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La deuda de la JEP

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La lentitud de la JEP constituye un fracaso de gestión que compromete la promesa hecha a las víctimas. Que Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle hayan reclamado mayor celeridad después de ocho años muestra la gravedad de esa deuda: participaron en la construcción del modelo que hoy cuestionan por sus demoras. Santos reconoció que quienes critican su lentitud “tienen bastante razón”; De la Calle recordó que se diseñó una justicia mucho más rápida. La JEP debe responder por esa deuda.

Apoyé la creación de la JEP teniendo en cuenta las posibilidades y los límites de la justicia transicional. Sudáfrica esclareció atrocidades, pero dejó deudas de reparación y responsabilidad penal. Argentina debió superar leyes de impunidad para retomar los juicios por los crímenes de la dictadura. Colombia podía aprender de esas experiencias. Un tratamiento penal excepcional exige que los derechos de las víctimas determinen las prioridades y los recursos y se traduzcan en verdad, responsabilidad y reparación efectivas.

La JEP ha esclarecido crímenes, obtenido reconocimientos de responsabilidad y contribuido a la entrega de cuerpos a familias de desaparecidos. También ha definido situaciones jurídicas mediante amnistías y renuncias a la persecución penal. Sin embargo, sus dos primeras sentencias restaurativas llegaron en septiembre de 2025, contra siete antiguos integrantes del Secretariado de las FARC y 12 exmilitares. Las decisiones que no imponen sanciones restaurativas cumplen otra función y no saldan la deuda de juzgar y sancionar oportunamente a los máximos responsables de los crímenes más graves.

Los cuestionamientos de la senadora María Clara Posada sobre arrendamientos, viajes y convenios requieren respuestas documentadas. Defender el presupuesto exige justificar la necesidad, los costos y la ejecución de esos gastos y demostrar cómo contribuyen al cumplimiento del mandato de la jurisdicción. Si se confirman excesos, la JEP debe corregirlos y aceptar con humildad los recortes debidamente justificados. Los derechos de las víctimas obligan a preservar los recursos necesarios para concluir los procesos y ejecutar las sanciones y a exigir rigor en su administración.

Lo más grave de la respuesta institucional ha sido la falta de autocrítica de Alejandro Ramelli. La independencia judicial es compatible con el escrutinio administrativo. Defender la autonomía exige también explicar las demoras y el uso de los recursos. En diciembre de 2025 reconoció que pudieron ser más ágiles. Esa admisión exige precisar qué retrasos podían evitarse y qué medidas ha adoptado para corregirlos. La crítica fundada merece respuestas, incluso cuando proviene de quienes rechazan el modelo.

El plebiscito de 2016 sobre el primer Acuerdo de Paz, en el que ganó el No por un margen mínimo, mostró la división entre los votantes. Ese antecedente exigía construir confianza mediante resultados y explicaciones y asumir el desacuerdo como parte de la relación con la sociedad.

En el Panel de Opinión 2026 de Cifras y Conceptos, la JEP obtuvo 59 sobre 100, frente a 77 de la Corte Constitucional y 75 de la Corte Suprema. El sondeo entre líderes participantes carece de representatividad nacional y precede a la controversia presupuestal. Esa distancia exige atención.

El Estado debe cumplir lo pactado y garantizar el plazo previsto hasta 2033 para concluir la actividad jurisdiccional. Santos lo reafirmó al pedir financiación hasta ese año. Acortarlo pondría en riesgo procesos y compromisos adquiridos. No respaldo una extensión adicional, aunque la normativa permita solicitarla. La JEP debe presentar un plan verificable para cumplir dentro del plazo establecido.

La experiencia colombiana debe servir a otros países para aprender de los avances de la justicia transicional y de los errores que comprometen su cumplimiento. La oportunidad histórica exigía una institución en la que las víctimas pudieran confiar. Una jurisdicción llamada a contribuir a la reconciliación después de un conflicto tan brutal debe responder a las críticas con rigor y autocrítica. El tiempo restante debe medirse por los derechos satisfechos y las deudas resueltas. Las víctimas ya pagaron el costo de la guerra. Es inaceptable que deban pagar también el fracaso de gestión de quienes prometieron hacerles justicia.

