La deuda de la JEP

Apoyé la creación de la JEP teniendo en cuenta las posibilidades y los límites de la justicia transicional. Sudáfrica esclareció atrocidades, pero dejó deudas de reparación y responsabilidad penal. Argentina debió superar leyes de impunidad para retomar los juicios por los crímenes de la dictadura. Colombia podía aprender de esas experiencias. Un tratamiento penal excepcional exige que los derechos de las víctimas determinen las prioridades y los recursos y se traduzcan en verdad, responsabilidad y reparación efectivas.

La JEP ha esclarecido crímenes, obtenido reconocimientos de responsabilidad y contribuido a la entrega de cuerpos a familias de desaparecidos. También ha definido situaciones jurídicas mediante amnistías y renuncias a la persecución penal. Sin embargo, sus dos primeras sentencias restaurativas llegaron en septiembre de 2025, contra siete antiguos integrantes del Secretariado de las FARC y 12 exmilitares. Las decisiones que no imponen sanciones restaurativas cumplen otra función y no saldan la deuda de juzgar y sancionar oportunamente a los máximos responsables de los crímenes más graves.

Los cuestionamientos de la senadora María Clara Posada sobre arrendamientos, viajes y convenios requieren respuestas documentadas. Defender el presupuesto exige justificar la necesidad, los costos y la ejecución de esos gastos y demostrar cómo contribuyen al cumplimiento del mandato de la jurisdicción. Si se confirman excesos, la JEP debe corregirlos y aceptar con humildad los recortes debidamente justificados. Los derechos de las víctimas obligan a preservar los recursos necesarios para concluir los procesos y ejecutar las sanciones y a exigir rigor en su administración.

Lo más grave de la respuesta institucional ha sido la falta de autocrítica de Alejandro Ramelli. La independencia judicial es compatible con el escrutinio administrativo. Defender la autonomía exige también explicar las demoras y el uso de los recursos. En diciembre de 2025 reconoció que pudieron ser más ágiles. Esa admisión exige precisar qué retrasos podían evitarse y qué medidas ha adoptado para corregirlos. La crítica fundada merece respuestas, incluso cuando proviene de quienes rechazan el modelo.

El plebiscito de 2016 sobre el primer Acuerdo de Paz, en el que ganó el No por un margen mínimo, mostró la división entre los votantes. Ese antecedente exigía construir confianza mediante resultados y explicaciones y asumir el desacuerdo como parte de la relación con la sociedad.

En el Panel de Opinión 2026 de Cifras y Conceptos, la JEP obtuvo 59 sobre 100, frente a 77 de la Corte Constitucional y 75 de la Corte Suprema. El sondeo entre líderes participantes carece de representatividad nacional y precede a la controversia presupuestal. Esa distancia exige atención.

El Estado debe cumplir lo pactado y garantizar el plazo previsto hasta 2033 para concluir la actividad jurisdiccional. Santos lo reafirmó al pedir financiación hasta ese año. Acortarlo pondría en riesgo procesos y compromisos adquiridos. No respaldo una extensión adicional, aunque la normativa permita solicitarla. La JEP debe presentar un plan verificable para cumplir dentro del plazo establecido.

La experiencia colombiana debe servir a otros países para aprender de los avances de la justicia transicional y de los errores que comprometen su cumplimiento. La oportunidad histórica exigía una institución en la que las víctimas pudieran confiar. Una jurisdicción llamada a contribuir a la reconciliación después de un conflicto tan brutal debe responder a las críticas con rigor y autocrítica. El tiempo restante debe medirse por los derechos satisfechos y las deudas resueltas. Las víctimas ya pagaron el costo de la guerra. Es inaceptable que deban pagar también el fracaso de gestión de quienes prometieron hacerles justicia.