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El Comité contra la Desaparición Forzada lamentó la semana pasada que, a pesar del Acuerdo de Paz, siga prevaleciendo la desaparición forzada en diversas partes del país (párr. 3), sin que hasta la fecha se haya adoptado una política integral para prevenirla (párr. 14). Esta es la segunda vez que el Comité examina el cumplimiento de Colombia con las obligaciones derivadas de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. La primera fue en 2016 y entonces también se indicó que se reportaban “aún numerosos casos de desapariciones forzadas en distintas partes del país”.
Una de las preocupaciones del Comité es la ausencia de datos fiables sobre el número de personas desaparecidas (párr. 16). Por ello, reiteró en esta ocasión la recomendación de “concluir sin demora el proceso de depuración del Registro Nacional de Desaparecidos”, para identificar “las causas y dinámicas de las desapariciones forzadas y los patrones de conducta, como base para adoptar medidas de prevención, investigación y búsqueda más eficaces” (párr. 17). Se necesitan estadísticas veraces para diseñar una política integral que ponga fin a la desaparición forzada.
En vez de ello, las autoridades continúan enredando la información sobre esta grave violación de derechos humanos. La misma semana pasada, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, dijo que “hablan de más de 500 desaparecidos en las protestas, pero la mesa interinstitucional de información de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo reportó el lunes que no existía una sola denuncia formal por el delito de desaparición. De los reportes informales se ha localizado a 227 personas”. Respuesta similar dio el Gobierno en Bogotá al Comité de Paro, que le pidió que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas activara un mecanismo para buscar a personas desaparecidas en las protestas. Según el Gobierno, ese mecanismo no es necesario, porque de 395 personas reportadas como desaparecidas ya han aparecido 261. Es decir, para las autoridades no es grave que se desconozca el paradero de 134 personas, porque solo existe una denuncia formal por el delito de desaparición, que ya está siendo investigada por un fiscal.
Todo lo contrario recomienda el Comité contra la Desaparición Forzada que, además, urge al Estado a “garantizar que los casos de desaparición forzada, sin excepción, se investiguen de oficio, de manera rápida, exhaustiva, imparcial, independiente y con enfoque diferencial” (párr. 19a). De oficio quiere decir sin necesidad de denuncia formal.
El Comité recomienda también garantizar que todas las autoridades que participan en la investigación, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, tengan acceso a toda la documentación que pudiera estar en poder de órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad (párr. 19d). Ya se había recomendado algo parecido en 2016, pero está lejos de cumplirse.
El Comité, asimismo, “alienta enérgicamente al Estado a reconocer su competencia” para conocer de denuncias individuales (párr. 13). Con idéntica energía lo alentó en 2016. ¿Quedan esperanzas de que no haya más personas desaparecidas forzadamente en Colombia?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).