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No dudo en afirmar que la pandemia del coronavirus va a incidir en los resultados electorales de Colombia en 2022 por las vías del desempleo y de la pobreza, que están afectado a los sectores más sensibles de nuestra población. El COVID-19 sí está ayudando a izquierdizar el país, como lo sugieren las encuestas encabezadas por Gustavo Petro.
Pero la izquierdización no se debe solo a la pandemia. Se debe, además, al resultado acumulativo de factores que nos están ocasionando un retroceso en las condiciones de vida. Hay ejemplos como la globalización; el mar de coca; el no al glifosato; la carencia de Justicia; el cambio climático; Fecode…
La globalización, con su libre comercio y sus competencias desleales, han debilitado la industria y la agricultura de los países en desarrollo, fomentando el desempleo y la pobreza, abonando tendencia de la población joven para votar por las izquierdas radicales.
Los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea emergen como los promotores y los defensores de una globalización concebida por ellos para exportar sus bienes y servicios hasta apoderarse de los mercados de otros países.
Pero estos promotores no parecen estar dándose cuenta de que los países pobres de Latinoamérica, por culpa de los “socialismos progresistas” que terminan creando la “igualdad en la miseria”, les cierran sus mercados a los promotores aludidos, forzados por su falta de dinero para comprar en el exterior. Ejemplos: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Perú, Colombia, Argentina…
Entre los países en desarrollo se evidencia el fracaso de la globalización, porque por fina ironía se ha convertido esta en la “libertad para importar, no para comerciar”. Las grandes migraciones de centroamericanos, africanos y asiáticos hacia los países citados también corroboran este fracaso. El brexit en Reino Unido evidencia el fracaso en los países ricos.
Si los gobiernos aludidos comprendieran los efectos electorales adversos de su globalización, comenzarían por suspender sus subsidios; a saber: 1) Subsidios directos entre el 10% y el 30% para sus exportaciones; 2) Menores tasas de tributación para sus exportadores; 3) Seguros oficiales por reducción de los ingresos de los exportadores por caída en su producción, por ejemplo, causados por el cambio climático; 4) Menores impuestos prediales por conservación del suelo y para mejorar las dotaciones de las fincas; 5) Menores precios de la electricidad y de la gasolina para fines agrícolas; y 6) Subsidios para realizar investigaciones, estudios y para hallar mercados potenciales para el sector agropecuario.
Pero un paso todavía más trascendental radicaría en que los países opten por “el comercio administrado”. Implica este comercio que se pongan de acuerdo los gobiernos en cuáles serán los bienes y servicios objeto de su intercambio, así como sus cantidades, sus calidades y sus precios. Más aún, acordarían quiénes serán los árbitros para zanjar las diferencias. Nada de acudir más a la sesgada Organización Mundial del Comercio.
