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En Colombia no gobiernan hoy quienes ganan las elecciones en franca lid, sino los leguleyos de izquierda radical. Las pruebas se repiten a diario, algunos ejemplos: vetaron los computadores de Raúl Reyes porque los incautaron fuera del país; prohíben las aspersiones aéreas de los cultivos de coca con glifosato; prohíben la extracción de petróleo por medio del fracking, liberaron al criminal alias “Santrich”; ignoraron el NO a la paz de Santos del plebiscito; encarcelaron al expresidente Uribe y exoneraron a Iván Cepeda… ¿Cómo ha sido posible llegar a este grado de deterioro de nuestra justicia y de nuestra democracia?
El tema de la incompetencia del poder Judicial en Colombia tiene gran importancia como lo demuestran las numerosas reformas fracasadas durante los últimos 20 años. La capacidad del poder Judicial para impedir que lo reformen tampoco puede ignorarse. Esta trascendencia en la vida nacional está avivada por factores como el narcotráfico, la violencia, la corrupción y la impunidad de las Farc a cargo de la JEP.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y tratadista, Javier Tamayo Jaramillo, afirmó: “He insistido desde 1994 en la dictadura neo marxista del derecho de los jueces en su lucha contra las otras ramas del poder y la consecuente lucha de clases. Camuflado en el lenguaje del espíritu democrático y humanista de la mayoría de nuestros jueces y funcionarios…han ido penetrando el espectro del poder hasta dominarlo, para retorcerle el cuello a la Constitución y al principio de legalidad…El nuevo derecho o derecho de los jueces, con sus precedentes obligatorios, acabó con la Constitución, con el principio de legalidad y la seguridad jurídica.”
Y concluye Tamayo Jaramillo: “Las altas cortes mantienen aniquilados a los legisladores y a los gobernantes. Unos y otros se arrodillan de miedo o por interés ante las veleidades de algunos jueces. Y los intelectuales orgánicos al servicio del Gobierno, deciden según los dictados de su ideología extremista…Ya hablan sin metáforas ni eufemismos para anunciar la estocada final que nos espera en 2022”.
Andrés Espinosa Fenwarth nos explicó a finales del año pasado en uno de sus excelentes artículos que el gobierno del presidente Duque empeoró más la crisis al establecer por medio del decreto número 1983 que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional como el Congreso, los ministerios, el DNP, las Fuerzas Armadas, el Banco de la República y las superintendencias, serán del resorte jurisdiccional de los jueces de circuito. Anteriormente, el reparto de las mencionadas tutelas era del conocimiento exclusivo de los tribunales departamentales por definición, de jerarquía superior”.
El exministro Luis Felipe Henao prendió las alarmas en una columna de opinión publicada por el diario El Tiempo, el 21 de diciembre pasado. “Esta providencia gubernamental generará que ahora casi todos los jueces de la República puedan modificar las políticas públicas nacionales desde sus despachos…en adelante las actuaciones que realice el Congreso podrán ser tumbadas por casi cualquier juez, afectándose la seguridad jurídica de la propia democracia, pues una sola persona podrá cambiar lo decidido por todos los colombianos”.
