Mejor que esperar un “milagro”

Para sintetizar el contexto: la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana en los últimos 25 años llegó apenas al 3,5 % —y con ayuda de los periodos de boom en los precios de las materias primas—. La inversión como porcentaje del PIB cayó del 21 % en prepandemia a 16 % en 2025. El crecimiento actual está más impulsado por el gasto público y el consumo que por la inversión, y más por un comercio de baja productividad que por sectores industriales y de servicios que incorporan alta tecnología. Los resultados son alta informalidad, salarios bajos y, pensando en las finanzas públicas, limitada capacidad para generar los ingresos necesarios que sostienen el Estado social de derecho.

Aunque la tarea requiere políticas de desarrollo productivo de largo aliento, el gobierno puede arrancar con cuatro principios, evitando, de paso, repetir errores del gobierno anterior.

El primero es la coordinación y comunicación con los grupos económicos, con respeto a la dirigencia gremial. No puede tomar vuelo la idea que se empieza a escuchar de que, aunque todos son iguales, “hay unos más iguales que otros”.

Segundo, un Plan Nacional de Desarrollo y leyes sectoriales que ofrezcan estabilidad jurídica para atraer inversión de largo plazo. Por ejemplo, el sector minero-energético puede ser la fuente de nuevos recursos de inversión y regalías. Esa estabilidad es además una de las condiciones para que el sector empresarial pueda abrirse a los mercados internacionales de capital. El Plan debería incluir también el fortalecimiento de la Banca de Desarrollo como vehículo de articulación público-privada.

Tercero, como me dijo recientemente un exministro: que los ministerios prioricen sus fuerzas en lograr eficiencias en lugar de presionar a Hacienda por más presupuesto. Solo en Salud, a manera de ejemplo por su estado crítico, hay que detener la filtración de recursos hacia entidades públicas y privadas sin auditorías y evaluaciones de desempeño rigurosas. La atención eficiente a los enfermos de riesgo vital, anunciada por la ministra Vesga, parece ser un comienzo positivo. Que la optimización de recursos sea la base de las evaluaciones de gestión. En todo caso, más eficiencias, más posibilidades de capitalización.

Y cuarto: un ajuste fiscal que evite los altos costos de financiamiento de la deuda pública. Hay que tomar en serio que en ausencia de un plan de recorte de gasto convincente para el 2027 la inversión privada seguirá obstaculizada. Para atraer y generar inversión el Gobierno tiene que dejar de competir con el sector privado. Mientras el gobierno se financie con deuda pública que paga altas rentabilidades, los inversionistas no inyectarán —por menos— sus recursos en el sector productivo. Más difícil aun cuando las tasas de la deuda pública a nivel global están aumentando.

Mejor activar pronto un plan de expansión de la inversión privada con ajuste fiscal. No vaya a ser que quedemos a la espera de un “milagro”.

* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.

@G_HernandezJi