9 Nov 2018 - 5:00 a. m.

Impuestos y mentiras

Los países con mayores tasas de tributación tienen mayores posibilidades de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Esa es una realidad que nos cuesta aceptar en Colombia, donde pagar impuestos aún se ve como una extracción indebida del Estado.

Colombia es un Estado social de derecho y su funcionamiento cuesta, y el Estado se financia básicamente con los impuestos que cobra a sus ciudadanos, ese es el pacto básico que caracteriza a los Estados de bienestar europeos, donde un ciudadano contribuye, en promedio, con la mitad de sus ingresos a cambio de bienes públicos de calidad y servicios sociales a bajo costo o incluso gratuitos. En el fondo, pagar impuestos en un país como Suecia o Canadá es una forma de ahorro y de seguro social.

En Colombia necesitamos pagar más impuestos, el problema es cuánto y en qué proporción paga cada quien, pero también se necesita un Estado capaz de transformar esos impuestos en inversión pública transparente y eficaz. Que la gente vea sus impuestos, como se diría coloquialmente.

En el debate político lo que debería discutirse es eso, qué tipo de impuesto, cómo recaudarlo, a quién cobrárselo, si a las personas o a las empresas, y en qué proporción, cómo enfrentar a los evasores y cómo compensar a los más pobres para que también reciban los beneficios del pacto social al que aspiramos ser según el diseño constitucional.

Un candidato que dice que no sólo no subirá los impuestos sino que los reducirá, como lo hizo Iván Duque en campaña, hace mucho daño al debate democrático y a la cultura tributaria que necesita un país como Colombia. Al ciudadano le gusta oír que no le subirán los impuestos y más aún que se los bajarán. Ese es un discurso fácil de vender, pero terriblemente irresponsable.

Las cuentas nacionales son públicas y cualquiera podía establecer la necesidad de más recursos para el Estado, incluyendo los compromisos derivados del Acuerdo con las Farc. O Duque no vio esa información, o la omitió para engañar al elector. La inflexibilidad del gasto público en Colombia establece unos compromisos ineludibles y la caída de los precios del petróleo desde 2014 ha afectado las finanzas del Estado, de suerte que era irresponsable decir que se bajarían los impuestos porque no hay margen para ello.

Ahora el presidente Duque y especialmente su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentan una nueva reforma tributaria, llamada de manera eufemística ley de financiamiento, donde se propone disminuir en un punto el IVA, pero extenderlo a toda la canasta familiar, aumentar la base del impuesto de renta para personas naturales, reducirlo para las empresas y establecer un mecanismo de compensación para los hogares más pobres, reducir de manera gradual la renta presuntiva y otras medidas como la de gravar pensiones y la venta de vivienda usada. Fedesarrollo ha llamado la atención sobre el posible efecto inflacionario y recesivo de la reforma, y las dificultades de cumplimiento de la regla fiscal y la reducción del déficit estructural, preocupación que también ha dejado ver el gerente del Banco de la República.

El Gobierno no la tiene fácil para tramitar la reforma en el Congreso, la mayoría de sectores políticos se oponen a ella, incluyendo el partido de gobierno, el Centro Democrático, que ha hecho saber su rechazo al tema del IVA. La falta de liderazgo de Duque empieza a sentirse, y si bien Carrasquilla superó la moción de censura, sale debilitado para defender la reforma ante la opinión pública, pues no genera ni confianza ni credibilidad.

No toda vale a la hora de hacer campaña, decir mentiras no puede ser aceptado, así sea por un fin superior, pero en materia de impuestos es peor porque se pierde la credibilidad y termina afectando la viabilidad política de la propuesta.

@cuervoji

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