ICANH desguazado

El Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia fue fundado el 29 de octubre de 1966. Junto con los exalumnos y colegas María Elvira Díaz Benítez, profesora asociada del Museo Nacional, Río de Janeiro, y Carlos Rosero, fundador del Proceso de Comunidades Negras, participé en el seminario que celebró esa efeméride. Infortunadamente, la opacaba el tarascazo que el Tigre le acababa de pegar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Como su director nombró a un abogado de su partido, Defensores de la patria; otros personajes del mismo oficio y afiliación política, pero absolutos ignorantes de la investigación etnográfica, historiográfica y arqueológica ejercerán la “máxima autoridad en el territorio nacional respecto del manejo del patrimonio arqueológico de la Nación”, además de asesorar y “orientar a las entidades del orden nacional, regional y local, en el diseño e implementación de planes y proyectos concernientes a la diversidad étnica y cultural del país, representada en comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, rom…” (Decreto 0993 de 2025). Tiene como antecedente las purgas laureanistas, y se trata de una decisión de Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda Giraldo, Milcíades Chaves, Segundo Bernal, y Juan Friede, entre otras figuras fundacionales de nuestro ejercicio profesional. No pertenecían al Partido Conservador y desde los años de 1940 se proponían introducir paradigmas de construcción nacional que no se basaran tan solo en la alegada superioridad de la raza blanca y de la tradición hispano-cristiana .

No obstante, ahora, la historia no se repite como comedia. De acuerdo con la tendencia que Alfredo Molano Jimeno ha identificado, a pasos agigantados, las instituciones del Estado pasan a ser de exclusivo dominio abelardista. Esa disposición convertirá al ICANH en cómplice e instrumento de la Directiva presidencial 06 de 2026 para relajar los peritajes altamente especializados que realiza la institución. Estas evaluaciones son realizadas por investigadores, mediante trabajo de campo etnográfico, examen de archivos históricos o excavaciones arqueológicas, y basados en largos años de experiencia, y sirven para apoyar las consultas previas, libres e informadas que solicitan los pueblos étnicos y campesinos del país por los daños culturales que puedan causar megaobras de infraestructura o la extracción industrializada de oro y minerales críticos. Este tipo de obra se contempla en los memorandos de entendimiento que el pasado 8 de septiembre firmaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller, Omar Bula.

Aplicada por un ICANH desguazado, la directiva mencionada destrabaría la construcción del ferrocarril que una el Caribe con el Pacífico. Objeto de preocupaciones tratadas en otras columnas, esa obra consistió en el eje del proyecto para reedificar el Chocó después del terremoto del 10 de agosto, según fueron testigos los diez multimillonarios que, el pasado 7 de septiembre, acompañaron al presidente De la Espriella en Quibdó. A esa innovación la anteceden el proyecto del canal Atrato-Truandó del expresidente Ernesto Samper y el tren de Urabá a Juradó que Gustavo Petro sometió a consideración de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, sin procesos anticipados de consulta previa, como los solicitados por la Asociación del Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato. Urge la implementación temprana de esos mecanismos de diálogo informado y consciente por la profundidad de las transformaciones ambientales, sociales y culturales que tendría una obra cuya dimensión se mide por magnitudes como la de los cientos de miles de millones de metros cúbicos de madera, tierra y rocas que tendrían que ser removidos, pero que hoy constituyen tanto los territorios ancestrales de los pueblos étnicos de la región, como las identidades que han moldeado a lo largo de los siglos.