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La ley de sometimiento que el gobierno propuso esta semana es inútil porque Colombia ya tiene mecanismos para ese sometimiento, y porque los delincuentes no se entregan mientras puedan seguir haciendo sus negocios.
En los países donde la justicia funciona no se necesitan leyes especiales para convencer a las mafias de abandonar sus negocios. La Fiscalía negocia con personas que ya han sido detenidas una reducción de penas a cambio de admitir su culpabilidad o denunciar a sus cómplices; es el “plea bargaining” de Estados Unidos, que en Colombia establecen los artículos 348 a 353 de la Ley 906 de 2004.
Los delincuentes negocian cuando temen una condena, no cuando el Gobierno les pide que abandonen sus negocios. Petro no entendió esta realidad; creyó que estaba negociando con guerrilleros interesados en reformas sociales, cuando lo hacía con organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. La Paz total fracasó porque sus interlocutores no querían hacer la paz.
De la Espriella los considera delincuentes y, sin embargo, insiste en el sometimiento voluntario a la justicia. Hace lo mismo que Petro, o sea que, en efecto, no confía en lo que dijo y repite cada rato: “No vine a transigir con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República” (alocución televisada del pasado 2 de septiembre).
Y aquí aparece la distancia entre las palabras del presidente y los resultados de su gobierno.
Entre el 7 de agosto y el 19 de septiembre, el Ministerio de Defensa registró 94.868 kilos de drogas incautadas, un 45 % menos que el promedio del mismo período durante los cuatro años anteriores. Las armas decomisadas en agosto estuvieron un 11,6 % por debajo del promedio de los cinco años recientes. De la Espriella celebra sus capturas, pero entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre apenas superaron en un 4,4 % el promedio de los tres años anteriores; fueron la quinta cifra más baja en 16 años y el 87 % correspondió a capturas en flagrancia, principalmente por delitos comunes.
Santa Marta mostró la diferencia entre una operación policial y la derrota de una organización criminal. El 21 de septiembre, después de meses de inteligencia que comenzaron bajo Petro, la Policía allanó una vivienda y mató a siete personas, entre ellas alias Cholo, segundo jefe de Los Pachenca. La familia de uno de los muertos denuncia que era un campesino inocente. Los Pachenca respondieron incendiando vehículos y paralizando durante tres días una ciudad de 600.000 habitantes, con el 95 % del comercio cerrado. De la Espriella envió refuerzos, anunció capturas y apareció vestido de policía, armado y dando órdenes ante las cámaras. El presidente llegó a exhibir una autoridad que Los Pachenca acababan de demostrar que no existía. Y el paro terminó cuando Los Pachenca decidieron levantarlo.
La eficacia de la Fuerza Pública no se mide por los pantallazos, el número de muertos o las capturas anunciadas, sino por los territorios que recupera, los negocios criminales que destruye y la seguridad que devuelve a los habitantes.
Faltan apenas 17 de los “90 días para capturar o dar de baja a los diez grandes cabecillas”, que ofreció durante su campaña y reiteró en su Programa de Gobierno. El presidente no necesita otra ley para negociar con los delincuentes; necesita cumplir su promesa de derrotarlos.
* Director de “Razón Pública”.
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Juan felipe(82042)•Hace 1 horaEse es un floriondo presidente. Pobre imbecil.
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Chamí(1anyy)•Hace 4 horasMuy buena columna. Información correcta y basada en cifras Mi agradecimiento.