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8 Mar 2015 - 2:00 a. m.

Sí a superintendencia de educación

La garantía constitucional de la autonomía universitaria está ad portas de enfrentar uno de los debates más importantes desde su conceptualización a comienzos de los noventa.

El artículo 23 de la Ley 1740 de 2014 plantea que durante 2015 el Gobierno Nacional debe presentar al Congreso de la República el proyecto de ley para la creación de la superintendencia de educación. Este ente estará orientado a velar por el adecuado cumplimiento del derecho a la educación, la autonomía universitaria, así como por la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio.
 
La educación es un servicio público con una función social, que para el caso particular de Colombia cuenta con una amplia participación de agentes privados en la prestación del servicio. Este tipo de contextos de prestación de un servicio público con amplia delegación en actores privados es el más idóneo para la generación de esquemas regulatorios concretos, capaces de conciliar posibles intereses contrapuestos entre la iniciativa privada y los fines sociales intrínsecos a este servicio.
 
En Colombia, para el caso de la educación superior, el esquema regulatorio responde a un régimen liviano basado en la verificación de condiciones básicas de entrada al mercado (registros calificados), un esquema de incentivos a la calidad (sistema nacional de acreditación) y una estrategia de vigilancia y control basada en el concepto de autorregulación derivado de la garantía constitucional de la autonomía universitaria. En este escenario, la urgencia mediante la cual el Gobierno Nacional presentó la Ley 1740 es el reconocimiento explícito de las fallas en el esquema vigente y la necesidad de complementar la autorregulación con un sistema de vigilancia y control explícito y con fuerte capacidad sancionatoria.
 
La necesidad de mejorar significativamente tanto en cobertura como en calidad requiere de una clara definición de estándares de calidad. Precisamente, este escenario de competencia con calidad ha sido ampliamente estudiado en la literatura de la teoría de la regulación con un consenso generalizado de separación de funciones entre el diseño de la política pública y el diseño de un esquema de regulación y vigilancia, con el fin de evitar el conflicto regulatorio de juez-parte típico de situaciones en las que ambas funciones están en cabeza de una misma entidad, para este caso el Ministerio de Educación Nacional.
 
La creación de la superintendencia de educación no puede ser vista entonces como una intervención regulatoria que amenaza los conceptos ampliamente desarrollados en el país de autonomía universitaria y autorregulación de educación superior. Más allá de concebir una contraposición entre autorregulación y regulación, el país debería pensar la forma en que ambos conceptos coexistan con el fin de avanzar rápidamente en los desafíos de calidad de la educación superior colombiana. Es en este escenario en el cual se plantean importantes desafíos para el país, en cuanto a resolver la integración de los temas de cobertura y calidad asociados a un esquema de regulación y vigilancia que favorezca el bien público de la calidad y la articulación para ello entre el sistema de educación superior y el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
 
Primero, se requiere un Ministerio de Educación Nacional como ente rector de la política pública de educación superior con una visión integral de las interacciones dinámicas con la investigación científica y la innovación. Segundo, se hace necesaria una agencia encargada de definir los estándares de calidad que garantizan la inserción de las instituciones del sistema de educación superior en el entorno definido por el ministerio. Aquí se propone que este rol lo asuma la superintendencia de educación, junto con las funciones de verificación del cumplimiento de dichos estándares de idoneidad y pertinencia educativa por parte de las instituciones de educación superior. Finalmente, es indispensable el fortalecimiento del sistema de autorregulación que propenda por la rendición de cuentas a terceros no vinculados, adicional a los esquemas de gobernabilidad propios de la autonomía universitaria.
 
Quedarse en un ministerio como juez y parte alienta eventuales fenómenos de corrupción (como en el pasado), pauperiza el sistema de aseguramiento de calidad al quedar en terceros o cuartos niveles en el ministerio, politiza el aseguramiento de la calidad y dificulta la autonomía, especialización y tecnificación del rol. 
 
jrestrep@gmail.com / @jrestrp

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