Consejos territoriales y planeación participativa

La planeación participativa es un proceso en marcha y consolidación. Prueba de ello es la masiva y activa presencia en el Foro de Planeación Territorial Participativa de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, que se adelantó los días 26 y 27 de julio en la ciudad de Medellín.

En el Foro, y como parte de la declaración final, los ciudadanos llamaron la atención sobre la necesidad de una participación cada vez más activa de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) en la formulación, seguimiento y control social de los planes y programas para el desarrollo territorial, y su articulación con el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Se expresó preocupación por la proliferación de megaproyectos, proyectos hidroenergéticos, mineros y obras civiles que generan grandes impactos que transforman sus territorios y formas de vida.

Ciudadanos y CTP llamaron la atención a los gobernantes locales sobre el cumplimiento de la normatividad vigente referente a la planeación y el derecho ciudadano de participar en la elaboración y seguimientos de los planes de desarrollo. Señalaron deficiencias en los procesos gubernamentales de convocatoria y selección de los representantes de los diferentes sectores en los consejos nacional, regionales y municipales de planeación.

Se llamó la atención respecto a la importancia de la participación ciudadana en procesos de ordenamiento territorial que definen las opciones de uso del suelo, afectando el patrimonio cultural y ambiental en los territorios. En este contexto, las consultas populares se identificaron como un importante instrumento de participación ciudadana para definir las intervenciones sobre sus territorios. No es aceptable que, a la fecha, haya esquemas y planes que aun trabajan con procesos de ordenamiento territorial definidos por consultores externos del año 2002. Es necesario actualizar, con la activa participación comunitaria y de los CTP, el ordenamiento territorial, que debe tener como determinante la sostenibilidad del territorio, basada en la conservación de las fuentes hídricas. Esto exige la recuperación y conservación de la estructura ecológica principal —bordes de ríos y quebradas, humedales y nacimientos de agua— que, desde la función ecológica de la propiedad, contribuye al ordenamiento ambiental territorial.

En caso de adelantar, con el consentimiento ciudadano, proyectos mineros, petroleros e hidroenergéticos, es necesario que las comunidades locales participen de los beneficios generados por estas actividades y que, cuando ellas se opongan a estos proyectos, no reciban en respuesta amenazas y homicidios. El Foro rechazó enfáticamente el asesinato de líderes sociales.

En línea con la Contraloría (julio, 2018), que acaba de expresar su preocupación por la gestión de las CAR, la ciudadanía hizo un urgente llamado a las CAR y la ANLA para que reconozcan y acaten las decisiones tomadas por la ciudadanía en las consultas populares y Planes de Vida, y no concedan licencias ambientales que puedan afectar los corredores biológicos y las rondas hídricas que protegen la biodiversidad y dan sostenibilidad productiva a los territorios.

Finalmente, las comunidades reclamaron el apoyo a procesos de seguridad y soberanía alimentaria, a la agrobiodiversidad y a la producción campesina. Se hizo un llamado especial para el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la implementación de la reforma rural integral.

¡“Ninguna decisión sobre nuestros territorios sin nosotros” fue la consigna de cierre del Foro!