Hubo un tiempo en que esta columna pudo titularse ¿Cómo hacemos para tumbar a Duque?: por los días posteriores al 28 de abril que comenzó lo que se llamó paro nacional, pero en realidad fue una insurrección popular, solo que desorganizada.
Es tal el sentimiento de furia colectiva que subsiste por el pésimo manejo que le dio a la pandemia el subpresidente Iván Duque (cuando prefirió favorecer a los banqueros y empresarios en lugar de las clases medias y bajas) que, si desde un principio esa oleada espontánea de protesta se hubiese canalizado hacia el objetivo de tumbar a este gobierno miserable y criminal, lo habríamos logrado.
Hoy las condiciones no están dadas, pues ante la ausencia de soluciones sociales y sordos al diálogo, la salida que tejieron los que tras bambalinas halan los hilos del poder presidencial fue poner al país bajo “asistencia militar”, eufemismo para bota militar a diestra y siniestra. Sobre todo, siniestra.
La única manera de tumbar a Duque -por inepto, por insulso, por inútil, por poca cosa, por lo que sea- la tuvimos en las manos y la dilapidamos: matamos el tigre, o sea pusimos el país patas arriba, pero nos asustamos con el cuero. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que nos dolía y por qué salíamos a las calles a protestar, pero nos faltó el para qué. Si hubiéramos tenido claro que era para tumbar al mediocre correveidile de Álvaro Uribe, a ese personajillo al que los medios equivocadamente tratan como si fuera el presidente de la República en funciones, lo habríamos logrado. Reitero.
Hoy la tarea es más complicada, porque el gobernante títere (sí, títere de las fuerzas oscuras que se tomaron el poder por debajo de la mesa) muy obediente emitió un decreto presidencial que ordenó la militarización del país, algo a todas luces inconstitucional, pues contempla la acción armada del Ejército contra la ciudadanía y porque se les da a los manifestantes “tratamiento de combatientes”. Es lo que sostiene en entrevista con Cecilia Orozco el abogado Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, con estatus consultivo ante Naciones Unidas. (Ver entrevista).
Esta militarización del país, o sea el autogolpe de Estado del que hablé en columna anterior, es lo que hoy impide acabar de tumbar al que solo faltó darle un empujoncito para que se cayera. Pero no lo sabíamos.
Si nos ponemos a pensar en el para qué de este caos, fomentado en parte desde los organismos de seguridad y en parte desde el partido de gobierno (¿vieron la foto de María Fernanda Cabal con agentes del Esmad como si fueran sus perros de caza?), la respuesta nos llega de Duvalier Sánchez: “Tienen la intención de hacernos desesperar. Este tipo de acciones son premeditadas, buscan aumentar los odios entre colombianos, llevarnos con rabia a las elecciones de 2022”. (Ver video).
Coincido con Sánchez en que “el objetivo es dividirnos hasta el punto de impedir un cambio de gobierno. No están pensando en el país o en resolver el paro. Lo único que les importa es mantener el poder y evitar la justicia”.
Este último punto es crucial, el de evitar la justicia, pues cada día se hace más evidente que estamos ante una demoledora unión de fuerzas, unas legales (medios de comunicación y partidos comprados) y otras ilegales (paramilitares que disparan al lado de policías) conspirando desde el mismo poder para garantizarle la impunidad a perpetuidad al que está detrás de todos los hilos, el gran capo, el mismo que debió haber ordenado a Fiscalía y Policía no celebrar la captura de casi media tonelada de cocaína que aterrizó en Providencia y había salido de la sede de Antinarcóticos de la Policía en Guaymaral. (Ver denuncia de Gustavo Bolívar).
El meollo del intríngulis reside en que la gente que está con Uribe en su tercer período de gobierno llegó para quedarse. Sobre todo esas fuerzas oscuras que acuden a medidas de choque contra la población, de manera abierta y descarada en las calles, bajo la mirada cómplice del mismo Estado que debería impedir semejantes desafueros. (Ver artículo sobre paramilitarismo urbano).
El gobierno de Iván Duque -o sus jefes, vaya uno a saber- la está emprendiendo contra todo lo que huela a protesta. Es la bota militar como único instrumento para acallar (aplastar, sojuzgar) la creciente indignación, en un escenario de guerra donde el “enemigo” que enfrentan es el pueblo.
Por eso, como dice Duvalier Sánchez, “para derrotarlos debemos ser contundentes en el proyecto de país alrededor del cual nos vamos a unir. Tenemos que entender que las elecciones de 2022 son una inmensa oportunidad, la de darle otro rumbo a esta Colombia adolorida”.
Sánchez en su video evita señalar al candidato de sus preferencias, pero se sabe que aspiró a la Gobernación del Valle con los verdes, o sea que milita por los lados de la Coalición de la Esperanza. Hasta aquí muy bonito, pero hay un punto por él planteado que se debe enfatizar: “el objetivo es dividirnos, hasta el punto de impedir un cambio de gobierno”.
Un planteamiento similar lo expuso Gustavo Bolívar en el canal de María Jimena Duzán: “Si no nos unimos en primera vuelta, ganará el uribismo”. (Ver video). Entiendo dicha unión como un eventual acuerdo programático entre la izquierda de Gustavo Petro, el liberalismo de Humberto de la Calle y la amorfa centroderecha amalgamada en políticos como Sergio Fajardo, Ángela Robledo o Iván Marulanda.
La unión de todos los anteriores en un momento tan delicado como el actual, cuando las fuerzas de extrema derecha en el poder andan dedicadas a subvertir la libre transición democrática, daría como obvio resultado un triunfo arrollador en la primera vuelta, que haría innecesaria la segunda.
Conociendo la cercanía de Duvalier con Iván Marulanda, quien “se le abrió” a Sergio Fajardo y sacó candidatura propia, quizá pudiera servir como vaso comunicante entre unos y otros para hacer realidad algo en apariencia tan fácil, tan a la mano y tan definitivo, por contundente: ponerse de acuerdo para cambiar el país tras el triunfo arrollador de la izquierda, el liberalismo y la centroderecha, todos unidos en primera vuelta.
Este es, a ojo cerrado, el único modo de dejar atrás el nefasto régimen de Iván Duque y sus oscuros jefes.
Post Scriptum. En Girón, pueblo de Santander donde resido, “todos los contratistas están compelidos a hacer campaña a riesgo de perder su contrato, y están utilizando abusivamente a los beneficiarios de programas sociales como “adulto mayor”, “jóvenes en acción” y el Sisben para presionar su voto en favor de la señora Rodríguez”. Hablo de la elección atípica de nuevo alcalde y la cita es de Miguel Ángel Pedraza en columna para Vanguardia.