteaba que superada la pandemia era posible iniciar el fortalecimiento del Estado, con más democracia. Así, se superarían otros problemas como marginalidad social y corrupción, pero habría que aumentar impuestos al gran capital y controlar los bancos.

En medio de tantos problemas, el Gobierno nacional ha expedido una lluvia de decretos sin que el Congreso tenga capacidad de evaluarlos. El gusto del presidente por hablar se centró en dar órdenes de acciones a nivel nacional, sin sopesar la diversidad regional. Ahora, a trompicones y por delegación presidencial, alcaldes y gobernadores comienzan a adecuar tales acciones, luego de ajustes propuestos por la Alcaldía de Bogotá. Esta barahúnda ha servido para “olvidar” la “ñeñepolítica”, que enloda a presidente y “presidente eterno”. Aunque hay funcionarios de alto nivel competentes, sobresalen ineptos y antidemocráticos. Basta citar al minhacienda y su favorecimiento a bancos y ricachones, a costa de poblaciones sin recursos y agonía de pequeñas y medianas empresas.

Con escasos presupuestos, el descaro de la corrupción se vio en contratos de entes públicos para apoyar a miles de familias en la miseria, mediante acuerdos con sobreprecios de alimentos. Y en la enrevesada Bogotá, la voluntad y organización de la Alcaldía fueron insuficientes para auxiliar a familias muy dispersas. El caso de Ciudad Bolívar es emblemático: localidad inmensa, con mayorías disgregadas, sin recursos y en confinamiento.

Ahora, cuando más se requiere, el Gobierno nacional, al igual que los anteriores, ignora al campesinado abandonado en regiones apartadas, sin autoridades y con dificultades para comercializar cosechas de alimentos. Tal olvido se suma a la incapacidad de la Fuerza Pública –segunda más grande de Latinoamérica– frente a bandas criminales, disidencias guerrilleras, minería ilegal y cultivos ilícitos, además del asesinato de líderes sociales y desmovilizados de la guerrilla. Y, para completar, han aumentado los palos en la rueda del Gobierno a la implementación de los acuerdos con las Farc, disimulados por el caos provocado por la pandemia. Y, como si fueran pocos los contagiados y fallecidos, el eterno sobrecupo en las cárceles sumado a indecisiones del Gobierno, criterios equivocados del fiscal y órdenes erradas del Inpec causaron la multiplicación de contagios y muertes en tales dependencias: “decreto invisible de pena de muerte”.

Por todo lo anterior, hay que aprovechar los aciertos electorales con nuevos alcaldes de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali –entre otras–, y gobernadores de departamentos, para imprimir conciencia pública en la necesidad de acabar con exenciones de impuestos y elevarlos a grandes capitales y salarios altos, así como al remedo impositivo de latifundios improductivos. También, eliminar la mayoría de escoltas y carros oficiales de funcionarios. Y, además, ocupar regiones abandonadas con entidades oficiales empoderadas, reducir las Fuerzas Militares, desmilitarizar la Policía Nacional y separarla de su dependencia de ministros de Defensa ignorantes en la materia, para ubicarla en el Ministerio del Interior. Esto, y mucho más, para fortalecer la democracia a partir de los comicios de 2022.

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