Gabriela Alonso Jaramillo

Por Gabriela Alonso Jaramillo

Estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos y de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Máster en Comunicación Política del Centro Europeo de Postgrados. Creadora de contenido, reconocida por Cifras & Conceptos como líder nativa digital y ganadora del Youth Leadership Award de los Napolitan Victory Awards.
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Comentarios
  • eudoro(79178)•07 de octubre de 2026 – 09:40
    De acuerdo Gabriela con su análisis.
  • Brayan Tibocha(jbw8b)•05 de octubre de 2026 – 13:05
    JEP: morrocoy coja para las farc, ágil y veloz gacela contra los militares, cero resultados con las víctimas de la cruel y genocida farc.
  • Ernesto Pavel(38649)•05 de octubre de 2026 – 12:45
    Apoyo total a la JEP, ¿o es que usted cree que en la justicia ordinaria se iba a saber todo lo que se sabe ahora gracias a esa jurisdicción? No le veo la misma diligencia para exigirle resultados e inversión a la justicia ordinaria o a Justicia y Paz, ahí sí silencio total.
  • Noticioso(6975)•05 de octubre de 2026 – 11:58
    La JEP ha dilapidado su prestigio, porque en lugar de emitir fallos contundentes y expeditos, que fue lo pactado, se convirtió en el chiringuito de profesores de Derecho uniandinos, que tras ser ignorados toda su vida como académicos, ahora ebrios del prestigio de llamarse "magistrados", quieren jubilarse ahí y por eso demorarán otros 20 años sus fallos; como si se necesitaran genios del Derecho para probar judicialmente que las FARC reclutaban menores, mataban gente y secuestraban.
  • Atenas(06773)•05 de octubre de 2026 – 11:26
    Nooo, Gabriela, ese monstruo de una cabeza y cabello en forma de múltiples serpientes, o Medusa, q’ resultó ser el espurio tribunal de la JEP requiere pa su eliminación a un Perseo al estilo de ADLE q’ no está vacilando en ponernle orden al brutal caos q’ legó el asqueroso ojisapo. Es una millonada lo q’ ahí se ha perdido y no tendría sentido dejarla con más vida: y tal como pasó al final con la Medusa hay q’ cortarle la cabeza. Atenas
  • Maria Eugenia(56068)•05 de octubre de 2026 – 08:44
    No solo la JEP,sino todos los organismos de justicia deben rendir cuentas y mostrar resultados.
  • Alejandro(83663)•05 de octubre de 2026 – 07:36
    Aunque los reclamos son válidos, ¿Por qué ahora? Hace seis meses él tono era otro, ahora a linchamiento
  • gloria ines(68162)•05 de octubre de 2026 – 07:16
    A la justicia ordinaria no le exigen tanto a la JEP, los que antes les parecia una justicia que estaba cumpliendo para lo que estaba hecha, hoy tienen reparo con ella, será otro de los tantos milagros de la patria milagro? Cada uno desde su orilla disparandole para que muera, por inanicion o cualquier otro motivo., acabarla es la idea, porque le tienen tanto miedo?
  • Celyceron(11609)•05 de octubre de 2026 – 06:52
    Su columna parece una colcha de retazos. Todavía le falta afinar la escritura de textos de opinión. ¿Realmente cree que nos importa si usted está de acuerdo con que la JEP siga cumpliendo la labor para la que fue diseñada? Nos importa mucho saber cuales son los argumentos -válidos- para financiarla como ordena la ley.
  • Mauricio(05056)•05 de octubre de 2026 – 03:06
    Tan curiosa precisamente en este gobierno les entró el afán de acabarla y está demostrado hasta la sociedad que a favorecido más a los militares
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