El Estado es más que Minambiente

Históricamente los ambientalistas y recientemente algunos políticos —que empiezan a entender que ganar el voto de los ambientalistas es clave— piden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) acciones que son parte de una gestión cierta de desarrollo sostenible, pero que requieren de la participación decidida y efectiva de otras entidades del Estado.

Importante y creciente la presión ciudadana y bienvenida la reacción de algunos congresistas que reclaman acciones contundentes para que el país tome la senda del desarrollo sostenible. El camino por recorrer aún es largo y pendenciero. La primera dificultad es que muchas de las acciones que reclaman al MADS lo enfrentan con otras entidades del Gobierno que lideran acciones en dirección opuesta. Si queremos avanzar en la senda de la sostenibilidad, el Estado debe actuar como sistema y definir metas para los diferentes sectores y entidades gubernamentales, acordes con el objetivo de sostenibilidad.

Al Sistema Nacional Ambiental (SINA), liderado por el MADS, solo se le asigna en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el 0,3% del total del presupuesto. Históricamente lo máximo que se le ha asignado es el 0,8 %; es decir, menos que el 1 %, lo que refleja su baja prioridad. Es tiempo de cambiar prioridades o cada día enfrentaremos mayores costos por el deterioro ambiental y estaremos más lejos del desarrollo sostenible.

Miremos caso por caso los reclamos hechos al Minambiente e identifiquemos responsables.

Deforestación: los principales gestores de la deforestación son las entidades que adelantan la titulación de tierras, el crédito al sector agropecuario, la construcción de vías y obras de infraestructura, la titulación minera y el sistema jurídico que no hace cumplir la normatividad ambiental. Si estas acciones no se coordinan, el SINA y el MADS son solo notarios y testigos del avance de la deforestación.

Uso del plástico: corresponde al Ministerio de Hacienda generar una política cierta de asignación de costos para que quien contamine pague por el alto costo que genera a la sociedad el actual uso del plástico. Al evadir este pago, es la sociedad la que asume el mayor costo por la comercialización de envases de un solo uso, como el que se ha impuesto por iniciativa de las empresas productoras y distribuidoras de aguas, gaseosas y cervezas. La sociedad está asumiendo el costo y así subsidia el uso de este tipo de envase. Suspender este subsidio ha llevado a erradicar su uso en diversos países, pues el costo de su circulación y los efectos de su disposición final son mucho mayores que el costo de producirlo, que es el que hoy paga el consumidor cuando demanda agua, cerveza y gaseosa en este tipo de envase. El precio del agua embotellada en envase de un solo uso debe multiplicarse por tres o cuatro, al incluir el alto costo que asume la sociedad cuando se desecha ese envase plástico. Si queremos agua embotellada, que sea en envase retornable de vidrio. Algo similar debe hacerse con la gaseosa y la cerveza.

Fracking: el Minambiente ha sido muy cuidadoso con este asunto y la recomendación del Grupo de Expertos muestra que las acciones y decisiones sobre hidrocarburos superan al Minambiente.

Glifosato: es una responsabilidad del Gobierno Nacional y todos, como parte del país, debemos oponernos a su uso.

Distribuyamos cargas y responsabilidades de manera más objetiva, asignando a cada cual lo suyo. Sin duda, hay que hacer cambios en muchos frentes, si pretendemos girar hacia la sostenibilidad.